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Los vínculos millonarios de Clarence Thomas, el juez ultraconservador al servicio de las élites estadounidenses

El juez del Tribunal Supremo Clarence Thomas, en una fotografía de archivo de 2020.

Javier de la Sotilla

Washington —

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La anulación federal del derecho al aborto, el fin de la discriminación positiva en las universidades, la ampliación del derecho a portar armas fuera del hogar o el bloqueo al alivio de la deuda estudiantil, son algunos de los fallos de cabecera del juez Clarence Thomas que, con 73 años, lidera la reacción ultraconservadora del Tribunal Supremo de EEUU. Nominado por Bush padre en 1991, lleva tres décadas escribiendo parte de la historia del país desde su privilegiado cargo vitalicio en la máxima instancia judicial. Un tiempo en el que ha sabido rodearse de un círculo selecto de amigos multimillonarios, con los que ha forjado una relación que este año le ha llevado al ojo del huracán.

Paradisíacos retiros vacacionales, entradas VIP a eventos deportivos, fiestas fastuosas, cruceros de lujo o vuelos en avión privado, son algunos de los obsequios que él y su mujer han podido disfrutar durante estos años gracias a la generosidad de sus peculiares amistades: conservadores adinerados pertenecientes a la élite estadounidense. Entre ellos, el magnate inmobiliario Harlan Crow, un conocido donante republicano, que ya es un “íntimo amigo” del magistrado, según sus propias palabras.

Su relación se convirtió en escándalo nacional en abril, después de que un exhaustivo reportaje de ProPublica destapara una serie de lujosos regalos que Crow había hecho a Thomas durante más de veinte años. El magistrado, que al formar parte del Tribunal Supremo está obligado por ley a declarar esta clase de agasajos, se defendió entonces asegurando que no lo había visto necesario al provenir de la “hospitalidad personal” de un amigo “cercano y personal”. “Harlan y Kathy Crow forman parte de nuestros mejores amigos”, se justificó Thomas en un comunicado, “como suelen hacer los amigos, los hemos acompañado en un cierto número de viajes”.

Cada año, el alto tribunal estadounidense emite sus sentencias de mayor peso en la última semana de junio, justo antes de irse de vacaciones. En 2019, tras terminar el curso judicial, Thomas se estuvo junto con su esposa en un descanso veraniego en Indonesia, a donde viajó a bordo de un jet privado. Allí, le esperaban nueve días de island-hopping a bordo de un superyate, de 50 metros de largo, con tripulación y chef privado. Si lo hubiera pagado él, se hubiera dejado más de medio millón de dólares. Sin embargo, todo corrió a cuenta de su gran amigo Harlan Crow.

Tres décadas rodeado por la élite

Pocos meses después de asumir su cargo vitalicio, en 1991, Thomas fue galardonado por la Asociación Horatio Alger de Estadounidenses Distinguidos, un club selecto cuyo objetivo es “difundir el mensaje de que el sistema de libre mercado de Estados Unidos ofrece las mayores oportunidades del mundo para la realización personal y el éxito”. Según ha reportado una reciente investigación del New York Times, en ese momento pasó a formar parte de la organización, en la que tejió una serie de relaciones de las que se ha beneficiado con los años, y a las que ha otorgado un acceso privilegiado a los tejemanejes del Tribunal Supremo.

La Asociación Horatio Alger premia a personalidades que, como Thomas, han logrado el ascenso social hasta las capas más altas de la sociedad. El juez, afroamericano y nieto de esclavos, nació en una comunidad agrícola predominantemente negra cerca de Savannah (Georgia), y “a base de disciplina y trabajo duro”, según la asociación, logró salir de la pobreza, estudiar derecho y, después de ganarse el prestigio con su carrera judicial, llegó a la más alta corte del país.

Cuando alguien es galardonado por la asociación, pasa a formar parte de su selecto club para siempre. Entre sus miembros más destacados se encuentran el expresidente Ronald Reagan, el astronauta Buzz Aldrin, el ejecutivo de Fox News Roger Ailes, la presentadora de televisión Oprah Winfrey, el padre de Donald Trump, Fred Trump, y el multimillonario exalcalde de Nueva York, Mike Bloomberg.

