La crisis del PAMI acelera una “provincialización” de hecho del sistema de salud

La crisis del PAMI empezó a desbordar el perímetro de la obra social y ya impacta de lleno en las provincias, donde los gobernadores comenzaron a encender señales de alarma frente a un fenómeno que combina presión sanitaria y tensión fiscal. Lo que hasta hace semanas aparecía como un problema acotado a la relación entre el organismo y sus prestadores hoy escala a un conflicto político más amplio: las jurisdicciones absorben cada vez más demanda sin que la Nación acompañe con recursos en la misma proporción.

En paralelo, el conflicto sumó en los últimos días un capítulo gremial que expuso el deterioro del sistema: el paro de médicos de cabecera durante 72 horas dejó al descubierto las dificultades para sostener la atención básica y tensionó aún más la relación entre la obra social más grande país y su red prestacional.

En distintas provincias se repite la misma escena, con jubilados que no consiguen turnos o cobertura efectiva en el circuito del PAMI terminan recalando en hospitales públicos. El efecto es acumulativo. En algunos distritos, una porción significativa de los afiliados ya se atiende en el sistema estatal, que empieza a saturarse y a reorganizar sus prioridades. No es solo un problema de volumen, sino de complejidad ya que aumentan las internaciones y los tratamientos de alto costo y las cirugías deben ser absorbidas por estructuras que no estaban diseñadas para ese nivel de demanda. Incluso en distritos con sistemas relativamente robustos, los equipos sanitarios empiezan a advertir sobre la dificultad de sostener ese ritmo sin resentir otras prestaciones.

Ese corrimiento ya empezó a tener nombres propios. El cordobés Martín Llaryora fue uno de los que salió a plantearlo con mayor dureza en los últimos días, en medio de una escalada de reclamos por deudas y prestaciones impagas. “No puede el PAMI estar abandonando a los abuelos, dejándolos en este estado”, se quejó el gobernador durante la presentación de un programa de capacitación provincial. A ese malestar se sumaron otros gobernadores, como el tucumano Osvaldo Jaldo, configurando un frente incipiente que empieza a incomodar a la Casa Rosada. Detrás de esos planteos hay un diagnóstico compartido: la Nación descarga sobre las provincias una responsabilidad que le es propia, sin un esquema claro de compensación. En ese marco, el reciente desembolso que rondó los $150.000 millones para cancelar parte de la deuda con prestadores funcionó como un alivio parcial para el PAMI, pero no logró revertir el malestar ni modificar la dinámica de fondo.

En ese contexto, la idea de “provincializar” el sistema de salud —que circula en los equipos de Federico Sturzenegger y Mario Lugones— deja de ser una hipótesis teórica y empieza a leerse como una dinámica en marcha. No necesariamente como una reforma formal, sino como un proceso de hecho. Nación se repliega en su capacidad de financiamiento y control, y las provincias quedan como última instancia de respuesta. En ese marco, los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso refuerzan esa lectura: en el primer trimestre, los fondos destinados a prestaciones del PAMI registraron una caída real interanual del 41,3%, en línea con el ajuste general del gasto. El conflicto con los médicos de cabecera, además, dejó expuesta la dificultad del PAMI para sostener un modelo de atención primaria que ordene el acceso al sistema.

El problema es que ese desplazamiento no viene acompañado de un rediseño del esquema de recursos. El PAMI arrastra un cuadro de desfinanciamiento que se agravó en el último tiempo, tanto por decisiones de política fiscal como por cambios en sus fuentes de ingresos. A la par, el endurecimiento de controles y la redefinición de prestaciones reducen la capacidad del sistema privado para absorber la demanda, lo que acelera el traslado hacia el sector público. Aun con la recomposición parcial de pagos en marcha, en el sector advierten que la cadena de prestaciones sigue frágil y que muchas clínicas y profesionales operan con márgenes mínimos.

Así, el conflicto deja de ser sectorial y se vuelve federal. Las provincias no solo discuten el impacto sanitario, sino también el costo político de sostener un sistema que, en los hechos, empieza a reconfigurarse sin coordinación. En la Casa Rosada hablan de normalización y de ordenamiento progresivo, pero en el interior la lectura es otra: la de un Estado nacional que ajusta y un entramado provincial que amortigua, con recursos propios, las consecuencias de ese ajuste. La tregua financiera que buscó instalar el Gobierno en la última semana aparece, en ese sentido, más como un intento de ganar tiempo que como una solución estructural.

Desde el propio PAMI, sin embargo, buscan bajar el tono del conflicto. Su titular, Esteban Leguizamo, relativizó la gravedad del momento y aseguró que no se trata de una crisis. “Quiero llevar tranquilidad a todos nuestros afiliados de que no hay corte de servicios y que la prestación sigue en forma normal”, apuntó esta semana. La distancia entre ese diagnóstico y lo que empiezan a mostrar las provincias, sin embargo, deja expuesto el núcleo del problema: un sistema que, aun cuando niega su crisis, ya empezó a redistribuir sus costos.

PL/CRM