El primer veto caído golpea a Milei y en el Gobierno aventuran la judicialización

En la Casa Rosada el clima era de alerta máxima cuando la oposición se encaminaba a darle al Gobierno un nuevo revés: hacer caer el veto presidencial a la Emergencia en Discapacidad. A solo tres días de las elecciones bonaerenses y con Javier Milei de gira por los Estados Unidos, la Casa Rosada vivió una derrota histórica, porque es la primera vez en más de dos décadas que el Legislativo voltea un veto del Ejecutivo.

La administración libertaria, que hizo del déficit cero un mantra político y económico, enfrenta así un escenario doblemente delicado: el riesgo de un impacto fiscal inmediato y el desgaste político después de quedar expuesta a una derrota parlamentaria en vísperas de los comicios más importantes del calendario provincial.

Sin embargo, la foto de la oposición imponiéndose en un tema tan sensible como la discapacidad, y a pocos días de que los bonaerenses vayan a las urnas, es leída como un golpe simbólico difícil de disimular.

El riesgo, admiten en privado, es que la narrativa del ajuste y el déficit cero choque de frente contra una demanda social cargada de legitimidad. En los pasillos de Balcarce 50, la frase que más se repite es que “la prioridad sigue siendo el déficit cero”. Pero entre funcionarios y asesores también reconocen que la imagen de un Senado votando contra el Gobierno, en medio del escándalo por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y en la antesala de la elección bonaerense, será un golpe político inevitable.

Es que en la sede del Gobierno reconocen que el problema no es solo financiero. La ratificación de la ley en el Senado, luego de que Diputados ya la avalara con 172 votos a favor, 73 en contra y 2 abstenciones, significa un golpe a la autoridad presidencial y abriría un antecedente incómodo para el oficialismo. “Supongamos que me rechazan el veto. Bueno, yo eso lo voy a judicializar. No va a tener efecto ni en el gasto público ni en la cantidad de dinero”, había dicho Milei semanas atrás en una entrevista radial, convencido de que los proyectos que implican gastos adicionales violan la restricción financiera impuesta por la ley.

El principal argumento del Ejecutivo será el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que establece que toda norma que disponga gastos extraordinarios debe definir previamente de dónde saldrán los recursos para financiarlos. En la Casa Rosada insisten en que la oposición está votando leyes sin calcular el costo y sin indicar de qué partidas se descontará. “No les dan los tiempos para causar daño, no tienen tiempo para causar daño”, repitió Milei, en tono desafiante, frente a la inminencia de la derrota parlamentaria.

El informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso calculó que la ley podría tener un impacto fiscal de entre el 0,22% y el 0,42% del PBI, sin incluir medidas complementarias. En el Gobierno remarcan que, si se suman otros efectos, el costo podría ser todavía mayor. El contexto no ayuda: la administración de Milei lleva dos años consecutivos funcionando con presupuestos prorrogados, y ningún refuerzo de partidas para discapacidad estaba contemplado en el cálculo de este año ni en el que se proyecta para 2026.

Horas antes de la votación en Diputados, el vocero presidencial Manuel Adorni había anunciado que el Ejecutivo evaluaba un incremento en las prestaciones para personas con discapacidad, a partir de los ahorros generados por la baja de pensiones por invalidez que habían sido mal otorgadas. En los últimos meses se dieron de baja más de 100.000 beneficios, aunque la revisión de expedientes todavía avanza con demoras y el margen para reasignar fondos es acotado. Las palabras de Adorni coincidieron, además, con la filtración de los primeros audios que luego derivarían en el escándalo por presuntas coimas en la Andis, un episodio que golpeó la línea de flotación del discurso oficial y potenció la presión de los prestadores del sistema.

La falta de actualización del nomenclador desde diciembre del año pasado fue otro detonante del conflicto. Sin aumentos en los aranceles, los prestadores advirtieron que se ponía en riesgo la continuidad de servicios esenciales. Esa situación alimentó el respaldo político transversal a al proyecto, que declara la emergencia hasta 2027 y ordena una actualización mensual de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas ajustados a la inflación. También contempla beneficios tributarios, regularización de deudas y la creación de una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio.

El temario de la sesión en el Senado —que no es presidida por Victoria Villarruel debido a que está a cargo del Ejecutivo— también contempla el debate sobre los decretos de necesidad y urgencia. Allí se plantea una reforma que busca limitar el alcance de los DNU y obligar a que cada decreto sea tratado por separado, invirtiendo la lógica de la “sanción ficta” vigente desde 2006. Para el Gobierno, el combo es letal: a la posible derrota por la emergencia en discapacidad se suma el riesgo de perder discrecionalidad en el uso de herramientas clave como los decretos.

En paralelo, la oposición decidió postergar el tratamiento de la interpelación a Karina Milei, pedida por Unión por la Patria a raíz de los audios que la mencionan en el caso Spagnuolo. La jugada quedó reservada para la próxima sesión, lo que evita exponer hoy a la secretaria general de la Presidencia pero mantiene la amenaza latente de un nuevo frente de conflicto.

PL/MC