Mientras sigue los juicios por Indalo, Cristóbal López afirma haberse retirado del negocio del juego
El empresario Cristóbal López espera para este 2021 un veredicto en el juicio del caso Oil Combustibles, pero aún quedarán pendientes el concurso de acreedores de esa petrolera (con una eventual extensión de quiebra a firmas asociadas y a su persona) y dos juicios penales por los casos Los Sauces y Cuadernos, informaron a elDiarioAR fuentes judiciales con acceso directo a los expedientes y su defensa.
Aunque fue noticia en los últimos días a raíz de la adjudicación de licencias del juego online en la provincia de Buenos Aires, su abogado penalista, Fabián Lértora, dijo a este medio que “López vendió su participación accionaria en las empresas de apuestas a uno de sus socios, Ricardo Benedicto”, por lo que sostiene que no fue beneficiado por la medida. La venta se habría pactado por casi US$100 millones, pero la Justicia se lo embargó.
Esta semana, trascendió que el 29 de diciembre el gobierno de Axel Kicillof finalizó el proceso de adjudicación del negocio del juego online que había comenzado María Eugenia Vidal durante su gestión. Según el boletín oficial bonaerense, la explotación del juego electrónico quedó en manos de 7 grupos empresarios, entre ellos Binbaires, en la que López asegura que ya no forma parte. Otros beneficiados por la decisión de Vidal y Kicillof fueron las alianzas que integran Daniel “Tano” Angelici, la empresa Boldt; el empresario del juego Daniel Mautone; y los exsocios de López asociados en Binbaires SA. Todos formaron uniones transitorias de empresas con firmas extranjeras, por disposición del Gobierno bonaerense.
El desprendimiento del negocio del juego, según el abogado de López, fue a partir de 2016, cuando el caso Oil Combustible llevó a López a vender sus acciones en dos empresas en pos de “no perjudicar” a sus socios en ese sensible negocio. También renunció a sus cargos en los directorios de Casino Club SA e Inverclub SA (a través de la cual integraba Binbaires, que explota tres bingos bonaerenses). Estas empresas no formaban parte del Grupo Indalo, por lo que no fueron alcanzadas por la crisis provocada por el caso Oil, explicó su abogado.
Según otra fuente de la sociedad comercial que integraba López, el otrora “zar del juego” y sus hijos vendieron su 30% en Inverclub SA a Benedicto, por más de US$38,6 millones, en cuotas anuales. Fue en junio de 2016 y la fuente sostiene que la operación quedó registrada en el Libro de Registro de Acciones de la empresa.
La operación fue aprobada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, según la fuente de la sociedad, el 31 de octubre de 2016. En 2017, Benedicto solicitó suspender los pagos a López por el plazo de 180 días, cuando el gobierno de Mauricio Macri anunció que subiría la alícuota del impuesto a las ganancias a las apuestas y por una “deuda histórica” de la sociedad con el fisco porteño por ingresos brutos. Para abril de 2018, Benedicto supuestamente habría pagado a López unos US$11 millones de los US$38,6 millones acordados, según la misma fuente, quien no pudo actualizar la información, por el momento.
En Casino Club SA, López concretó la venta de sus acciones y las de sus hijos (tenían el 28% en total) en otros US$60 millones, en seis cuotas anuales, según la fuente consultada. La sociedad fue vendida a Inverclub SA en octubre 2017. El trámite se presentó también ante Defensa de la Competencia, pero en este caso la fuente no pudo confirmar si la operación fue finalmente aprobada. La primera cuota que López debía recibir fue de unos US$5 millones y la segunda, en abril de 2018, estaba estipulada en US$12,7 millones.
Sin embargo, el dueño del Grupo Indalo supuestamente no pudo percibir el resultado de la venta de esas acciones a su socio, explicó su abogado ante la consulta. Las cuotas que cobró quedaron embargadas por la Justicia federal, dijo su defensa y aclaró que consta en el expediente que entonces llevaba adelante el juez Julián Ercolini.
El día después del juicio
El principal caso contra López es el de Oil Combustibles, dividido en dos frentes: el penal y el comercial. El expediente que tramita en el fuero de criminal federal es por presunta “defraudación agravada” por el no pago al fisco de $8.000 millones del impuesto a los combustibles líquidos entre 2013 y 2015. El juicio oral y público, que comenzó en junio de 2019 en Comodoro Py 2002, se espera que finalice cerca de la feria de invierno de este año. Aún restan escuchar a algunos de los principales testigos del fisco y a los ofrecidos por las defensas. Los pronósticos son grises.
En 2020, el aislamiento por la pandemia sorprendió al dueño del Grupo Indalo en una de sus propiedades en Comodoro Rivadavia, Chubut. Desde entonces, siguió las audiencias del juicio oral y público por el caso Oil. Su abogado penalista informó que el empresario sigue allí, donde nació un imperio que hoy está embargado, vendido o en concurso de acreedores.
El caso fue impulsado en 2016 por la gestión de Alberto Abad en la AFIP, tras la llegada de Mauricio Macri a la presidencia. Les costó la libertad a López y a su entonces socio Fabián De Sousa, que recuperaron en 2019, y la inestablidad de su emporio económico: el Grupo Indalo. También, asegura Lértora, empujó a quien entonces era conocido como “el zar del juego” a resignar su participación en el negocio de los casinos, bingos y apuestas con el que había hecho pie tanto en jurisdicción nacional bajo gobierno de los Kirchner, como en la Capital Federal, con Mauricio Macri, y en otras provincias.
