Diputados dio media sanción al acuerdo con el FMI
Opinión
Un acuerdo en desacuerdo
Finalmente, el Gobierno logró la media sanción del acuerdo con el FMI en Diputados, después de algunas idas y vueltas en torno a la “letra chica” que contenía el proyecto. Un acuerdo que, si bien no sirve para revertir expectativas, sí evita una crisis mayor.
Aun así, el debate de ayer se podría haber evitado sin la ley 27.612 (de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública), donde uno de los puntos forzaba al oficialismo a conseguir la aprobación de ambas cámaras para sellar un acuerdo con el FMI, algo que el propio organismo nunca pide ni pidió: siempre hay una vaga mención a un “amplio apoyo político” difícil de contrastar en la realidad.
Lo sorprendente es la discusión puertas adentro del oficialismo en torno a la dureza del programa. Este, a todas luces, debe ser uno de los más flexibles en la historia del FMI:
- Típicamente, este tipo de programas de “facilidades extendidas” incluye una serie de reformas estructurales (jubilaciones, impositivas, laborales, etc.). Hoy ausentes. La más “significativa” es una que requiere una flexibilización del cepo hacia diciembre de 2022 -sin objetivos ni cuantificaciones precisas-.
- El ajuste fiscal requerido es significativamente menor que en otros programas. Por poner un ejemplo reciente, en el acuerdo de 2018 el déficit primario debía bajar de 3,8% a 0% entre 2018 y 2019 (casi 4 p.p. de ajuste). Hoy el ajuste requerido es de apenas 1 p.p. entre 2022 y 2023 (de 3% del PBI a 1,9% en 2023).
- El FMI desembolsaría USD 9.700 millones en marzo, contra ninguna condicionalidad, “devolviendo” lo que se le pagó entre 2021 y los primeros dos meses de 2022. En total, en el año serían (netos de pagos de capital e intereses) USD 6.500 millones. Esto aumentaría el endeudamiento del Gobierno, por lo que el FMI estaría aportando “plata fresca” al inicio del programa.
- Las medidas previas al acuerdo (que tienen que ver con cuestiones fiscales, cambiarias y monetarias) también fueron laxas. Se requirió una leve desregulación del cepo (prácticamente insignificante en la práctica) y una suba de tasas del BCRA que ni siquiera llega a empatarle a la inflación pronosticada por el consenso.
Sí está claro que Argentina necesita un programa de crecimiento inclusivo no impulsado “por el FMI”, sino por la propia necesidad como sociedad de retomar la senda de crecimiento que perdimos hace más de 10 años
A pesar de semejante flexibilidad, es probable que las metas se incumplan durante 2022 (especialmente a fin de año cuando el déficit fiscal se vuelve estacionalmente alto y frena la oferta estacional de dólares por parte del “agro”).
Fiscal: la reducción del déficit será prácticamente imposible sin una corrección de tarifas (ya difícil de digerir para el oficialismo) mayor al 60% anunciado. Los aumentos en los precios del gas -insumo importado durante el invierno- eleva automáticamente la cuenta de subsidios. Bajo estos aumentos, los gastos en subsidios energéticos crecerían, no disminuirían en 2022. Tampoco será fácil bajar el déficit si se pretende aumentar el gasto real -una promesa vaga, y absolutamente contraria al programa en si mismo-. Este año el Gobierno no contará ni con los ingresos por el impuesto a la riqueza, ni con los ingresos provenientes de los DEGs.
Es probable que el Gobierno termine ajustando tanto en jubilaciones, como en obra pública, como así también algo en empresas públicas.
Cambiarias: con el FMI aportando fondos frescos durante 2022, el organismo casi que le pide al Gobierno que las reservas netas no caigan, ni siquiera pide un aumento. Es el propio FMI quien lo ayuda al Gobierno a cumplir la meta que firmaron. Aleja los fantasmas de una devaluación “de shock” pero acerca los fantasmas de una economía sin “nafta” (dólares) en el tanque de reserva.
Monetarias/Financieras: el acuerdo requiere bajar la emisión de 3,7% del PBI en 2021 a 1% del PBI este año. Positivo. Aunque desafiante: requerirá aumentar el endeudamiento en el mercado local -algo que logrará indexando la deuda a la inflación o al tipo de cambio, “pateando” los problemas para un futuro gobierno-. Esto no será gratuito: sin una baja aun mayor del déficit, la deuda sigue escalando en relación al tamaño de la economía (deuda que se ajusta automáticamente contra la inflación) y dejará un desafío importante para la próxima administración.
Con todo, y a pesar de la flexibilidad y las altísimas chances que se incumplan las metas del programa al poco tiempo de haberlas fijado, algunas variables financieras se descomprimieron, al menos localmente: el tipo de cambio paralelo rompió el piso de los $200 y llegó a $195, lo que implica una brecha del 78% (luego de haber llegado a 120% cuando el mercado se preguntaba las consecuencias de un default con el FMI).
Sin embargo, los bonos se siguen desplomando frente a una mezcla de perspectivas inciertas de lo que sucederá a partir de 2024 (cambio de gestión mediante) y un panorama internacional adverso -la guerra entre Rusia y Ucrania, una alta inflación en USA que descuenta mayores tasas a nivel global, etc.-.
El futuro no está claro. Pero sí está claro que Argentina necesita un programa de crecimiento inclusivo no impulsado “por el FMI”, sino por la propia necesidad como sociedad de retomar la senda de crecimiento que perdimos hace más de 10 años. No será fácil y se necesitarán consensos. Pero serán necesarios para sacar a la Argentina del pantano de la alta inflación, la mayor pobreza estructural y el estancamiento sistémico.
El autor es economista de Empiria
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