Las bandas criminales resisten al encarcelamiento de sus jefes y conmocionan a Rosario con pocos recursos
Patricia Bullrich lo presenta como un líder narco y dice que sus actuales condiciones de detención ejemplifican que ahora el que las hace las paga. Francisco Ezequiel Riquelme, acusado por al menos dos amenazas y por encargar un atentado contra Maximiliano Pullaro, se encuentra en régimen de confinamiento en la cárcel federal de Marcos Paz. Pero, más que las bandas narcocriminales que desvelan a la ministra de Seguridad y al gobernador de Santa Fe, el caso que lo tiene como protagonista expone las características de un crimen precarizado que resiste al encarcelamiento, encuentra jóvenes de refresco para sus filas en los barrios de Rosario y recurre a la violencia armada como medio de resolver conflictos.
Riquelme se hizo llamar “el Pablo Escobar de (el barrio) Empalme Graneros”. La banda que lideraba sobre la base de vínculos familiares y vecinales sufrió un duro golpe en 2022, cuando veintisiete de sus integrantes fueron detenidos después de una investigación de los fiscales provinciales Adrián Spelta y Patricio Saldutti. Entre ese año y 2023 la fiscalía regional de Rosario desarticuló además otras dos bandas, la de Ariel “Viejo” Cantero, el fundador de Los Monos, y la de una franquicia de esta organización encabezada en la calle por Mauro Gerez y dirigida a control remoto por presos de la cárcel de Piñero.
En prisión desde el 3 de abril de 2020, Riquelme se mantiene sin embargo activo. Su método consiste en tener un contacto en la calle con el que se comunica telefónicamente para impartir órdenes. Desde entonces hasta ahora varios jóvenes se sucedieron en esa función y terminaron asesinados o en prisión. El último delegado de Riquelme en las calles de Rosario es C. R. M., el joven de 18 años que se tiroteó con policías el 27 de diciembre y al que le encontraron una nota con amenazas de muerte contra la familia de Pullaro.
Un fiscal de Rosario enfatiza en que la prisión sea federal o provincial no interrumpe el circuito del delito sino que lo realimenta. “La posibilidad de acceder a teléfonos celulares o fijos desde el interior de los penales, así como las visitas que reciben, hace que los miembros de las bandas sigan operando –dice–. Sus integrantes son fácilmente reemplazables porque existe una mano de obra barata entre los jóvenes. Por más personas que detengamos, hay muchas otras disponibles para ocupar sus lugares”, dice el fiscal que intervino en causas resonantes.
La intervención de Bullrich puso el foco en Riquelme, al ordenar su traslado desde Ezeiza a Marcos Paz, y dejó en la sombra el complemento necesario para que un preso pueda ordenar crímenes o balaceras. “Riquelme sigue en actividad por la inexistencia, ineficacia o corrupción de los sistemas de seguridad del Servicio Penitenciario, provincial o federal”, agrega el funcionario rosarino.
La ley de la violencia
La banda de Riquelme tuvo una sede estable en el domicilio familiar de Felipe Moré al 600 bis, zona oeste de Rosario, “y desde ahí se extendió a los barrios Ludueña y Empalme Graneros”, dice el fiscal Spelta. En ese lugar precisamente, y a pedido de la fiscalía de Rosario, fue derribada este jueves una construcción que funcionaba como bunker de drogas.
“A principios de 2021 Riquelme tenía el dominio total de la zona norte de Rosario –explica Spelta–. Sus actividades principales eran la venta de estupefacientes, las extorsiones y los homicidios. No lavaban dinero sino que lo blanqueaban a través de la compra de bienes: un cómplice tenía una concesionaria y les hizo comprar autos, en su mayoría hoy decomisados, a todos los integrantes de la banda”.
La época de bonanza narco concluyó con la competencia por el mercado. “Cuando aparece Gerez empieza la puja por la zona y un enfrentamiento que produjo muchos homicidios. Riquelme respondía a Esteban Alvarado y Gerez tenía la franquicia de Los Monos. Eso termina cuando los metemos presos”, agrega Spelta.
