Los empresarios en la pandemia

Finalmente, en estos días comenzó a llegar a las arcas públicas y a utilizarse parte del dinero del aporte extraordinario a las grandes fortunas que aprobó el Congreso. Todos y todas recordamos los largos meses que insumió el debate y las negativas, las alarmas y las amenazas que lo acompañaron. Primero fueron magnates a título individual: que no, que no les corresponde, que por qué no le bajan en cambio los salarios a los empleados públicos, a los enfermeros y a los docentes (como si no vinieran bajando desde hace cinco años). Cuando el proyecto avanzó en el Congreso les siguieron una a una las cámaras empresarias con declaraciones en contra: la Cámara Argentina de Comercio, el Foro de Convergencia Empresarial, la Asociación Empresaria Argentina. CARBAP incluso amenazó con salir a liquidar activos y hubo llamados similares a la “rebelión fiscal”. Uno de los diputados que impulsó el proyecto debió soportar presiones bajo la forma de un boicot al banco al que pertenece. Aunque no faltaron gritos de alarma por el “populismo” o incluso el “comunismo”, lo cierto es que un impuesto a los más ricos es algo que varios países aplicaron y hasta el FMI recomendaba.

Las actitudes que asumió el empresariado contrastan con el arrebato de solidaridad que parecieron haber sentido bien al comienzo de la pandemia. En marzo de 2020 un grupo de empresarios de primera línea salió a anunciar con bombos y platillos que recaudarían 100 millones de dólares para colaborar con las medidas sanitarias. No se los darían al Estado, por supuesto, sino a la Cruz Roja, que es más confiable. La prensa aplaudió el gesto a página entera. Leyendo rápidamente, en efecto, parecía generoso y desinteresado. Visto más de cerca, sin embargo, hay que decir que era bastante pequeño: sólo los cinco empresarios más ricos de la Argentina poseen una riqueza conjunta de 12.100 millones de dólares. Que esos cinco más todos los demás pongan apenas 100 no parece un desprendimiento demasiado conmovedor. Pero lo más llamativo es que el final ni siquiera se acercaron a esa cifra: seis meses después del anuncio, en su último informe, la Cruz Roja reportó que la colecta había ingresado, en total, menos de 5 millones de dólares (o menos de 3 a la cotización del dólar blue de entonces). Ninguno de los medios de prensa que dio lugar al anuncio inicial hizo un seguimiento de esta noticia. Mejor quedarse con la promesa, antes que con la realidad.

Como sea, el Congreso finalmente estableció que el aporte sería por ley, al Estado, por única vez y pagadero solamente por personas físicas muy ricas (lo que no alcanzaba entonces a las sociedades anónimas locales y transnacionales o a las personas que ocultaron sus capitales). En enero de este año, el Ministerio de Economía calculaba que la recaudación sería de algo menos de 5.000 millones de dólares a la cotización oficial (lo que, por comparación, da una idea de lo irrisorio del “gesto solidario” que los empresarios habían hecho motu proprio). Pero ese monto no iría todo para paliar la pandemia. Aunque esa fue su justificación, la ley establecía que el 25% de lo recaudado volvería a manos de grandes empresarios bajo la forma de subsidios a la explotación gasífera. Otro 20% irá para cubrir los costos salariales de medianos y pequeños empresarios y así evitar despidos. Sólo el 35% va en subsidios directos a las clases bajas y el restante 20% va para vacunas e insumos médicos. 

Así y todo, los alcanzados por la norma la siguen resistiendo. Unos cuantos buscaron cautelares de jueces para no pagar; vencido el plazo hace poco, el 20% no había pagado y la recaudación era la mitad de la esperada. Entre los que sí pagaron, de inmediato empezaron a explorar modos de conseguir una devolución. Es improbable que suceda, pero en Argentina nunca se sabe. 

Durante todo el debate que el aporte suscitó, sin embargo, se perdió de vista una cuestión central. Incluso si se recauda en su totalidad, el aporte que harán (algunos de) los ricos posiblemente no llegue a compensar lo que el Estado pierde –no por única vez, sino cada año– en concepto de evasión impositiva. Algunas noticias recientes sirven para dar una idea de la magnitud del problema. Solamente por el “rulo” de cruzar la soja en camión a países limítrofes y luego “importarla” para su procesamiento y exportación, se calcula que la Argentina perdió 1.900 millones de dólares. Sólo en 2020. Otros 330 millones de dólares se esfumaron ese mismo año en concepto de sobrefacturación de importaciones y subfacturación de exportaciones. En lo que atañe a la carne, hace pocos días elDiarioAR informó que una investigación del fisco descubrió que el 90% de los frigoríficos subfacturan o no declaran, lo que ocasiona otras pérdidas millonarias. Son apenas algunos rubros de comercio exterior de los que hay indicios; faltan los demás y todo lo destinado al mercado interno. 

Los altísimos niveles de evasión no son problema exclusivo de la Argentina. La ONG Tax Justice Network, que se dedica a la cuestión, advierte las sumas astronómicas que cada año pierden todos los estados por causa del desvío de flujos financieros a través de paraísos fiscales. Sólo por ese ítem (que es apenas una parte de la evasión total), calculan que la Argentina pierde de recaudar casi 2.700 millones de dólares cada año. El aporte extraordinario, que irritó a algunos y acaso haya hecho sentir generosos a otros, aparece ciertamente como un módico paliativo frente a esos números. Acaso sería mejor, en lugar de requerir aportes solidarios, pedir disculpas y jurar que será por única vez, encontrar el modo de detener esa sangría constante.

EA