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Cuando entran por la ventana los primeros acordes de Aurora, la canción a la bandera, Sergio Berni manotea una campera y sale disparado de su despacho, un tráiler de camión acondicionado como oficina, en un extremo de Puente 12, la base policial en la que se instaló el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires desde el inicio de la pandemia. A paso ligero, se ubica en el centro de un grupo de policías con uniforme de fajina, formados frente a un mástil, al borde de la autopista Ricchieri, en La Matanza. Como todas las mañanas, a las 8, participa de la ceremonia de izamiento, rodeado de los funcionarios de más alto rango de su ministerio. De regreso en su despacho, sonríe: “Es la mejor forma de ordenarlos para empezar el día”.

La escena parece sacada de uno de los spots institucionales del ministerio, que Berni difunde a diario en sus redes sociales. “Gestión basada en hechos reales”, es el remate común de esas piezas de formato publicitario, que, con lenguaje callejero y música épica, combinan imágenes de allanamientos policiales, plantaciones caseras de marihuana desbaratadas y del propio ministro en acción, con chaleco antibalas y arma en mano durante un operativo, o haciendo abdominales, después de haberse recuperado del coronavirus. La construcción de la imagen del funcionario, el ministro que mejor mide en las encuestas sobre los gabinetes nacional y bonaerense, se convirtió en política de estado.

Con el desafío de domar una policía de 90.000 integrantes y una tendencia histórica al autogobierno, Berni encabeza una gestión hiperquinética, atravesada por la pandemia y los tironeos políticos. En una apuesta por concentrar poder y lograr una conducción centralizada, creó 41 estaciones de policía departamental en el Gran Buenos Aires y en las ciudades más grandes del interior, duplicó la estructura administrativa del ministerio, con la creación de 109 cargos adicionales, y casi triplicó el plantel de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), una tropa especial, creada en 2017, que Berni conduce casi sin intermediarios y define como la “columna vertebral” para la reforma de la policía bonaerense. 

Después de un año y medio de gestión, el ministerio ya cuenta con resultados verificables: en 2020, el delito se redujo un 15,8% respecto de 2019, según datos de la Procuración General de la provincia, en línea con una tendencia nacional de disminución del crimen por efectos de la cuarentena. La caída fue más pronunciada, del 33,4%, entre marzo y junio del año pasado, los meses de aislamiento más estricto. Pero en la provincia la reducción se sostuvo en los meses previos y posteriores a esa etapa, con un descenso del 8,7% de las investigaciones penales preparatorias (IPP), la unidad de medida de los informes de la Procuración. 

La provincia alcanzó la mayor cantidad de presos y de sobrepoblación carcelaria en penales y comisarías de toda la historia de la provincia, lo que le da a Buenos Aires la tasa más alta de prisionalización de todo el país.

Los primeros 18 meses de gestión acumulan otras cifras más impactantes. Se alcanzó la mayor cantidad de presos y de sobrepoblación carcelaria en penales y comisarías de toda la historia de la provincia, lo que le da a Buenos Aires la tasa más alta de prisionalización de todo el país. Pese a la reducción del número de operativos antinarcóticos, en 2020 se batió otro récord, el de decomiso de plantas de marihuana: 14.208 unidades, casi el doble que el año anterior, según datos del ministerio. 

“Resolvimos el 95% de los delitos graves y cumplimos todas las metas, en especial, la reforma policial”, dice Berni, y acaricia a la pasada a Bona, su perra policía, a la que bautizó así en homenaje a la policía bonaerense. “Tenemos 38 centros de entrenamiento, donde se entrenan 78.000 policías. Antes practicaban tiro una vez al año, ahora una vez al mes. Y si tiran mal, van una vez cada 15 días”, agrega, y enfatiza que el corazón de la reforma es el “desarrollo de una doctrina”, que unifique las acciones de la policía en toda la provincia, y que imponga una dinámica de “mando, comando y control”, una noción que tomó del mundo militar, del que formó parte hasta 2016, cuando Mauricio Macri lo pasó a retiro. 