La banda de Gerez se fragmentó dentro de la cárcel en por lo menos tres grupos, por conflictos derivados de su desarticulación. Su forma de llevar la contabilidad era notablemente rudimentaria: un cuaderno donde anotaban los ingresos, como podría hacer un almacén de barrio. La estructura con la que Riquelme ordenó balaceras contra escuelas y comisarías en 2023 resultó a su vez mínima –una persona que recibía sus órdenes y dos soldaditos encargados de los atentados- pero suficiente para provocar un estado de conmoción en Rosario.
El incremento de la violencia en Rosario parece inversamente proporcional a la importancia de lo que se disputa. “A veces cuando se habla de bandas se piensa en Ecuador. Pero estas bandas se pelean por un puesto de venta, ni siquiera por un barrio”, afirma Spelta, quien investigó asimismo el asesinato del niño Máximo Gerez, de 11 años, víctima de un tiroteo entre narcos. Cualquier diferencia se resuelve por las armas: Riquelme ordenó balaceras tanto para protestar contra sus condiciones de detención como para reclamar la devolución de un revólver.
Otra característica del crimen precarizado surge de su dependencia de la cárcel. La costumbre de grabar en video los crímenes o las balaceras, para rendir cuenta a los jefes del cumplimiento de sus órdenes, contribuye involuntariamente a las investigaciones judiciales y suministra pruebas. El teléfono del joven de 18 años detenido con una nota amenazante contra Pullaro proporcionó así los datos de cinco puestos de venta cuya demolición se exhibió esta semana ante los medios.
“Esta es una investigación que tiene que ver con los estándares de la nueva ley de micro tráfico. Es la primera consecuencia seria e importante para los barrios en los cuales tomamos intervención”, dijo el fiscal Franco Carbone en conferencia de prensa. La práctica de demoler bunkers, sin embargo, no es novedosa: entre 2012 y 2014 la llevó adelante el gobierno de Antonio Bonfatti en conjunto con el gobierno nacional, con amplia difusión en los medios y sin efectos en la cadena de la venta minorista de drogas.
El perfil de las amenazas
El gobernador Pullaro atribuye las amenazas al endurecimiento de las condiciones de detención que dispuso para los presos de alto perfil en la provincia. Esta fue una promesa de campaña y una de sus primeras medidas, anunciada el 12 de diciembre como “la restitución de los pabellones de alto perfil para jefes narcos y sicarios en las unidades penitenciarias provinciales”.
Hasta el cierre de esta nota el gobernador recibió cinco mensajes intimidatorios, los últimos pintados con aerosol en la vereda de una escuela y en el acceso a un centro de salud. La situación de los presos de Piñero es aludida en esos mensajes, que además dejan el interrogante respecto a la actuación de la policía en el control de la calle, otra promesa del gobernador
El Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia difundió el traslado de presos de alto perfil con publicaciones en redes sociales que evocaron las prácticas punitivas del presidente Nayib Bukele en El Salvador: presos a medio vestir que desfilan cabizbajos y zamarreados por guardias ante la mirada atenta de altos funcionarios o se exhiben hacinados en el piso de lugares que parecen desprovistos de mantenimiento.
La secretaria de Asuntos Penitenciarios, Lucía Masneri, y el concejal socialista Federico Lifschitz, ahijado político de Pullaro, participaron en requisas de presos y el gobierno lo difundió en sus redes. Las imágenes de los presos de alto perfil mostrarían el orden finalmente recuperado en las cárceles de Santa Fe. “Preferimos no hacer más declaraciones al respecto salvo que exista alguna pregunta en alguna actividad pública”, dijo el vocero de prensa del Ministerio, consultado para esta nota.
Los pabellones de alto perfil ya existían sin embargo bajo la administración de Omar Perotti. De hecho Riquelme compartió una de esas unidades con otros referentes criminales en Piñero –y encontró un nuevo socio entre ellos, Alejandro Isaías Nuñez–, hasta que fue trasladado a la cárcel de Ezeiza. Tampoco es afectado directamente por las disposiciones del gobierno provincial, ya que está en una prisión federal.
