La lucha por el gas en Piombino, el bastión rojo del centro de Italia que eligió a un alcalde de ultraderecha

“Abandonados”. Ugo Preziosi lo repite continuamente. “Abandonados. Desde 2014 nos han abandonados”, dice mientras extiende el brazo para indicar lo que queda de lo que fue el pulmón económico de su ciudad, Piombino: la inmensa acería que durante décadas ha hecho de este sitio el segundo polo siderúrgico de Italia.

Pero el alto horno paró hace ocho años y lo que era la coquería va camino de ser un monumento de arqueología industrial, corroído por el óxido. “Mira, allí se ve el amianto”, señala Preziosi, mostrando las coberturas deterioradas de las tuberías. Alrededor, silencio y desolación. Tras años de promesas incumplidas para relanzar la producción y planes de saneamiento nunca realizados, lo que fue una poderosa industria yace ahora abandonada. Así es como se han sentido los vecinos de esta ciudad de 35.000 habitantes en la costa de la región italiana de Toscana, que en 2019, tras 70 años de administración de la izquierda, eligió a un alcalde apoyado por una lista cívica pero con el carnet del partido de ultraderecha de Hermanos de Italia.

Es una parábola que Piombino comparte con otras ciudades, no solo italianas, heridas por el shock de una desindustrialización que llegó sin alternativas en marcha. Pero no es solo un caso más. Porque la historia de Piombino se ha cruzado con la crisis energética y es aquí donde se está librando una batalla política que ha convertido la ciudad en uno de los focos principales del debate ante las elecciones generales del 25 de septiembre. En abril el Gobierno de Mario Draghi, preocupado por acelerar la diversificación de las provisiones de gas y reducir la dependencia de Rusia, anunció que en el puerto de Piombino, el tercero de Italia por tráfico de pasajeros, se instalaría un buque-regasificador para garantizar una provisión de 5.000 millones de metros cubos de gas al año, que aportaría el 6,5 por ciento de la demanda nacional.

“Un proyecto impuesto sin consultar”

Se trata de una regasificadora flotante (FSRU, por su sigla en inglés), el Golan Tundra, un buque de 300 metros que atracaría en un muelle de la misma longitud en el interior del puerto. La sociedad encargada de realizar el proyecto, la Snam, participada por el 30 por ciento por el Estado, ya lo ha comprado por 330 millones de euros. A esta planta se uniría otra, en el mar Adriático, en Ravenna, a ocho kilómetros de la costa, para aumentar la capacidad de gas tratado en Italia, donde ya existen tres regasificadoras. Una, un metanero reconvertido en regaficadora, se encuentra en Livorno, unos 100 kilómetros al norte de Piombino. Pero allí la instalación se hizo offshore, a 22 kilómetros de la costa. Es la misma zona a la que llegaría el gasoducto entre España e Italia que el Gobierno español plantea como alternativa si Francia se sigue oponiendo al Midcat, que conectaría Cataluña al país galo.

La noticia sorprendió a los ciudadanos y a la administración, que no habían sido ni consultados ni avisados con antelación. A partir de entonces las dudas sobre el proyecto —Piombino sería la primera localidad italiana en tener una FSRU dentro la ciudad— se han convertido en oposición abierta, con una oleada de manifestaciones promovidas por comités de ciudadanos que han llegado a reunir unas 2.000 personas en pleno verano. “Nadie sabía nada aquí. Nadie nos consultó”, explica Preziosi, ahora uno de los más activos en las movilizaciones contra una decisión que los vecinos ven impuestas desde el alto y con un procedimiento de urgencia que elimina, según una comunicación enviada por el Gobierno a la Comisión Europea, la evaluación de impacto ambiental. La protesta ha sido apoyada por prácticamente todas las secciones locales de los principales partidos, en contra de la línea dictada por las direcciones nacionales. Una distancia entre centro y periferia, entre los palacios del poder central y la vida en los territorios que hace estos días de Piombino el espejo en el que un país entero se mira. Si el resultado de las elecciones habría que predecirlo aquí, ganaría la abstención, repiten muchos. Abstención como sinónimo de desconfianza, por las promesas incumplidas del pasado y por un presente que, para los ciudadanos, amenaza con arruinar lo que en los últimos años se ha empezado a construir para el futuro de la ciudad.

Abstención como protesta

“Yo realmente deseo que la abstención sea alta, para dar una señal”, dice Roberta Degani, mientras cruza la Plaza Bovio, una inmensa terraza frente al mar desde donde se divisa la isla de Elba, hacia donde los ferries que salen del puerto de Piombino. Degani es la presidente del Comité Salud Pública, uno de los grupos que lideran las manifestaciones contra el buque-regasificador pero que surgió hace años para protestar contra otra de las cicatrices no cauterizadas de este territorio: un enorme basurero a las puertas de la ciudad gestionado por una sociedad ahora en bancarrota. La batalla contra la ampliación del vertedero dio alas en 2019 a la candidatura del actual alcalde, Francesco Ferrari, un abogado de 42 años que ganó con más del 64% de los votos, marcando una victoria importante desde el punto de vista simbólico para el partido de Giorgia Meloni, que triunfaba en el corazón de la Toscana “roja”, en una ciudad que fue medalla de oro por la Resistencia y donde la toponimia es un homenaje constante a la historia republicana del país, tras la caída del fascismo y la Segunda Guerra Mundial.