En el despacho-tráiler de Puente 12 hay dos bustos pequeños de Perón y de Eva Perón, y fotos de Berni con su mujer, Agustina Propato, senadora bonaerense, con Cristina Kirchner y con Axel Kicillof. Sobre un aparador, justo frente a su escritorio, sobresale una imagen: es una foto cortada a la mitad, que muestra de un lado al ministro y del otro una frase: “Acá había un traidor a la Patria”. Berni se niega a revelar la identidad de la figura eliminada. “Es un dirigente importante, de mucho peso nacional”, dice, pícaro, con una media sonrisa. Esa misma mañana dirá en la radio que no cree que vaya a ser candidato en las próximas elecciones porque tiene “muchas diferencias con el gobierno nacional”.

Los intendentes dicen que les faltan policías, algo en lo que Berni no podría estar más de acuerdo: “La bonaerense necesita 300.000 agentes para cubrir toda la provincia”.

El punto de inflexión en la disputa entre Berni y la Casa Rosada se produjo en abril de este año. Harto de los desafíos públicos del ministro y presionado por los intendentes, Alberto Fernández instruyó a su ministra, Sabina Frederic, para que elevara de 4.000 a 5.000 los efectivos de Gendarmería y Prefectura destinados a reforzar la seguridad en el Gran Buenos Aires. Le indicó que coordinara su ubicación de manera directa con los jefes comunales, sin la intervención de Berni. Hizo lo mismo con la mayor parte de los $10.000 millones que destinó a la provincia para la compra de patrulleros y equipamiento, la primera entrega de un plan de casi $38.000 millones, más de un cuarto de los $145.000 millones que presupuestó la provincia para el rubro seguridad en 2021. 

Obligados a hacer equilibrio, los intendentes se quejan en privado, mientras gestionan más recursos para sus municipios. Dicen que les faltan policías, algo en lo que Berni no podría estar más de acuerdo: “La bonaerense necesita 300.000 agentes para cubrir toda la provincia”. Un jefe comunal peronista describe la relación con el ministro: “Es una referencia fuerte y eso ordena, pero hay una tensión constante. Él quiere centralizar y nosotros descentralizar. Nos fusionó las policías locales, quiere controlar todo, desde los gendarmes hasta los agentes de tránsito”. En la oposición hay miradas disímiles. Un intendente del interior lo reivindica: “Es un elefante en un bazar, pero te responde el teléfono a cualquier hora y te soluciona, y eso no lo hace cualquiera”. Un dirigente del sur del conurbano advierte que la creación de las estaciones de policía, que reúnen bajo una misma jefatura todas las ramas de la fuerza que trabajan en un mismo distrito, no contribuyeron a una mejor coordinación: “Berni tenía la idea de darle más poder a la política, pero se quedó a medio camino”.  

Antes de avanzar en las gestiones con los intendentes, el Presidente había hecho tres intentos por desplazar al ministro. El último, en marzo de este año, cuando Berni increpó al secretario de Seguridad de la Nación, Eduardo Villalba, después de la resolución del caso M, el secuestro de una nena de 7 años. Chocó siempre contra la negativa de Kicillof y de la vicepresidenta. “Ella confía mucho en Sergio y se mete solo cuando es necesario, lo que no quiere decir que no le traiga dolores de cabeza. Él tensa, pero al final se ordena”, cuenta un dirigente del cristinismo. Berni tiene, en cambio, una relación tirante con Máximo Kirchner, al que atribuye el trato injusto que, está convencido, sufrió en el último armado del PJ bonaerense.     

Un funcionario del gobierno nacional, muy enojado por la continuidad del ministro, ensaya una explicación: “A Cristina le gusta conducir transgresores, gente que solo le responde a ella. Los ultra le sirven para tener una posición más de centro”. Para un dirigente kirchnerista que gobernó en el conurbano, la supervivencia de Berni responde, en la antesala de las elecciones, a un cálculo político de costo-beneficio: “Se carga el tema de la seguridad, evita que se genere la idea de que no nos ocupamos de un problema grave y hace que Axel no tenga que hablar de la cuestión, que nadie lo putee. Tenés un quilombo a las 3 de la mañana y él está. Cae en moto, en paracaídas, está. Funciona como un amortiguador. Interpela a un sector de la sociedad al que nosotros no llegamos. Tiene un discurso peligroso, de criminalización del conflicto social, pero eso no nos lesiona, porque no hegemoniza el Frente de Todos. No vamos a bajar la edad de imputabilidad porque lo pida Berni”.

