El “nacionalismo de las vacunas” nos está matando. Necesitamos un enfoque internacionalista

Tenemos el poder para dar fin a esta pandemia. Tenemos la tecnología, los insumos y la capacidad productiva para vacunar al mundo contra el COVID-19 este año. Paralelamente, podemos salvar millones de vidas, proteger miles de millones de medios de subsistencia y recuperar billones de dólares en actividad económica.

En cambio, nos dirigimos hacia la fase más mortífera de la pandemia. Las nuevas variantes están expandiéndose hacia regiones donde las vacunas no solo son escasas, sino que apenas llegan. Con las tasas de vacunación actuales, la pandemia continuará propagándose hasta, al menos, 2024.

Esto no es una coincidencia. El sistema de patentes farmacéuticas de la Organización Mundial de Comercio (OMC) fue diseñado para priorizar las ganancias de las corporaciones sobre la vida humana. Incluso en medio de una pandemia letal, una coalición de compañías farmacéuticas y gobiernos del hemisferio norte se niega a reordenar sus prioridades: bloquea la liberación de patentes, se rehúsa a compartir su tecnología de vacunas y no otorga fondos suficientes a las propuestas multilaterales.

Debido a esto, funcionarios gubernamentales y autoridades sanitarias de todo el mundo convocan a la Cumbre por un Internacionalismo de las vacunas. Organizada por la Internacional Progresista (IP), el objetivo de la Cumbre es simple: desarrollar un plan en común para producir y distribuir vacunas para todos, mediante un compromiso concreto con la formación de un consorcio tecnológico, la liberación de patentes y la inversión en la producción veloz.

El G7 se ha mostrado poco dispuesto e incapaz de cumplir con esta promesa. Los bancos centrales de las principales economías del mundo han destinado alrededor de nueve billones de dólares como respuesta al impacto económico causado la pandemia de COVID-19, actuando de forma veloz y decidida para proteger los intereses de sus inversores.

En cambio, el coste de la vacunación global se estima en tan solo 23.000 millones de dólares, equivalentes al 0,25% de esta respuesta monetaria. Ese número descendería drásticamente si los gobiernos de Estados Unidos, la Unión Europea y Reino Unido obligaran a las compañías farmacéuticas a compartir su tecnología con los fabricantes alrededor del mundo. Esta propuesta cuenta con un gran apoyo en Estados Unidos, donde los contribuyentes financiaron por completo el desarrollo de la vacuna de Moderna contra el COVID-19.

Pero la voluntad de hacer esto aún no se manifiesta. Incluso las mil millones de dosis que el G7 prometió al mundo en su cumbre en Cornwall han descendido a 870 millones, de las cuales solo 613 millones son realmente nuevas.

El plan del G7 no es solo tacaño, sino también estúpido: la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus siglas en inglés) ha estimado que el fracaso en la entrega de vacunas para todo el mundo le ha costado 9,2 billones de dólares a la economía mundial. Y, en el recuento final, ese fracaso puede resultar suicida: cuanto más viaja el virus, con más frecuencia muta, y con mayor agresividad puede contraatacar a los países ricos que ya están implementando esquemas de vacunación masiva.

Pero el problema va mucho más allá del número de dosis prometidas por el G7. El virus de el COVID-19 continuará circulando por el mundo durante el futuro próximo. Sin una transformación del sistema de salud global, los gobiernos de todas partes del mundo deberán destinar miles de millones de dólares a la compra anual de vacunas de refuerzo a corporaciones farmacéuticas como Pfizer, o rogarle al gobierno de EEUU que venga al rescate.

No podemos esperar a que el G7 encuentre su sentido común o su conciencia. Es por eso que la Cumbre por el Internacionalismo de las vacunas se esforzará en hallar soluciones que disminuyan, en lugar de aumentar, la dependencia de los gobiernos condicionados por la gran industria farmacéutica y por los países en los que se hallan sus sedes centrales.

Para hacer esto, nuestros gobiernos estudian tres propuestas clave.

La primera se centra en la propiedad intelectual. Los pedidos a la industria farmacéutica para comparta la tecnología de las vacunas han caído en oídos sordos. Un año después del lanzamiento del programa C-Tap de la OMS, destinado a facilitar el intercambio de información protegida por patentes en la lucha contra el virus, ni una sola compañía ha donado su conocimiento técnico, prefiriendo en su lugar mantener el control total de los suministros. Como países con vacunas candidatas y centros de producción, buscaremos crear una plataforma donde compartir los avances en materia de vacunas candidatas, protocolos de prueba y datos. Así, sentaremos las bases para la transparencia verdadera y permitiremos que laboratorios locales alrededor del mundo produzcan las dosis necesarias de vacunas contra el COVID-19.

La segunda se centra en la capacidad de producción. Continúa circulando un mito peligroso que dice que los países en vías de desarrollo no pueden producir vacunas por su cuenta. Esto es totalmente falso. Los intentos de los fabricantes locales de insumos para la producción de vacunas contra el COVID-19 han sido rechazados por las compañías farmacéuticas, que buscan tener el suministro global de vacunas bajo su control.

Toda vacuna tiene dos elementos: el derecho legal a producirla y el conocimiento sobre cómo hacerlo. Si las fórmulas se comparten -y se proveen oportunidades para su producción-, entonces podremos adaptar nuestras fábricas para que puedan producir las vacunas requeridas. Consideraremos invertir en industrias públicas en cada uno de nuestros países y equipar a nuestras fábricas para producir las vacunas necesarias; no solo para nosotros, sino para todos.

Haremos lo que podamos para dar fin a esta pandemia juntos, compartiendo la capacidad de producción disponible. Por ejemplo, si uno de nosotros tiene mayor capacidad de administrar las vacunas y los tratamientos contra el COVID-19, prestaremos nuestros servicios a los países que no puedan hacerlo.

La tercera propuesta se centra en la desobediencia colectiva. Ya existen ciertas disposiciones que anulan las protecciones a la propiedad intelectual. Entre ellas, la declaración Doha realizada en 2001 por la OMC. Sin embargo, hay países que se resisten a ponerlas en marcha por temor a recibir sanciones de ciertos gobiernos y represalias por parte de la gran industria farmacéutica. Estudiaremos cómo podríamos promover leyes para anular colectivamente las protecciones a la propiedad intelectual en nuestros países, generando así una amenaza concreta para el monopolio del modelo farmacéutico vigente.

En conjunto, estas propuestas pueden empezar a modificar toda la lógica de funcionamiento del sistema de salud global. Del nacionalismo al internacionalismo, de la caridad a la solidaridad, de la competición a la cooperación, la Cumbre es el primer paso en este camino de transformación.

Rogelio Mayta es el ministro de Exterior de Bolivia. K. K. Shailaja es miembro de la Asamblea Legislativa del estado de Kerala, India y exministro de Salud. Anyang’ Nyong’o es gobernador del condado de Kisumu, Kenia.

 

Traducción de Julián Cnochaert