“La culpa de los contagios la tiene la gente”, dice el gobierno británico, pero se olvida de las carencias de bioseguridad en los lugares de trabajo

Quien crea que la Justicia británica es ciega a la riqueza y el poder debería considerar estos hechos. Alrededor de 45.000 personas han sido multadas por infringir las normas de aislamiento y distanciamiento impuestas para combatir los contagios ante la pandemia de Covid-19, y muchas otras han sido procesadas judicialmente por no pagar esos gravámenes. Sólo en Londres, centenares de infractores recibieron sentencias condenatorias en los tribunales, a menudo en procesos a puerta cerrada. Sin embargo, ni un solo empleador británico ha sido procesado por violar las reglas de bioseguridad existentes para salvar vidas y proteger al Servicio Nacional de Salud (NHS) del tsunami que lo abruma.

La operación del Gobierno “Culpar al público” está en su pleno apogeo. El ministro de Salud Matt Hancock le dice a la nación que la gente, como si fueran personajes de la picaresca, sigue el principio de ‘Hecha la ley, hecha la trampa’, y se vale de la autorización existente de hacer ejercicio físico en compañía como una excusa para socializar. La ministra del Interior, Pritti Patel, condena a los infractores por poner en riesgo la salud de la nación, mientras que los periódicos identifican a las personas que se ponen a charlar afuera de bares y cafeterías: UNA CONVERSACIÓN A CARA DESCUBIERTA COSTÓ VIDAS leemos en la tapa del tabloide gratuito Metro, el diario impreso de mayor circulación en Gran Bretaña. Como en un eco de la campaña que los conservadores montaron para demonizar a los solicitantes de ayudas económicas del Estado en la era del premier conservador David Cameron, las transgresiones individuales extremas son perseguidas, extrapoladas y presentadas como la mera punta de un gigantesco iceberg. Así hicieron en el caso de una madre multada por conducir 100 millas para conseguir una hamburguesa de McDonald's.

Los hechos demuestran que tales historias no son representativas y que, por el contrario, evidencian conductas atípicas. Esto reveló una investigación que el British Medical Journal publicó la semana pasada: “Para sorpresa de muchos, la adhesión a estrictas regulaciones de comportamiento se ha mantenido extremadamente alta (más del 90%), a pesar de que muchas personas están sufriendo considerablemente, tanto financiera como psicológicamente”.

Dado que sabemos que la ruta principal para la transmisión del Covid-19 es a través de la presencia de más de un ser humano en un espacio interior cerrado, la atención no debe centrarse en charlas frívolas entre amigos durante caminatas al aire libre, sino en muchos de los lugares de trabajo que permanecen abiertos al público en todo el país. Más de siete de cada 10 trabajadores no se sienten completamente seguros en el trabajo: no es de extrañar, dado que la investigación del Congreso de Sindicatos (TUC) da cuenta de que son muchos los lugares de trabajo donde todavía no se han puesto en vigor las medidas de seguridad ordenadas a causa de la pandemia.

Los sindicatos están inundados de mensajes de trabajadores que expresan que no tienen más opción que trabajar, incluso si se enferman, porque sencillamente no pueden permitirse el lujo de no hacerlo.

Si usted camina por el centro de cualquier ciudad, en vez de buscar abrazos ilícitos, mire a su alrededor y verá que las tiendas minoristas no esenciales siguen cerradas, pero que los almacenes de despacho de productos de las tiendas de compras en línea funcionan con normalidad y que el Gobierno no las ha obligado a actualizar las evaluaciones de riesgo para garantizar que los sistemas de ventilación funcionen correctamente. Ante la insistencia del ministro de Economía Rishi Sunak, quien se ha resistido a las medidas de cuarentena y confinamiento y priorizó los intereses económicos sobre la salud pública, 2,7 millones de trabajadores de la industria manufacturera permanecen en sus puestos de trabajo y las obras en construcción siguen abiertas. Si bien el Covid-19 representa una amenaza mínima para la infancia, salvo en casos de comorbilidad, las guarderías infantiles ponen en riesgo la salud de quienes trabajan allí y de la comunidad en general.

La verdad desnuda es que resulta mucho más fácil alentar a la gente a que espíe por las persianas y detecte a los incorregibles de siempre haciendo de las suyas, en vez de afrontar que Gran Bretaña es una de los países industrializados que peor paga a los trabajadores en los casos de licencia por enfermedad. Los sindicatos están inundados de mensajes de trabajadores que expresan que no tienen más opción que trabajar, incluso si se enferman, porque sencillamente no pueden permitirse el lujo de no hacerlo. Una red de seguridad social destrozada choca contra la fetichización del trabajo (en agosto, los ministros hicieron saber que los empleados que no regresaran a sus lugares de trabajo corrían el riesgo de perder el empleo), con las consecuencias que eran predecibles: la propagación de un virus mortal y una segunda ola espantosa.

Probablemente todos estos factores eleven más el número R que las violaciones individuales aisladas de las reglas de confinamiento (tardíamente implementadas y en constante cambio). En gran parte con la ayuda de los medios de comunicación, supimos que el intento del Gobierno de traspasar la culpa de los patrones al público en general parece estar funcionando: el 58% responsabiliza al público por el aumento de los casos de coronavirus, y solo el 28% culpa al Gobierno.

¿Cómo es posible esto? Después de todo, la gran mayoría de los británicos podría decir, honestamente, que han obedecido las reglas necesariamente autoritarias ante la pandemia, durante muchos meses, con un gran sacrificio personal. El ‘público’, la ‘gente’, a quien se responsabiliza es un ‘otro’, un fantasma demonizado. En un nivel psicológico básico se ve cómo funciona esto: cada vez que vemos a alguien que parece estar desobedeciendo las reglas, sentimos una oleada de indignación: alguien que le hace ‘Fuck you!’ a la sociedad, mientras el resto sufrimos las consecuencias de apegarnos a las obligaciones legales y morales.

Esos momentos de frustración se sedimentan en nuestras memorias, cuando vemos a la gran mayoría como extraños que no respetan la distancia social y no usan protección facial. Estas imágenes son menos abstractas que el pensar en lugares de trabajo no esenciales que siguen abiertos o en empleadores que no se han ocupado de que sus empleados estén protegidos. Y tras cuarenta años de dogma thatcherista, de decir que los males en la sociedad son causados por fallas individuales, como la pereza, facilitan la tarea al Gobierno a la hora de sugerir que las infecciones que crecen en espiral se deben a faltas de responsabilidad personal, en lugar de a problemas sistémicos acelerados por fallas gubernamentales.

Con un enorme costo económico, social y psicológico, y a pesar de los numerosos fracasos del Gobierno, el público ha aceptado abrumadoramente una restricción masiva de sus libertades. Gran Bretaña no se encuentra en la situación actual, casi única en el protagonismo del desastre, debido a los defectos de carácter o conducta de sus ciudadanos. Por razones económicamente dudosas -porque cuanto menos francamente se aborda una crisis de salud pública, más daño se inflige a la economía-, el Gobierno ha permitido que lugares de trabajo a menudo muy inseguros permanezcan abiertos a pesar del confinamiento general. Esa es una de las muchas razones por las que Gran Bretaña se ha hundido tan hondo en el fango del coronavirus. Y si el Gobierno logra convencer a los ciudadanos de que se culpen entre sí, seguramente nos hundiremos aún más. 

Traducción del inglés: Alfredo Grieco y Bavio