El apoyo sin fisuras de Kicillof, dicen en el entorno del gobernador, se sostiene en los resultados de la gestión. Destacan que, en línea con la caída general del delito en la provincia, la reducción del crimen en el conurbano, la región del país que más se empobreció durante el año pasado, fue del 14,7 por ciento. En el mismo período, los homicidios dolosos crecieron menos del 1% en toda la provincia, muy por debajo del aumento del 22% registrado en la Ciudad de Buenos Aires, según el Mapa del Delito que el gobierno porteño presentó en abril. Los homicidios en ocasión de robo, los únicos que se pueden vincular de manera directa al delito, bajaron un 9% en la provincia. 

Otro rubro que cayó en 2020 fue el de infracciones a la ley de drogas, un 23,3%, según datos de la Procuración, que encabeza Julio Conte Grand. Un informe de Seguridad detalla que los operativos antinarcóticos disminuyeron un 43% el año pasado y los kilos de marihuana decomisada, un 35%. Sin embargo, la cantidad de plantas de cannabis secuestradas aumentó un 82%. A contramano de las advertencias públicas de Berni sobre el crecimiento de la delincuencia juvenil, las investigaciones por delitos cometidos por menores de 18 años cayeron un 31,2% y representaron apenas el 2,2% del total de IPP. “Esperen las estadísticas de 2021”, responde el ministro. 

Las cárceles bonaerenses registran una sobrepoblación de más del ciento por ciento y un índice de prisionalización de 330 presos cada 100.000 habitantes, muy por encima del promedio nacional, de 243.

La reducción del delito durante 2020 contrasta con un dato que alarma a los organismos de derechos humanos, como la Comisión Provincial por la Memoria. En abril de este año, la provincia alcanzó 52.171 personas presas, 1.137 más que en diciembre de 2019, alojadas en un total de 24.000 plazas. Esto implica una sobrepoblación de más del ciento por ciento y un índice de prisionalización de 330 presos cada 100.000 habitantes, muy por encima del promedio nacional, de 243. De ese universo, 4.698 personas están detenidas en comisarías, en un total de 1.200 plazas, una sobrepoblación de casi el 300%, lo que hizo que en mayo pasado la Corte Suprema volviera a reclamar a la justicia provincial medidas de fondo para resolver el problema. 

“La población penitenciaria empezó a crecer de manera desmedida en 2013, cuando designaron en Seguridad a dirigentes políticos que buscan construir una imagen propia. Tenemos la misma política desde Granados [Alejandro]”, se queja un exministro nacional que conoce a todos los resortes del sistema: “No hay nada más fácil que pedirle número a la policía. Si les pedís 200 detenidos por día, te los trae. Pero no te traen delincuentes, te traen pibes que no tienen los papeles de la moto o que fuman porro en la esquina. El problema es que la sobrepoblación carcelaria genera reincidencia y empeora la seguridad”.

En el ministerio de Berni se desligan de la crisis del servicio penitenciario, bajo la órbita del Ministerio de Justicia provincial, y de los presos en comisarías, todos bajo tutela judicial. Reivindican el aumento de detenciones como un indicador de la “productividad policial” y, para cuestionar el trabajo de las fuerzas federales en el Gran Buenos Aires, aportan un dato fresco: “En lo que va de 2021 la policía de la provincia detuvo a 61.185 personas y la Gendarmería a 176”. Los organismos de derechos humanos han cuestionado además el papel de la policía bonaerense en el caso de la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro, retenido en un control policial por haber violado la cuarentena en abril de 2020 y cuyo cadáver fue encontrado 107 días más tarde. La investigación apunta a un caso de presunta desaparición forzada.

