TRIBUNA ABIERTA

El salario básico universal es socialmente necesario y fiscalmente viable

Diputado Nacional FDT, economista y Director del OCEPP
El reclamo por un salario básico universal se instaló como una de los principales demandas de los movimientos sociales

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La aceleración de la inflación y las tensiones cambiarias (que ponen aún más presión sobre los precios internos) han agudizado las condiciones coyunturales que justifican la implementación de una política de transferencia de ingresos de amplio alcance.

En ese marco, el debate en torno a la propuesta de establecer un Salario o Ingreso Básico Universal contiene diversas aristas. Una de las cuestiones que surgen más a menudo es la del financiamiento. Aun entre las voces que se pronuncian en favor aparecen cuestionamientos respecto de la posibilidad de financiarlo. Este planteo resulta, en parte, razonable considerando las actuales limitaciones fiscales, impuestas tanto por la restricción externa como por el acuerdo firmado con el FMI. Por eso en este artículo voy a profundizar en este punto.

El costo anual de otorgar un salario o ingreso básico para 7,5 millones personas con un monto igual a la Canasta Básica Alimentaria de una persona adulta (equivalente a la línea de indigencia) es de 1,8% del PIB. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que este programa implicaría una reorganización de las políticas ya existentes de transferencia de ingresos. Por eso, subsumiendo otros programas alimentarios y una porción de las políticas sociales existentes, el gasto adicional al actualmente erogado por el Estado nacional sería de aproximadamente 1% del PIB. Y si además se considera que el nuevo poder de compra inyectado en el mercado genera actividad económica que paga impuestos (lo que se denomina retorno fiscal), finalmente se llega a un costo neto a financiar de 0,7% del PIB.

¿Cómo se podría financiar ese 0,7% del PIB sin recurrir a la emisión monetaria, es decir, sin incrementar el déficit fiscal? Existen varias alternativas que pueden combinarse.

  • Una reasignación más profunda de los subsidios de energía y transporte. Con el 20% de los subsidios de energía y transporte pagados en 2021 -cerca del 0,6% del PIB- alcanzaría para cubrir el 85% del costo neto a financiar. Este monto representa un piso, dado que en 2022 la masa de subsidios se incrementó, por lo que representaría un porcentaje menor del año en curso. Desde ya, esto debería hacerse de forma gradual y de manera inteligente, para que el costo no sea trasladado a un sector de la clase media que ya se encuentra atravesando serias dificultades por el contexto económico.
  • Según la información publicada por la Secretaría de Hacienda de la Nación para el sector público, los salarios superiores a 400 mil pesos brutos al mes de abril de 2022 -sueldos de funcionarios políticos mayormente- representan el 20% de la masa salarial del poder ejecutivo nacional. Si ese monto fuera el tope salarial máximo, se ahorraría aproximadamente el 0,2% del PIB. Esta medida sería éticamente correcta y sería deseable que se implementara en los tres poderes del Estado, tanto en el legislativo que integro como en el poder judicial.  
  • Del mismo modo, es escandalosa la continuidad de la exención del impuesto a las ganancias de la que gozan magistrados y funcionarios judiciales. Solo si se eliminara ese privilegio, el Estado contaría con más recursos por el equivalente a 0,12% del PIB.
  • Si el proyecto de ley que grava rentas inesperadas se aprobara, permitiría recaudar aproximadamente 0,33% del PIB.
  • Cada punto porcentual de incremento en la alícuota de retenciones sobre exportaciones de soja y maíz representa, en conjunto, 0,07% del PIB. Recordemos que, a pesar de haberse duplicado las ganancias, la tasa no se modificó desde que se produjo el notable incremento de sus precios internacionales. 

Las alternativas presentadas suman una masa de recursos que casi duplica el costo neto de un salario o ingreso básico universal para 7.5 millones de personas, lo que habilita a pensar que una combinación de estas medidas, aplicadas total o parcialmente según el caso, alcanzaría para lograr el objetivo de reducir significativamente la indigencia en nuestro país hasta casi eliminarla, sin incrementar el desequilibrio fiscal. Por supuesto, también se podrían pensar otras ideas. De lo que se trata es de reemplazar los “imposibles” prematuros por la búsqueda de alternativas, así como también de fijar prioridades. A pesar de cómo se los quiera presentar, los planes tradicionales de estabilización con ajuste terminaron siempre estallando por los aires con números alarmantes de pobreza y desigualdad. La “estabilización” no puede ser con la gente afuera.

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