Ferrari ha participado en las manifestaciones de protesta y ha comunicado oficialmente el rechazo del Ayuntamiento contra el proyecto. Pero el alcalde se ha encontrado esta semana con que su partido —y por boca de la misma Meloni, preocupada por fortalecer una imagen institucional mientras los sondeos soplan a favor— si no hay alternativas ya no se opone a que la planta, considerada prioridad nacional por el Gobierno de Draghi, se instale en Piombino. El Partido Democrático a nivel nacional también está a favor y también lo están Forza Italia, la Liga y Acción, el partido del liberal Carlo Calenda, quien está haciendo campaña electoral con el “sí” a la planta de Piombino, como símbolo de la continuidad de la llamada “agenda Draghi”.

Para muchos, una traición más, que aumenta el desencanto y alimenta el rechazo de quienes no aceptan que se les despache como un caso más de síndrome NIMBY (Not In My Backyard, “No en mi patio trasero”). “Nos han tachado prácticamente de ser una amenaza para la seguridad del Estado. Y piden un sacrificio. ¿Y cuántas veces se ha llamado al Estado y no ha contestado? ¿Has visto el centro siderúrgico? ¿Te parece un lugar donde el Estado existe?”, dice Degani.

El centro siderúrgico en su momento álgido daba trabajo aquí, entre puestos directos e indirectos, a 13.000 personas. La mitad del territorio de la ciudad está ocupado por las instalaciones en gran parte desiertas y oxidadas. Tras la privatización en los años 90 y varios traspasos de propiedad, ahora la acería es de propiedad de la compañía india Jendal, como dice un gran cartel violeta en indio, italiano e inglés, a las puertas de la fábrica. Solo funciona, y de forma intermitente, la parte de la industria dedicada a la laminación, y hay 1.600 personas en ERTE desde hace ocho años.

“En Piombino decíamos: el humo es pan”, recuerda Preziosi, expresando lo que durante décadas fue el sentir de la población que pagaba el precio de la plena ocupación con la contaminación de los residuos industriales. “Cuando entré como obrero en 1981 éramos 8.000 y parecía que me había tocado la lotería. Fui al banco a pedir un préstamo para pagar los gastos de la boda y en cuanto dije que trabajaba allí me lo dieron sin más. Años después, me pidieron en cambio un aval y allí me di cuenta que las cosas estaban cambiando”, recuerda este jubilado que añora los tiempos en los que traía a la fábrica las copia de L' Unità, el diario fundado por Antonio Gramsci.

Tras el declive, poco a poco, en un proceso lento, una parte de la ciudad empezó a virar hacia la inversión en el turismo. Las calles del casco antiguo de la ciudad, una ciudadela medioeval frente al mar, se han llegado este verano de visitantes. Y también de carteles en los escaparates con la escrita “No a la regasificadora”. Aurora Martinelli también ha puesto uno en su tienda, un negocio que abrió cuando tuvo que dejar su trabajo en la central eléctrica que alimentaba la acería. “Ahora hemos abierto también una que en verano es más para los turistas”, comenta mientras no esconde su preocupación. “Unos amigos míos de Piamonte que llevan tres años veraneando aquí, querían comprar un piso pero ahora con esto de la regasificadora han dicho que se lo van a pensar”.

La sombra del pasado

En un principio, Snam había pedido la autorización para 25 años. Luego a mediados de julio el comisario extraordinario nombrado por el Gobierno, Eugenio Giani, que es también el presidente de la region de Toscana -elegido con el PD- anunció un acuerdo para que el buque-regasificador solo se quede tres años para luego ser sustituido por una plataforma offshore. Pero aquí nadie se lo cree. “El territorio ha sido totalmente ninguneado. ¿Por qué la gente se ha enfadado? Porque ha habido una total falta de transparencia, claridad y datos científicos”, dice Claudio Pedroni, sentado detrás de la mesa de su despacho, llena de carpetas con documentación sobre la regasificadora. Es el titular de Agroittica Toscana, una empresa de acuacultura que da trabajo a 85 personas, un sector que ha ido creciendo desde los noventa y ahora emplea, entre puestos directos e indirectos, 300 personas y representa el 60% de la producción de acuicultura nacional.

Desde las oficinas, en el mismo puerto, se ve el muelle donde debería atracar la regasificadora. Pero el problema para Pedroni es otro. Uno de sus criaderos, que aporta 450 de las 2.700 toneladas de pescado producidas anualmente por la empresa, está a unos 500 metros del muelle. Para el proceso de regasificación se utiliza agua del mar que luego se vuelve a verter con una temperatura de siete grados inferior y con cloro, por unos 31.000 kilos al año.

“Nosotros hemos explicado que si estas aguas salen de la dársena y contaminan el tramo que alimenta nuestro centro, se alteran las condiciones para la producción, hemos pedido garantías. Este jueves Snam se reunió con nosotros con técnicos y profesores universitarios y ahora estudiaremos los datos. Pero son modelos teóricos y nosotros pedimos pruebas físicas y que además lo haga un tercero, como el Centro de Biología Marina de Livorno”, comenta. “Este es un territorio ya muy machacado, con la acería que lleva aquí desde 1897, y con mucho esfuerzo hemos empezado con la acuicultura y con el turismo. Y hay una gran desconfianza porque ha sido un territorio abandonado. Se han firmado cuatro acuerdos con cuatro ministros distintos sobre la reindustrialización de la ciudad y no ha pasado nada. Nadie se hizo ver durante 10 años y ahora nos piden un sacrificio. Ahora nos dicen que habrá compensaciones si se hace la planta aquí. No son cosas nuevas, esto es lo que ya se firmó y debería estar ya hecho”, dice, mientras a sus espaldas, detrás de los cubos de los criaderos de lubinas y doradas, se levantan las ruinas oxidadas de la acería.

MP