El ministro justifica también la duplicación de la estructura administrativa del ministerio, que pasó de 114 cargos directivos en 2019 (8 subsecretarías y 106 direcciones), a 223 cargos en mayo pasado (14 subsecretarías y 209 direcciones). Dice que apunta a lograr el ansiado control político sobre la policía y defiende la proliferación de cargos: “Me quedé corto. Bah, me dijeron ‘hasta acá’.” Un exfuncionario de Cristian Ritondo, ministro de Seguridad durante la gobernación de María Eugenia Vidal, reniega de la explicación: “No existe lugar en el ministerio para que trabaje tanta gente, no existe esa cantidad de oficinas”. 

Sin la posibilidad de supervisar el trabajo de los efectivos federales en las villas y barrios pobres del conurbano, Berni apuesta por la UTOI, una fuerza que nació con 800 agentes y hoy tiene más de 2.000. “Es una policía con la capacidad para ingresar en barrios vulnerables, entrenada para afrontar situaciones de peligro, pero con la ductilidad de una policía de proximidad”, dice el ministro. “Tiene la idea de hacer algo como la Bope”, cuenta un intendente, en referencia al batallón de la policía militar de Río de Janeiro que trabaja en las favelas. “Usan uniformes parecidos a los de Gendarmería, ahí Berni vuelca toda su libido marcial”, aguijonea un funcionario nacional.

La UTOI tuvo un papel protagónico en el desalojo de la toma de tierras en Guernica, en octubre de 2020, en un operativo registrado desde todos los ángulos por el equipo de comunicación del ministerio. El uso de esas imágenes en un spot institucional, en que Berni afirma que “el derecho a la propiedad privada es innegociable”, provocó la reacción de organismos de derechos humanos, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). La entidad puso el foco, dos meses después, en otro spot del ministerio, que se viralizó: el de “cara de cannabis”, tal como se bautizó en el video a un joven que, en posteos personales, usaba una máscara con la forma de una hoja de marihuana. “Le sacamos la máscara y demostramos que es un delincuente más. Atroden”, dice el spot. “Presentan a los cultivadores como narcotraficantes peligrosos, mientras los policías que incautan plantas aparecen como héroes”, denunció el CELS, y advirtió que el joven, al que se le dictó prisión preventiva, usaba las plantas para extraer aceites para uso medicinal, ya que su esposa padece epilepsia refractaria.

En el ministerio afirman que tenía 70 plantas y que no estaba registrado como cultivador legal. Defienden además la política de comunicación, diseñada por el director provincial de Análisis Informativo, Marcelo Von Schmeling, un productor de espectáculos con largo recorrido en el peronismo porteño. “En la función pública tenemos la obligación de comunicar lo que hacemos en el formato en que la gente lo pueda recibir. La inseguridad se convirtió en un espectáculo televisivo que creció con el encierro y la cabeza del receptor ha sido formateada de determinada manera, con una cortina y con imágenes de una estética específica”, dicen en el entorno del ministro. 

Una de las pocas veces en que Berni optó por el perfil bajo fue durante la insubordinación policial de septiembre de 2020, que incluyó protestas durante tres días en Puente 12 y en las puertas de la residencia presidencial de Olivos. Esa crisis, que puso en duda la autoridad del ministro, se solucionó con un aumento de sueldo, financiado con fondos provistos por la Nación. “Berni no puede controlar a la policía de la provincia, como les pasa a todos los ministros de seguridad. Dando discursos duros no conducís a la fuerza”, lo cuestiona un funcionario nacional, y recuerda que solo apareció en público cuando la crisis estaba superada. 

El ministro sostiene que la protesta involucró a menos del 2% de los efectivos de la fuerza, asegura que la situación estuvo siempre bajo control y atribuye el levantamiento a un intento de desestabilización de agentes de las policías locales, alentados por sectores políticos cuya identidad prefiere no revelar. “Soy la persona mejor informada del país”, se jacta, y justifica el bajo perfil que adoptó en esos días: “No me fui a mi casa ni me escondí. Me dediqué a desactivar el conflicto, en silencio. A la gallina hay que degollarla sin que cacaree. Me pueden decir loco, pero no soy pelotudo.”

GS/WC

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27 de junio de 2021 - 00:05 h
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