Con el paso de los años, Thomas ha ido ascendiendo en el seno de la organización a base de otorgarle beneficios que han sido recompensados con lujosos regalos. Según pudo saber el New York Times, “en cierto modo se ha convertido en el líder de la asociación”, a la que “ha concedido un acceso inusual al Tribunal Supremo, donde cada año preside el acto más emblemático del grupo: una ceremonia en la sala del tribunal en la que coloca las medallas Horatio Alger alrededor del cuello de los nuevos miembros vitalicios”, algo que el periódico define como “lo más parecido a ser nombrado caballero en Estados Unidos”.

Desde la fundación de esta asociación en 1946, hasta 750 personas han sido designadas como “Estadounidenses Distinguidos” por este club, la gran mayoría de ellos de tendencia conservadora. A Thomas, su pertenencia le ha permitido acercarse a “un estilo de vida de inimaginables privilegios materiales”, según resume el Times. Y le ha permitido también tapar algunos de sus escándalos, como la acusación de acoso sexual que hizo la abogada Anita Hill en 1991, cuando era candidato a la Corte Suprema.

“Varios amigos de Horatio Alger ayudaron a financiar la comercialización de un documental sobre el juez a raíz de una película de HBO que había hecho resurgir las acusaciones de acoso sexual de Anita Hill contra él durante su confirmación”, relata la investigación del periódico norteamericano. Entre estos amigos, se encontraba el heredero de Warren Buffet, David Sokol, quien invitó al juez y a su esposa en varias ocasiones a su rancho en Montana y a su mansión frente al mar en Florida.

La impunidad de quienes dictan justicia

El caso del magistrado Thomas, así como el de su compañero Samuel Alito ―otro de los seis jueces que conforman la mayoría conservadora del Tribunal Supremo―, de quien también se han descubierto millonarios regalos sin declarar, ha reavivado la indignación sobre la presunta impunidad de la máxima instancia judicial.

“Cuando llegué al Supremo, pregunté a mis colegas y a otros miembros del poder judicial y se me informó de que no tenía que reportar este tipo de hospitalidades por parte de amigos personales no vinculados con el tribunal”, se justificó Thomas en un comunicado. Sin embargo, la ley anticorrupción, promulgada en los años setenta tras el escándalo del caso Watergate, obliga a todos los jueces federales a declarar los pagos en especie recibidos. Una norma que fue endurecida en marzo de este año.

En una carta enviada este lunes al Congreso, United For Democracy, una coalición formada por decenas de asociaciones de derechos humanos, pidió que se abran investigaciones parlamentarias sobre la presunta corrupción en el alto tribunal, destapada por los reportajes de ProPublica y el New York Times: “Escribimos hoy en nombre de las decenas de millones de estadounidenses a los que representamos para instar al Congreso a que se ocupe finalmente de un Tribunal Supremo quebrado y capturado que está anulando precedentes, destrozando normas judiciales y poniéndose sistemáticamente del lado de los multimillonarios, las grandes empresas y sus aliados de extrema derecha en detrimento de los trabajadores, las familias, las comunidades y nuestra democracia”.

“En los últimos años, el Tribunal Supremo ha arrebatado la libertad reproductiva a millones de estadounidenses, ha dificultado el voto y ha facilitado que las grandes fortunas dominen nuestras elecciones, ha ensuciado el aire y el agua, ha erosionado la libertad de los trabajadores para formar sindicatos y luchar por salarios más altos, ha bloqueado la condonación de la deuda de los préstamos estudiantiles, ha erosionado la separación entre Estado e Iglesia, ha facilitado que las empresas discriminen a la comunidad LTBIQ y ha impedido que las universidades tengan en cuenta la raza como uno de los muchos factores en el proceso de admisión. Cada vez que este Tribunal Supremo emite otra decisión extremista, pierde legitimidad, nuestras libertades se reducen, el poder corporativo crece, nuestra democracia se desvanece y el pueblo estadounidense paga el precio”, asegura el documento.

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