Comenzó la audiencia convocada por la Corte para resolver el conflicto entre Nación y CABA por la coparticipación
La Corte Suprema de Justicia inició este jueves la audiencia con el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para dirimir el diferendo entre la Ciudad y la Nación por los fondos transferidos por el mantenimiento de la Policía durante la administración de Mauricio Macri.
El encuentro se desarrolla en el salón Bermejo del Palacio de Tribunales ubicado en el macrocentro porteño y busca una salida negociada al amparo presentado por el Gobierno de la Ciudad contra el decreto del presidente Alberto Fernández en el que se definió que los fondos otorgados durante el macrismo por el traspaso de la Policía a la administración porteña habían sido superiores a los necesarios y, por consiguiente, los redirigía hacia la provincia de Buenos Aires.
Si el proceso de diálogo y negociación fracasa, el alto tribunal deberá definir aunque sin plazos para hacerlo.
De Pedro está acompañado por la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, un representante político del Ministerio de Economía y dos abogados.
La audiencia, que tiene lugar en el Palacio de Tribunales, se limita a la Ciudad y la Nación, por lo que no se admitió en esta oportunidad la participación de los llamados “amigos del tribunal” (amicus curiae) que la Corte suele aceptar en otras audiencias de este tipo, informaron fuentes judiciales.
La delegación porteña, además de Rodríguez Larreta, incluye al jefe de Gabinete, Felipe Miguel; al ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D'Alessandro, y al procurador del distrito, Gabriel Astarloa, informaron a Télam desde el Ejecutivo porteño.
En el encuentro están presentes los cuatro ministros del máximo tribunal, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.
A través de la red social Twitter, ayer 'Wado' De Pedro aseguró que asistirá a la convocatoria del máximo tribunal “para defender la posición de las provincias argentinas y las normas que nos permitan seguir construyendo un país federal y sin privilegios”.
“Voy con la expectativa de un diálogo sincero en base a datos concretos”, expresó De Pedro.
Qué se discute
La primera causa fue iniciada en septiembre de 2020 por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al interponer una acción de amparo contra el decreto 735 firmado por el presidente Alberto Fernández que dispuso un recorte en la coparticipación. En esa oportunidad la administración que encabeza Rodríguez Larreta reclamó que se declare la ilegitimidad de la norma dictada por el Poder Ejecutivo Nacional por considerar que dispuso “una reducción unilateral del porcentaje de coparticipación federal”.
El gobierno porteño solicitó a la Corte que ordene restablecer “en forma inmediata” su derecho a percibir el porcentaje de participación en el reparto de los impuestos coparticipables equivalente al 3,5 por ciento originado en el llamado “Consenso Fiscal”, celebrado durante la presidencia de Mauricio Macri.
CABA fundó su reclamo en la “arbitrariedad e ilegitimidad manifiesta” que atribuyó a la norma dictada por el Presidente y además hizo una reseña de todos los antecedentes del régimen de coparticipación. En ese sentido, destacó principalmente cómo el gobierno nacional fue aumentando a través de los años el porcentaje que le correspondía a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por las funciones que la administración porteña debe brindar en materia no federal, como por ejemplo, seguridad, salud, educación y vivienda, entre otras, al punto de haber alcanzado el 3,75% en 2016 y luego reducido al 3,5% en 2018.
El gobierno porteño sostuvo en su presentación que a partir de 1994 adquirió un nuevo estatus jurídico -asimilable al de las provincias, según jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- circunstancia que impide que el Estado Nacional de manera unilateral modifique el porcentaje de coparticipación sin el acuerdo previo de la Ciudad. Esto afectaría su autonomía.
Por su parte, el Estado Nacional alegó que CABA no tiene un estatus jurídico equivalente a una provincia, sino que es una “ciudad constitucional federada”, por lo que no resultan aplicables las reglas de acuerdos previos en los que se requiere la conformidad para modificar la coparticipación.
Con información de agencias.
IG
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