Lápiz rojo de Fernández reasignó cambios en el presupuesto introducidos por Massa
“Todo los fondos al Tesoro” podría llamarse el texto de reglamentación del Presupuesto Nacional 2021 que acordaron, a cuatro manos, Santiago Cafiero y Martín Guzmán, que la semana pasada validó Alberto Fernández y que borra parte de los artículos “agregados” durante el tratamiento en la Cámara de Diputados, retoques atribuidos a Sergio Massa. Desde la oficina del jefe de los diputados dijeron a elDiarioAR que los cambios introducidos antes de la sanción del proyecto fueron consensuados con el Ejecutivo.
El lápiz rojo presidencial abarca siete artículos y el último párrafo de un octavo sobre los 133 artículos del texto que Guzmán presentó en septiembre, la Cámara baja aprobó el 28 de octubre y el Senado el 12 de noviembre. Por la falta de unas planillas —un error del que se hizo cargo el secretario de Hacienda, Raúl Rigo—, el texto volvió a Diputados fue sancionado finalmente el 17 de noviembre.
La reglamentación, que se publicó este lunes en el Boletín Oficial, pero que fue girada el viernes a la Bicameral del Congreso, circuló entre el despacho de Cafiero y el de Guzmán, incluyó algunas enmiendas de carácter técnico —por caso, el destino específico de la tasa de estadística, que la ley aprobada pretendía girar en un 10% a programas de créditos para la inversión y el consumo, lo que el gobierno entendió que ya está saldado por la vía del Ministerio de Desarrollo Productivo—, pero también resolvió cuestiones de manejo de fondos, de aumentos de impuestos el sector de los electrónicos y subsanó una disputa política referida a la creación de zonas francas.
La corrección más dura es sobre un combo de cuatro artículos, del 112 al 115, que crea el Fondo Fiduciario para el Desarrollo de MiPyMES Tecnológicas (PyME - Tech) para financiar al sector y lo fondea con un incremento de los impuestos sobre los productos electrónicos como computadoras, teléfonos celulares, televisores o aires acondicionados.
La ley de presupuesto aprobada por el Congreso revierte las bajas escalonadas de impuestos internos sobre bienes tecnológicos establecidas por la reforma tributaria impulsada por el gobierno de Mauricio Macri y aprobada en 2017. Según explicó a elDiarioAR el tributarista Miguel La Vista, del estudio La Vista Casal, la ley acordada en el Congreso dispuso la suba de la alícuota del 5% que correspondía a los bienes electrónicos nacionales o importados a partir de 2021 al 17% y la que alcanza a los productos bajo el régimen especial de Tierra del Fuego, del 0% al 6,55%.
Conocida la introducción de este punto en el texto, en el sector habían advertido el efecto que generaría en las góndolas. Aunque en la reglamentación publicada hoy el Ejecutivo parece dar cuenta de haber escuchado el reclamo -dice que “el aumento de impuestos internos establecido por los artículos citados precedentemente podría derivar en un incremento de los precios internos de productos electrónicos”- en los hechos no vuelve para atrás con la suba. La reglamentación mantiene en vigencia los artículos 110 y 111 donde se dispone el aumento de las alícuotas, solo que modifica el destino de lo recaudado: en vez de al fondo PyME-Tech, irán a parar al Tesoro Nacional.
En el desglose de los vetos se anudan varias tensiones.
Una, central, se vincula con que Guzmán quiere concentrar el manejo de los recursos y con sus “correcciones” al presupuesto que le devolvió el Congreso evita que ese texto sea reglamentarista en el destino de recursos. Tacha, con ese argumento, el artículo 28 en el que Diputados estableció un reparto de fondos para los bienes del Estado que se vendan. El presupuesto aprobado otorgaba 70% a la jurisdicción a la que pertenece el bien, 20% para el Tesoro Nacional y el 10% restante a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). La observación publicada hoy revierte la participación de la entidad que conduce Martín Cosentino y dispone que se retome el reparto original: 70% para la jurisdicción y 30% para el Tesoro.
En su argumentación, el Ejecutivo explica que las inversiones en inmuebles del sector público son en general financiadas por el Tesoro Nacional, por lo que no sería lógico que no tuviera una retribución proporcional al momento de su venta.
Un aspecto en donde el Gobierno vio la mano de Massa es en la incorporación del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), cuyo titular es Ignacio De Mendiguren, diputado con licencia, también del espacio de Massa. El BICE figuraba como destinatario de fondos que se recaudarían por el aumento de los impuestos a los electrónicos y, también, de un fondo para promoción PyME a partir de lo recaudado por la tasa de estadística. Ahí intervino un legalismo: la tasa no es un impuesto, por lo que no puede tener otro destino que su propio financiamiento, explicaron en gobierno.
El aumento de impuestos internos establecido por los artículos citados precedentemente podría derivar en un incremento de los precios internos de productos electrónicos
En Casa Rosada evitaron, ante la consulta de elDiarioAR, dramatizar sobre las correcciones al presupuesto. “Siempre el Ejecutivo tiene la última palabra. Lo conversado es que el Congreso, si hacía correcciones debía respectar que no haya descompensación en los cálculos que hizo Economía. Donde los hubo, nosotros hicimos la corrección”, explicó una fuente nacional a este diario.
Otro aspecto delicado y que había generado malestar en algunos gobernadores era la flexibilización de la ley para la creación de zonas francas. Un senador puso el grito en el cielo: atribuyó ese artículo —el123— al interés del gobierno de la provincia de Misiones para crear una zona franca, lo que fue cuestionado por los gobernadores del NEA con el argumento que podría afectar sus economías locales.
La reglamentación anula el cambio que introdujo Diputados y le da la razón a los gobernadores. “La creación de zonas francas y áreas aduaneras especiales en gran parte del territorio argentino no resulta aconsejable en tanto significa una inestimable caída de la recaudación dada la consecuente merma de las transacciones comerciales, las producciones locales y el consiguiente impacto desigual en las economías regionales”, apunta la reglamentación.
El último artículo vetado es el 126 que otorgó al ministro de Turismo, Matías Lammens, la facultad para destinar el 35% de su presupuesto al programa de reactivación del sector turístico en el marco de la pandemia. Economía entendió que esa función no es de la cartera sino de Hacienda. Es decir: recursos que debe manejar Economía, con la lapicera de Guzmán.
PI/ DT
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