Poniendo fin a cinco semanas de violencia en Santa Cruz, el gobierno del MAS sancionó la Ley del Censo boliviano 2024
Con razones técnicas, con motivos políticos, el presidente Luis Arce, del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), había propuesto el año 2024 como fecha para la realización del 12° Censo de Población y Vivienda de la historia de Bolivia. Con motivos políticos, con precaución técnica, con intensidad y crispación enérgicas y crecientes, la propuesta del año 2024 fue resistida hasta el fin del penúltimo mes del año 2022 desde la Gobernación del oriental Departamento de Santa Cruz, el más rico y poblado del país.
Empresario y abogado cruceñista, el joven gobernador Luis Fernando Camacho fue un candidato derrotado, el tercero según el orden de prelación después de Carlos Mesa, en la elección del 18 de octubre de 2020 donde Arce fue elegido presidente en primera vuelta con el 55,1% de los votos. En el octubre del año anterior, Camacho había impugnado el escrutinio de la elección presidencial y militado con entusiasmo en la facción que promovía y que logró renuncia y exilio del Ejecutivo de Evo Morales el 11 de noviembre de 2019, antes de concluir su tercer mandato. Gobernador de Santa Cruz, no ha renunciado Camacho a sus ambiciones presidenciales. Al contrario: por detrás de reclamos regionales ampliamente compartidos en la tradición del Oriente boliviano, la aspiración de ganar la próxima presidencial es el fundamento íntimo de su pedido de adelantar el Censo para 2023. Porque sólo así podrían llegar a procesarse a tiempo los datos del Estado Plurinacional de modo de influir sobre el electorado en las presidenciales de 2025. Camacho descuenta que los números de Santa Cruz configurarán de por sí una campaña ganadora.
El Censo poblacional: una victoria mayor sin campaña política, el mejor conteo para ganar el primer recuento electoral
La Constitución Política del Estado (CPE) de 2009 consagró el Estado Plurinacional y sentó las bases de una nueva comunidad política con el reconocimiento de las “naciones de los pueblos indígenas originarios campesinos”. La nueva CPE impulsó la descentralización territorial y reforzó, al reconocerlas, las tendencias autonómicas vigentes en los departamentos de una Bolivia que había sido, desde la Independencia en 1825, una República unitaria.
El Censo tiene en Bolivia un gran potencial de politización. Sus datos son los más sensibles: definen cuántos recursos recibirá cada unidad territorial y cómo se reacomodará la crecida representación proporcional en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
El reconocimiento y la apertura a un federalismo atendió a las demandas y urgencias de un Oriente llano y 'camba', 'blanco' y sojero, opuesto al Occidente andino y 'colla', sede del poder político centralista. Descentralización y autonomía acarreaban una consecuencia práctica inmediata: la redistribución departamental de la renta del Estado, en particular la de los hidrocarburos, en un país cuya más redituable exportación es el gas.
El Censo dota al Estado de una geolocalización indicadora de la reconformación de poderes territoriales. La nueva demografía, cuyo crecimiento diferencial Camacho anticipa halagüeño para su personalísimo proyecto biográfico presidencial, determinará las nuevas y crecidas cuotas de representación proporcional en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). También, desde luego, las nuevas partidas departamentales recalculadas en el Presupuesto del Estado. El Oriente cálido y tropical del agrobusiness, la gasífera Tarija y la valluna Cochabamba morderán mejor que antes, y peor, siempre según la codicia del cálculo de Camacho, fríos departamentos andinos como el masista Oruro, como una empobrecida Chuquisaca, como el minero Potosí.
En el desacuerdo entre gobierno del Estado boliviano y gobernación departamental de Santa Cruz, sin embargo, no solo se dirimían los beneficios electorales y económicos del Censo. La querella sirvió para relanzar, con una variación álgida y contemporánea, el tema y problema de la disputa política regional mayor y más polarizadora de la historia de Bolivia en el siglo XXI.
Metafísica popular cruceña: cómo avanzar de 2023 a 2024 en 36 días de paro movilizado
El conflicto por la definición de la fecha del Censo llegó a su clímax en los 36 días del paro cívico de Santa Cruz movilizado por diversos sectores sociales y formaciones opositoras contra el gobierno boliviano de La Paz.
