Planes sociales

Los anteúltimos

Recicladores de la economía popular, albañiles que se desempeñan de manera independiente, trabajadoras de casas particulares, pequeños comerciantes informales. Una de las principales características del segmento de trabajadores que se desempeñan por fuera de los empleos formales bajo relación de dependencia es su elevada heterogeneidad. 

Recientemente la discusión pública se centró (una vez más) en los beneficiarios de programas sociales. Los sectores más vulnerables y marginados. Los últimos. Aquellos en donde las iniciativas parecen siempre insuficientes en función del tamaño de las necesidades. Allí nacieron las organizaciones sociales para intentar reconstruir lo que las crisis habían deshecho. Allí intervino el Estado para paliar la emergencia: el Plan Jefas y Jefes en 2002, la Asignación Universal por Hijo de 2009 y el más reciente Salario Social Complementario de 2016 son algunas de las políticas más emblemáticas al respecto. 

Es posible delinear una trayectoria histórica de surgimiento y consolidación de las organizaciones sociales y de reconocimiento por parte del Estado hacia esa población. Ese esquema articulado entre sector público y movimientos populares actuó como un verdadero dique de contención social durante las últimas décadas y a su vez cumplió un rol muy importante durante la pandemia para implementar las políticas y estrategias de asistencia.

Pero el tejido social, productivo y laboral no se está desmembrando únicamente por su parte más delgada. La realidad de los últimos es crítica, pero la de los anteúltimos también es alarmante.

¿Quiénes son “los anteúltimos”? Son trabajadores de hogares pobres o que se encuentran apenas por encima de la línea de pobreza. Qué están por fuera de la cobertura de las normas laborales y la representación sindical. Donde en general no llegó la atención del Estado ni la intervención de las organizaciones sociales. Y que durante la última década atravesaron un proceso de empobrecimiento desprovistos de mallas de contención.

¿Quiénes son “los anteúltimos”? Son trabajadores de hogares pobres o que se encuentran apenas por encima de la línea de pobreza. Qué están por fuera de la cobertura de las normas laborales y la representación sindical.

Durante los últimos años, la mayor parte de la población vio cómo sus ingresos perdían contra la inflación. Sin embargo, es posible identificar algunas diferencias entre los distintos grupos sociales.

A pesar del proceso de recomposición económica y laboral que nuestro país había atravesado desde el año 2002, la situación de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad en 2011 era preocupante. En ese marco, la disminución del 10% de sus ingresos entre ese año y 2021 deterioró aún más la realidad de quienes ya en ese momento tenían muy poco margen para seguir pauperizándose. 

Sin embargo, la pérdida de ingresos de “los últimos” fue más acotada que la del resto de los segmentos poblacionales. Y al menos una parte de ese diferencial puede explicarse a partir del crecimiento que experimentaron los ingresos provenientes de programas sociales entre 2011 y 2021. De modo que el esquema de asistencia social que tanto el Estado como las organizaciones sociales ya habían desplegado en esos territorios logró amortiguar la caída.

“Los anteúltimos” partían de una situación menos dramática, pero tenían aún menos mecanismos para mitigar el impacto de las crisis. Entre 2011 y 2021 sus ingresos se retrajeron 19%. Y si bien en términos proporcionales la caída fue similar a la de los grupos sociales mejor posicionados, ellos tenían mucho menos margen para perder. Una caída de esa magnitud no tiene el mismo impacto entre los sectores más acomodados que entre quienes están apenas arriba o apenas abajo de la línea de pobreza.

Entre las prioridades de las políticas públicas necesariamente se encuentra la alarmante situación de los beneficiarios de programas sociales. Insuficientes, limitados, siempre criticados y sujetos a revisión. Los llamados “planes” son la expresión de esa trayectoria de aprendizaje, reconocimiento y abordaje (siempre incompleto) que el Estado y las organizaciones sociales realizaron durante las últimas décadas para atender la situación de las poblaciones más vulnerables. El otorgamiento de la personería social a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el ya mencionado Salario Social Complementario o la creación del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (RENATEP) son parte de esa incipiente institucionalización, que naturalmente tiene aún un cúmulo de urgencias y necesidades por satisfacer.

Adicionalmente, el deterioro económico de las últimas cinco décadas ha afectado de forma muy marcada a grupos que previamente se encontraban en una situación menos preocupante. Ahí se encuentran “los anteúltimos”. Trabajadores pobres y no organizados. Con inserciones laborales precarias e inestables. Por fuera de los círculos de representación de sindicatos y organizaciones sociales. Y sobre los que el Estado tiene aún pocas herramientas de abordaje.

¿Qué iniciativas debería contener una agenda de políticas para “los anteúltimos”? ¿Se trata de incentivar el crecimiento del sector de la economía formal para que las empresas insertas allí puedan emplearlos? ¿O hay que incentivar su aproximación a la economía popular? ¿Cómo abordar la heterogeneidad de situaciones de ese conjunto? ¿Cómo avanzar en la formalización de las trabajadoras de casas particulares? ¿Qué políticas podrían intervenir sobre la realidad de albañiles, gasistas, plomeros y otros trabajadores independientes informales? ¿La vía de intervención más eficaz por parte del Estado es a través de la provisión de bienes y servicios públicos de calidad? ¿Cuál es la viabilidad y cuáles serían las virtudes de implementar una renta básica o un ingreso universal? ¿Es posible promover la sindicalización de estos trabajadores? ¿Es posible incorporarlos a la negociación colectiva? ¿Cómo y con quiénes discutirían sus paritarias? ¿O por el contrario, como decía un funcionario de Cambiemos, sólo les queda acostumbrarse a vivir en la incertidumbre y disfrutarla? 

Estos interrogantes son parte de los desafíos que supone la necesidad de diseñar nuevas políticas e instituciones en un escenario social sumamente delicado y en un mundo del trabajo en transformación a nivel global.

MM