El Gobierno defiende la reforma de la SIDE y niega que habilite “persecución política o espionaje interno”

El Gobierno salió a defender la reforma del sistema de inteligencia impulsada por decreto de necesidad y urgencia (DNU 941/25), luego de las críticas de sectores opositores que advierten sobre la posibilidad de una “policía política” o espionaje interno encubierto

A través de un comunicado oficial de la Secretaría de Inteligencia de Estado, el Poder Ejecutivo sostiene que los cambios buscan modernizar y ordenar un sistema históricamente opaco, profesionalizarlo y ajustarlo a las amenazas del siglo XXI. El texto repudia expresamente prácticas del pasado en las que, afirma, recursos del Estado fueron utilizados de forma indebida para perseguir políticamente, espiar domésticamente o controlar a dirigentes, periodistas y ciudadanos.

“El objetivo central de esta reforma es acotar, definir y clarificar con precisión tanto la estructura como las competencias del Sistema de Inteligencia Nacional, adecuándolo a las amenazas y desafíos del siglo XXI”, dice el comunicado oficial, que subraya que funciones sin sustento institucional —como seguridad interna o control de infraestructura crítica— pasaron a estar bajo otros organismos del Estado.

Desde el Ejecutivo también ponen el acento en la eliminación de superposiciones entre áreas y en la racionalización de estructuras, como la redefinición del rol de la Agencia Nacional de Contrainteligencia —antes Agencia de Seguridad Nacional— para que se concentre exclusivamente en tareas de contrainteligencia, es decir, la protección del Estado frente a espionaje o injerencia extranjera, sin participación en actividades políticas internas.

“La contrainteligencia es definida de manera clara y taxativa como la función destinada a proteger al Estado argentino frente a acciones de inteligencia, espionaje o injerencia de agentes externos, poniendo fin a prácticas del pasado en las que los recursos del Estado fueron utilizados para la persecución política interna, el espionaje doméstico o el control indebido de dirigentes, periodistas y ciudadanos”, remarca el comunicado.

La reforma incluye, además, la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar para evitar duplicaciones, y la creación de nuevos mecanismos de intercambio de información entre organismos del Estado, con trazabilidad, automatización y registro obligatorio de cada flujo de datos, según el documento oficial.

A pesar de estas defensas oficiales, la oposición continúa poniendo el foco en puntos como la posibilidad de que agentes de inteligencia puedan aprehender personas en casos de flagrancia, atribución que para críticos difumina los límites entre inteligencia y funciones policiales. El Gobierno, por su parte, afirma que estas facultades están encuadradas en la modernización institucional y no implican un cambio en el enfoque de persecución interna.

MC