Desde el 22 de octubre, Santa Cruz de la Sierra había liderado un paro indefinido acompañado de cortes de calles y rutas interdepartamentales en reclamo de que el Censo se realizara en 2023. Sin ceder, el presidente Arce anunció el sábado 12 de noviembre que el censo de población y vivienda se realizaría el 23 de marzo de 2024 y que en septiembre de ese año, mes aniversario de Santa Cruz, “los recursos por coparticipación serán distribuidos”.
La Ley 1551 (1994) de Coparticipación Tributaria define que el 20 % de las rentas nacionales va a los Municipios, de acuerdo a su cantidad de habitantes, y un 5% a financiar las Universidades públicas. Antes de esta reforma, en la mayoría de la extensión territorial de Bolivia no se recibían recursos del gobierno central. Era la primera vez que los municipios contaban con recursos de los que podían disponer de manera autónoma. Esto desató un proceso de democratización e integración. El Censo tiene un gran potencial de politización, porque es lo que define qué cantidad de recursos va a recibir cada unidad territorial. Esto se ha convertido en un dato muy sensible. Su recálculo, en áreas de vacío o grisalla legal, ha sido eje del conflicto de Santa Cruz con La Paz.
En respuesta a La Paz, al día siguiente del anuncio de la fecha censal presidencial, el domingo13 de noviembre Santa Cruz celebró un multitudinario cabildo ciudadano en el que reclamó a la ALP “de manera inmediata gestionar la aprobación de una Ley que garantice la aplicación económica y electoral de los datos del Censo antes de las elecciones de 2025” con las “cifras finales, no preliminares”. Esta exigencia de una Ley testimonia la desconfianza que se ha generado entre los líderes cruceños y varios representantes de los otros ocho departamentos bolivianos ante el proceder atribuido al Gobierno masista. encaró este polémico tema.
El 23 de noviembre, los líderes de Santa Cruz -el gobernador Camacho; el segundo vicepresidente del Comité cívico Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, y el rector de la estatal Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar- habían cambiado de idea. Aceptaron la fecha del Censo propuesta por el Gobierno para 2024. Reconocieron que, bien visto, había que admitir que, técnicamente, lucía insostenible efectuar el Censo tempranamente en 2023.
El gobernador Camacho pidió a asambleístas de su partido, el conservador y liberal Creemos, y a asambleístas de la también opositora Comunidad Ciudadana (CC) de Carlos Mesa, que acepten la Ley que fija el censo para 2024, porque si la norma se rechazaba en la sesión de la Cámara de Diputados convocada para el 24 no se iba a poder presentar otro proyecto. Sostuvo que entonces “¡Nos quedamos sin Ley!”. Insistió en que no fue una derrota para Santa Cruz: se logró lo que no se pudo tras el censo de 2012, el compromiso de reasignar más recursos estatales al Departamento y más bancas proporcionales en la Asamblea en función de una proporcionalidad más prominente según los nuevos datos poblacionales.
El 26 de noviembre, después de que la Cámara de Diputados aprobara la Ley, se levantaron en Santa Cruz el paro y los bloqueos que se habían prologando por 36 violentos días. Durante más de un mes de protestas, el transporte público quedó paralizado y los mercados al por menor funcionaron esporádicamente uno o dos días a la semana. “Levantamos el paro y bloqueos sin suspender nuestra lucha, seguimos en emergencia”, declaró el presidente del poderoso Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo quien anunció que los cruceños se declaran “en vigilia permanente de todas las determinaciones, gestiones y acciones del Gobierno nacional hasta septiembre de 2024”.
El prontuario de la medida de presión cívica cruceñista que el Cabildo del 13 de noviembre pidió que se extendiera a todos los departamentos registra según la agencia ABI muertes por causas y con números a determinar, sostenido desprecio por los DDHH, una denuncia de violación grupal, restricciones a los derechos fundamentales como el trabajo y la libre expresión, pérdidas económicas por 1200 millones de dólares en el sector privado y 300 millone de dólares en el sector estatal, y ataques a sedes de varias organizaciones sociales. Este viernes, el presidente Arce afirmó que ninguno de estos hechos quedará en la impunidad y que el Estado diseñará un plan de rescate y reconstrucción para Santa Cruz, cuya actividad productiva ya había alcanzado niveles superiores a los más elevados anteriores a la pandemia.