La introducción de escáneres para el control de las visitas, a principios de 2023, provocó la resistencia de algunos presos. Riquelme ordenó balaceras contra el Complejo Penitenciario de Rosario, una comisaría y varias escuelas donde sus emisarios dejaron notas dirigidas al director y al subdirector de la cárcel de Piñero para que hicieran vista gorda en las requisas. Dentro de la cárcel, amenazó y provocó temor entre los guardias: “nadie quiere hablar y muchos tenemos miedo”, confesó el celador de un pabellón en la investigación del Ministerio Público.
El 22 de diciembre, Riquelme amenazó a guardias del Servicio Penitenciario, en Ezeiza, después que prohibieran el acceso a una visita y les dijo que miraran la televisión porque iba a encargar un tiroteo contra una comisaría. Cinco días después hubo una balacera contra el frente de la comisaría 19, por la que fue imputado, con un mensaje dirigido a un preso de Piñero, un antiguo rival en la disputa barrial.
“Desde la instalación de escáneres los teléfonos solo pueden ser ingresados de dos maneras a la cárcel: con personas que no son revisadas, por ejemplo, embarazadas o pacientes oncológicos, o por los propios celadores, aunque también son revisados”, dice el fiscal rosarino que pide reserva de identidad. El tráfico de celulares prosigue.
La política boba
Como trasfondo de la situación se extiende el programa de reformas de la seguridad y la Justicia penal que impulsa el gobierno de Pullaro. La mayoría de Unidos para Cambiar Santa Fe en diputados y senadores de la provincia le permitió la sanción exprés de una nueva ley orgánica del Servicio Penitenciario, la adhesión a la desfederalización de la ley de estupefacientes (ley de narcomenudeo), la reforma a la ley del Ministerio Público de la Acusación y la formulación de una ley de inteligencia.
Según un informe publicado el 20 de diciembre por el programa Abrir la prisión de la Universidad Nacional del Litoral “en los últimos tiempos se ha producido un impresionante crecimiento de la población encarcelada en la provincia de Santa Fe, alcanzando en 2022 la tasa de encarcelamiento de 263 personas privadas de su libertad cada 100.000 habitantes, 125% mayor que la de 2008”. El incremento de la población encarcelada no sería sin embargo una consecuencia indeseada sino un objetivo del gobierno provincial, si se tiene en cuenta que Pullaro alienta la construcción de una cárcel de 3 mil plazas “para narcos y sicarios”.
Juan Lewis, ex ministro de Justicia de la provincia durante el gobierno de Antonio Bonfatti, cuestiona la Ley de Ejecución de penas, otra norma de reciente sanción: “Desde su propio articulado admite la posibilidad de que haya sobrepoblación carcelaria. Todos los tribunales internacionales han definido que la sobrepoblación carcelaria es un trato cruel, inhumano y degradante. Si sucede, lo que debe prever una ley no es la forma de consolidarla o de incorporarla a la normalidad sino cómo evitarla. Esta ley viene a naturalizar el problema, regulándolo”. La ley orgánica del Servicio Penitenciario, por otra parte, “en alguna medida es una superación de la anterior y un reconocimiento de muchas cuestiones, pero no avanza en organizarlo de otra manera o en fortalecer su aspecto resocializador”.
Otro conjunto de reformas propuestas por el Poder Ejecutivo provincial al Código Procesal Penal de la provincia serán tratadas en febrero. Entre otras disposiciones incluyen la ampliación del plazo de detención sin audiencia imputativa; la posibilidad de que los fiscales mantengan detenidos a los ciudadanos por 30 días sin informarles por qué se los investiga; la sustitución de la audiencia imputativa por una formalización sintética de cargos. “Es una política criminal boba que llenará las cárceles de perejiles y soldaditos”, advirtió en diciembre ante los legisladores Julián Alfie, subdirector del Inecip (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales).
Las reformas que alienta Pullaro en Santa Fe sintonizan con las de Patricia Bullrich para el Gobierno nacional. La diferencia consiste en que mientras la ministra retrocede en algunas propuestas ante los cuestionamientos de la oposición, el gobernador de Santa Fe tiene el camino allanado para convertir en ley su programa por simple mayoría parlamentaria.
OA
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