La llegada de Biden a la Casa Blanca genera expectativas de cambios en la política de EEUU sobre drogas

Cuando en 1972 el actual presidente demócrata Joe Biden llegó a ser el senador más joven de la historia de EEEU, lo logró gracias a ser un campéon de la Guerra contra las Drogas. Durante su actuación en el Senado cumplió con esta promesa clave de su campaña victoriosa, y apoyó e incluso participó activamente en la redacción de legislación criminal y de políticas preventivas que establecían penas altas y condenas largas para los delitos vinculados con la compra y consumo de drogas.

Medio siglo después, como presidente, Biden puede, en cambio, ser el responsable de una revision muy amplia de las políticas federales sobre drogas. Esto incluye cómo el Estado y las fuerzas de seguridad consideran a la adicción a todas las substancias psicoactivas, cómo enfrentan el tratamiento de las adicciones y cómo clasifican, en especial, el uso de la marihuana.

Desde la presidencia de Richard Nixon, muchas cosas han cambiado en EEUU y, entre ellas muy en especial las actitudes del país en lo que respecta a la legalización, o al menos despenalización, de la marihuana. Al respecto, puede constatarse una creciente, y relativa, unidad bipartisana.

Los números de uso de drogas siguen siendo altos. Según las estadísticas del Departamento de Salud de EEUU, 57,2 millones de personas usaron drogas ilícitas en el 2019. Un aumento de cerca de 10 millones en comparación con el 2015.

Según los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades), más de 184 personas mueren al día por sobredosis, cifra por la cual Donald Trump había decretado el estado de emergencia en la salud pública. Al llegar un año atrás el Covid-19 a EEUU, ese foco de emergencia perdió toda atención y relevancia ante la pandemia. 

Durante su campaña en las elecciones primarias del Partido Demócrata para dirimir qué candidato presidencial le disputaría la Casa Blanca a Trump el 3 de noviembre, según The Washington Post, Biden fue uno de los pocos en no dar su apoyo a una legalización de la marihuana para uso recreativo en el nivel federal. Al entonces precandidato le inquietaba que el cannabis fuera la “puerta de entrada” a drogas poderosas y perjudiciales para la salud.

Cuando el precandidato se volvió candidato, su posición viró. Dijo que el uso de marihuana debía ser despenalizado, aunque siguió sosteniendo que su legalización para uso recreativo debía decidirse individualmente en cada uno de los estados de la Unión, y no en andarivel superior del Estado federal. En la elección presidencial, caracterizada por una violenta polarización entre republicanos y demócratas, ese enfrentamiento estuvo por completo ausente en lo que toca al uso de la marihuana en referendos que se votaron el mismo martes 3 de noviembre. Fueran azules (demócratas) o colorados (republicanos), en los estados de Arizona, Montana, Nueva Jersey y Dakota del Sur los votantes se inclinaron mayoritariamente a favor del uso recreativo de la marihuana, y en el sureño de Mississippi a favor de su uso medicinal.

En la actualidad, 15 estados han legalizado la marihuana, y otros 35 han autorizado su uso medicinal. En el orden federal, la marihuana es ilegal todavía, lo que perjudica a la industria que no la puede transportar de estado a estado y no tiene acceso al sistema bancario federal.

Cuestiones clave y rumbos posibles

En una carta dirigida hace una semana al equipo de transición del nuevo gobierno, 212 organizaciones sanitarias y de reducción de riesgos de todo el país le habían pedido a la nueva administración que adoptara medidas rápidas y concretas en los primeros 100 días en lo que toca a la política de drogas y a la crisis de sobredosis. Está por verse si la administración será o no sensible a un reclamo de esta naturaleza, y, si lo es, si está dispuesta a colocar cuestiones de esta índole entre sus prioridades.

La revista especializada Filter, órgano periodístico de la organización sin fines de lucro The Influence Foundation, identificó algunas de estas cuestiones clave y anticipa cuál podría ser la política a implementar por el nuevo gobierno de EEUU:

-Políticas respecto de la marihuana

Sobre esta cuestión, Biden ha hablado mucho on record. Habló de desincriminación de la tenencia, de legalización del uso medicinal del cannabis, de usar de sus poderes presidenciales para rebajar al máximo el status de peligrosidad de la marihuana entre los estupefacientes, de purificar condenas pasadas de convictos que siguen presos por cargos vinculados con el consumo de marihuana. Pero nunca se mostró favorable ni a una desclasificación completa de la marihuana entre los estupefacientes, ni mucho menos a su completa legalización.

Esta es una cuestión en la cual las organizaciones de políticas de drogas y de derechos humanos están más convencidas de que pueden hacer avanzar hacia delante la legislación vigente y hacer cambiar la manera de ver el mundo del flamante presidente de EEUU. Por un lado, porque es algo que va a tener que enfrentar, porque la política norteamericana va a colocar el tema en la agenda sin que sea necesario que lo haga el presidente. Cada año se presentarán nuevas leyes sobre la marihuana que tratará el Congreso. Y cada año más estados legalizarán su venta para todo uso, incluso recreativo, si se somete a estrictos protocolos y condicionamientos. Va a llegar un momento, consideran, en que tendrá que hacer pública una nueva posición, y en que será necesario, y preferible, que esa nueva posición se exprese en normativas de carácter federal, para toda la nación.

Una ventaja potencial es que la vicepresidenta Kamala Harris ha sido la patrocinadora del MORE Act, que el Congreso aprobó en diciembre. Esta nueva ley busca reparar las injusticias y proveer justicia penal y social a todas las comunidades devastadas por la aplicación racista y discriminatoria de las medidas de seguridad y represivas derivadas de la prohibición de la marihuana.

El Departamento de Justicia puede poner nuevamente en vigor el Memorándum Cole. Este memo de la presidencia de Barack Obama, dejado sin efecto por la administración Trump en 2018, recomendaba a los fiscales generales de cada estado hacerse a un lado y no intervenir cada vez que un estado federal avanzara en pro de la legalización de la marihuana, dejádondoles así las manos libres.  El Departamento de Justiica, si fuera instruido por Biden en ese sentido, podría ir más lejos y trabajar con el Departamento de Salud y Servicios Humanos y con la DEA para hacer retirar a la marihuana del listado federal de sustancias prohibidas.  

-Reforma del derecho penal

Es muy probable una reforma de las escalas penales a lo largo de esta administración. Biden se ha referido a la importancia de poner fin a las penas cortas privativas de libertad por sentencias vinculadas a la adquisición y consumo de drogas. Sin embargo, ha sugerido la alternativa de crear tribunales especiales para las adicciones que podrían condenar a someterse a tratamientos forzados de rehabilitación, soluciones que las organizaciones de DDHH consideran que no son idóneas para todos los usuarios de drogas, que no son igualitarias en los cuidados que suministran y que, por último, también son carcelarias y privativas de la libertad en su naturaleza.

-Represión policial del consumo

La legislación presentada por los demócratas en el Congreso durante era Trump, la Justice in Policing Act, será retomada y dotada de mayor vigor. En la izquierda del partido de Biden, muchos esperan que se quiten fondos al exceso de armamento utilizado para muchas operaciones de seguridad, en particular en la detección de consumos ilícitos. El profesor de Derecho Carl Hart, de la Universidad de Columbia, lo resumió gráficamente: “Como no tenemos empleos legítimos bien pagos, aumentamos el número de policías. Y como tenemos más policías, no tenemos menos delito: tenemos más arrestos”.

AGB, MF