3J- Ni Una Menos Opinión

A siete años: el 3J en clave de 3P

Verónica Camargo, la madre de la adolescente Chiara Páez asesinada hace siete años por su novio en la localidad santafesina de Rufino. El caso motivó la primera marcha del movimiento #NiUnaMenos,

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De manera coloquial, se suele apelar a las 3 P como síntesis de una de las máximas de las tantas dietas (y mandatos patriarcales) que varias mujeres e identidades feminizadas han realizado a lo largo de su vida que consiste en no ingerir pan, papas ni pastas. ¿Acaso la gordofobia aún tan vigente en nuestra sociedad no forma parte de una de las tantas consignas abiertas a deconstruir en el marco de una consigna dinámica y en constante ampliación como encierra el “Ni una menos”? Temática que encara de manera tan clara y ácida Agustina Cabaleiro en su libro “Te lo digo por tu bien: sobre ser gordas y ocupar espacios con libertad”.

Desarmar, deconstruir y destruir estereotipos de géneros -así en plural, sabiendo que el lenguaje no es neutro sino, por el contrario, crea sentido y silencia opresiones- debe ser un objetivo claro en toda línea de abordaje e intervención, tanto en el plano público como privado, a modo de columna vertebral. Como síntesis de esta afirmación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el resonado fallo Manuela contra El Salvador del 02/11/2021 sobre un caso de violencia obstétrica, vincula los estereotipos de género como falta o ausencia de imparcialidad en el razonamiento cuya “creación y uso se convierte en una de las causas y consecuencias de la violencia de género en contra de la mujer, condiciones que se agravan cuando se reflejan, implícita o explícitamente, en políticas y prácticas”. En este contexto, es indudable que otras 3 P: prevención, políticas públicas y presupuesto pensadas en una lógica absolutamente opuesta a las 3 P tradicionales mencionadas, adquieren un rol central.

Imposible no vincular estas afirmaciones con una de las noticias más acuciantes, asfixiantes e interpelativas que ha salido en los últimos días que compromete a la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como es la cantidad de femicidios acontecidos durante el 2021: un total de 251. El dato cuantitativo no por el número en sí, sino por lo que este traduce y encierra en términos humanos: una extinción forzada cada 35 horas. Lo que devuelve el espejo, además, señala que el 81% de estos hechos aberrantes fueron producidos en contexto de violencia “doméstica”; que en el 88% de los casos la víctima directa de femicidio tenía vínculo previo con el sujeto activo tratándose en un 62% de los casos de la pareja o ex pareja de la víctima; que 182 niños, niñas o adolescentes se quedaron sin madres y que “de los 246 vínculos existentes en este Registro, en al menos 123 se presentaron hechos previos de violencia de género/doméstica entre la víctima y el sujeto activo de femicidio, esto es, en al menos 1 de cada 2 vínculos donde hubo un femicidio había antecedentes de violencia de género en el año 2021 en Argentina”. Estos son algunos pocos de los tantísimos datos que surgen de un informe de 333 páginas y hablan por sí solos; habilitando algunas reflexiones generales en el marco de un nuevo 3 J.

El germen del patriarcado está, en gran medida, en las relaciones familiares; en el modo en que se construyen y consolidan los vínculos afectivos y estos con el afuera, un afuera cada vez más complejo cuya diversidad aún no es comprendida en su total dimensión. Es en este sendero que la ley 26.150 de Educación Sexual Integral ha sido una herramienta legislativa -como tantas otras- de gran envergadura: quitar de la “patria potestad” la salud sexual y no reproductiva de lxs hijxs, no solo como consecuencia ineludible de su reconocimiento de los niñxs y adolescentes como sujetos de derecho, sino por las implicancias de educar -en lo más profundo del término- en el cuidado, autonomía y libertad de cuerpos sexuados y situados. En esta reivindicación de los números como muestra de lo que devuelve el espejo social, es interesante destacar una investigación periodística cuyo título decía “Ciudad de Buenos Aires. El 80% de los niños, niñas y adolescentes que denunciaron abusos fue después de tener una clase de ESI en la escuela”. Se trata de una herramienta normativa de gran valor real y simbólico cuya resistencia aún sigue siendo tan significativa como paradigmática: los problemas de no lograr lo obvio en el campo de las políticas públicas. A la par, una ley sancionada en el 2006 que debería ser actualizada a los fines de expresar y sintetizar todos los avances auspiciados por el movimiento social que más ha alzado la voz y ha logrado incomodar en serio en los últimos tiempos como son los feminismos -así en plural-, de allí que varios proyectos de ley intentan teñir de diversidad y laicidad debates que se concentraron en clave binaria/heterosexual/liberal.  

En tren de (re)pensar propuestas para este nuevo 3J alentado por 3P, otro dato que acerca el aludido informe sobre femicidio en la Argentina involucra al (in)servicio de administración de justicia. ¿Cuántos femicidios han sido precedidos por denuncias de violencia de género con la correspondiente intervención judicial? ¿Qué no logra ver, abordar y resolver la justicia en los casos más extremos de violencia de género? ¿Es posible hacer lugar al planteo de un victimario de reemplazar un curso sobre nuevas masculinidades por el pago en dinero ante la falta de disponibilidad de este tipo de recursos para cumplir con un fallo como aconteció en CABA, la ciudad con mayores recursos económicos? No por casualidad la consigna que hoy está en pleno debate y construcción sobre la necesidad y urgencia de una reforma judicial feminista se hizo sentir a raíz del femicidio de Ursula Bahillo y hoy forma parte de una de las tantas banderas del “Ni una menos”.

Un nuevo 3J vuelve a actualizar 3I: inquietudes, impotencias e interpelaciones; como convertir la potencia popular, los cánticos en las calles, el glitter como intervención artística que se traspasa del cuerpo al asfalto en acciones positivas como manda nuestra Constitución Nacional en el art. 75 inciso 23 signadas por las 3P: prevención, políticas públicas (las judiciales incluidas) y presupuesto. En suma, parafraseando a la feminista Tamar Pitch, se trata de seguir animándonos a transitar un camino sinuoso y empedrado en esta búsqueda inclaudicable de transformar las políticas de la victimización a las políticas de la soberanía en clave popular, nacional, democrática y feminista.    

MH

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