El Censo pactado
El 29 de noviembre la norma, que establece que el Censo se realizará en 2024, fue aprobada por el Senado y quedó lista para la promulgación posterior por el presidente Arce. Votaron a favor 22 de los 36 senadores, tanto oficialistas como opositores.
Algunos integrantes del gobernante MAS, considerados como pertenecientes al ala del expresidente Morales, se abstuvieron en la votación. Entre ellos, el presidente de la Cámara alta, el senador cochabambino y dirigente cocalero Andrónico Rodríguez, a quien en La Paz, como a Camacho en Santa Cruz, le importaba insistir: su decisión fue personal, “aquí no hay instrucción absolutamente de nadie, no hay instrucción del presidente Lucho que diga ‘aprueben’ o del hermano Evo que diga ‘no aprueben’, es una postura particular de cada miembro del Movimiento al Socialismo”, manifestó.
El ex presidente Morales también hizo pública su propia posición personal y política. Había criticado el acuerdo ya al momento de ser votado en la Cámara baja: “Hemos vuelto a la democracia pactada de la época neoliberal (…) La ley del Censo es el pacto de impunidad entre traidores renovadores y masacradores de nuestros hermanos. Los revolucionarios no negociamos con la derecha”, escribió en Twitter antes de la aprobación de la Ley en el Senado.
Volver al futuro
El presidente Luis Arce informó el viernes 2 que promulgó la Ley de Aplicación de los Resultados del Censo de Población y Vivienda en los Ámbitos Financiero y Electoral, nombre oficial de la norma censal. “Promulgamos esta ley escuchando al pueblo, tomando los acuerdos del encuentro en Cochabamba, el trabajo de la Comisión Técnica de Trinidad y manteniendo la palabra que di a las organizaciones sociales, el Censo se llevará a cabo el 23 de marzo de 2024”, anunció el jefe de Estado en un mensaje al país.
La norma promulgada establece que en base a los datos oficiales de población del Censo que emitirá el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Órgano Ejecutivo efectuará la nueva distribución de recursos de coparticipación tributaria a partir del mes de septiembre de la gestión 2024. De manera adicional, la norma determina que el Instituto Nacional de Estadística (INE) remitirá al Tribunal Supremo Electoral (TSE) los datos oficiales de población del Censo “para que elabore el proyecto de ley de distribución de escaños, conforme al artículo 146 parágrafo V, VI y VII de la Constitución Política del Estado y la Legislación Electoral vigente, que se aplicaría en las próximas Elecciones Generales en el Estado Plurinacional de Bolivia”. Los dos puntos a los cuales se refirió el gobernador Camacho el 23 de noviembre en Santa Cruz de la Sierra.
En su mensaje, el presidente Arce defendió legalidad y legitimidad de la nueva norma. Rechazó que fuera “una ley de la derecha”, porque fue promovida por legisladores del MAS-IPSP (Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos). La norma fue la vía legal y política que permitió que el paro de Santa Cruz fuera levantado tan pronto como la Cámara de Diputados votó a favor el pasado sábado 26 de noviembre, sin esperar a la aprobación senatorial de este martes 29, recalcó.
El tiempo de las consecuencias de la aprobación de la Ley de Aplicación de los Resultados del Censo de Población y Vivienda ya ha comenzado. El Censo se realizará en 2024, las elecciones generales se celebrarán en 2025, año del Bicentenario de Bolivia, pero antes se atizarán en Santa Cruz los fuegos del incandescente debate que interminablemente busca 'revisar la relación' de este departamento oriental con el Estado Plurinacional de Bolivia. Como si para volver al futuro el punto de fuga de la política cruceña fuera siempre la tensión hacia un horizonte del que nunca puedan esfumarse por completo la opción y la amenaza secesionista.
AGB
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