La defensa cree que tiene chances de demostrar que no habrían existido delitos por parte de las autoridades y accionistas de Oil, y que el proceso por el cual llegó a juicio, impulsado por la AFIP, estuvo viciado por supuestas irregularidades. Será el Tribunal Oral Federal 3 el que deba determinarlo. La fiscalía de juicio, a cargo de Juan García Elorrio, impulsa el caso y viene sosteniendo la acusación que, en parte, se basa también en que López y su socio De Sousa habrían destinado los fondos que debían utilizarse para cancelar los planes de pagos de la AFIP para otro fin: capitalizar a sus propias empresas y ampliar su grupo económico, por ejemplo, mediante la compra del canal de noticias C5N y Radio Diez al empresario Daniel Hadad, entre otros activos en medios que fue tomando Indalo.
Muy cerca de López dijeron a este medio que la prioridad en el frente penal es ganar el juicio de Oil y, si consiguen un veredicto a su favor, recién entonces planificar los pasos a seguir para intentar recuperar sus empresas. El caso comercial, donde se dirime el concurso de acreedores del Grupo Indalo tiene varios puntos en contra de López. “Esto es paso a paso”, dijo la fuente.
El empresario es testigo en otro expediente penal federal que está en plena investigación, a cargo de la jueza María Servini y en el que López declaró que Macri lo habría presionado para que sus medios de comunicación en una supuesta campaña mediática para “meter presa a Cristina Fernández de Kirchner”.
El empresario sostiene que, al negarse a la presión, el Gobierno de Macri habría instrumentado una embestida para “desapoderarlo” de sus empresas, a partir del caso Oil, que incluiría, su alejamiento del negocio del juego, dicen cerca de López. En el gobierno de Cambiemos, siempre negaron esas acusaciones. En la causa, Servini busca acceder y analizar la totalidad de las llamadas de los teléfonos del expresidente Macri.
Frente comercial
La causa en el fuero comercial y el concurso de acreedores está íntimamente ligada al juicio penal. Los bienes de Oil están embargados y el resto del Grupo Indalo está en concurso de acreedores. El caso podría derivar no sólo en la imposibilidad de recuperar su emporio sino en que, de decretarse la quiebra, ésta se extienda a López y sus bienes personales. Pero será en un plazo no inmediato, aclaró una fuente judicial del caso.
Entre las últimas novedades, hubo dos fallos de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial en diciembre sobre cuestiones puntuales del expediente. La fiscal general Gabriela Boquin había solicitado que el tribunal ordenara recolectar nueva prueba para establecer en qué fecha exacta comenzó la cesación de pagos de Oil a la AFIP, ya que consideró que no estaba establecido claramente.
La medida de la fiscal implicaba realizar una auditoría de los planes de pagos que podría ampliar eventualmente las responsabilidades de funcionarios del fisco, según una fuente judicial con acceso directo al expediente. La Cámara negó esa petición y estableció que Oil entró en cesación de pagos supuestamente en junio de 2011, desde su creación, según publicó La Nación. López y De Sousa sostienen que la cesación de pagos comenzó en 2016, durante la gestión de Abad.
La Cámara también confirmó en diciembre el desplazamiento de los síndicos por haberle entregado el legajo con toda la documentación original de la AFIP a un abogado de López y De Sousa. El legajo desapareció y ahora debe ser reconstruido, confirmó una fuente de la causa.
Los Sauces
El caso por supuesto lavado de dinero de la corrupción se centra en los alquiler que López y De Sousa pagaron a la familia Kirchner mientras accedían a contratos con el Estado. La causa está elevada a juicio oral y público, aún sin fecha de inicio y con un peritaje pendiente que solicitaron las defensas, confirmó una fuente judicial del expediente.
Es uno de los casos más sensibles para la vicepresidenta Cristian Fernández de Kirchner, ya que sus hijos Florencia y Máximo (jefe de la bancada oficialista en Diputados) están procesados en el expediente por sus roles (muy distintos uno de otro, según los acusadores y las defensas) en el manejo de la empresa Los Sauces SA, que administraba un hotel boutique en El Calafate.
Tanto para los empresarios como para los Kirchner el origen del dinero y de la prestación de los alquileres no es ilícito y por ende, sostienen, no habría habido maniobra de lavado.
Cuadernos
Sobre López y De Sousa pesan dos acusaciones derivadas de las investigaciones de los cuadernos de las coimas. Uno de los expedientes está elevado a juicio oral y público, aún sin fecha de inicio, y es por supuesto cohecho a los Kirchner para acceder a contratos de obra pública, según la acusación que consta en el expediente. Ambos negaron esas acciones, al igual que la vicepresidenta.
En el segundo expediente, los empresarios fueron procesados por el fallecido juez Claudio Bonadio por una supuesta maniobra de lavado de dinero, junto a otros imputados, en la compra de departamentos en el edificio de Recoleta donde vive la vicepresidenta Fernández de Kirchner. La Cámara Federal revocó esos procesamientos y los acusados están con falta de mérito, confirmó una fuente judicial con acceso al expediente.
El acueducto
López y De Sousa fueron procesados por el juez Bonadio por supuestas irregularidades en la construcción de un acueducto en Chubut y Santa Cruz, entre el Lago Musters (Comodoro Rivadavia) y Rada Tilly (Caleta Olivia). Fueron acusados de presunta “defraudación contra la administración pública” en el periodo de entre 2013 y 2017, según el expediente.
La investigación se abrió en 2017, a raíz de una denuncia de la Oficina Anticorrupción y se basó en un informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) que planteó que la constructora de los empresarios, CPC SA, habría sido favorecida con la licitación de manera irregular y que la obra no se concluyó, según la denuncia.
El caso está siendo revisado en la Sala I de la Cámara Federal y se espera que se dé a conocer el fallo después de la feria de enero, informó una fuente del tribunal.
ED
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