Al filo del 2020, Eduardo “Wado” De Pedro circuló una invitación a Horacio Rodríguez Larreta para sentarse a negociar los fondos de CABA: Ocurrió un rato después del regreso del jefe de Gobierno porteño a Olivos para una charla breve con Alberto Fernández y Axel Kicillof por el rebrote del COVID-19.
Fue una coreografía medida. Diezmado de recursos tras el decreto presidencial de septiembre y la ley de transferencia de fondos para la Policía, Larreta apuesta a un salvataje de la Corte Suprema. La Casa Rosada apunta a visibilizar las charlas que mantienen equipos técnicos y acata el protocolo que estableció el Congreso para que Nación y CABA se sienten a negociar, con el auxilio técnico de la Comisión Federal de Impuestos (CFI), mesa de ministros de Economía de todo el país.
Larreta acumula, en ese pulseo, tres derrotas: el decreto, la ley 27.606 sobre trasferencia de fondos para la Policía y un dictamen de la CFI que, a pesar del rechazo del delegado porteño, aceptó intervenir y formó un staff para emitir un informe que, a priori, arranca mal para la ciudad: la mayoría de las provincias apoyaron la decisión nacional sobre la “copa” porteña como, en 2016, cuestionaron el aumento de 2,35% que por decreto dispuso Mauricio Macri.
En Gobierno invoca como una Biblia el "informe Batakis", que elaboró la secretaria de Provincias, Silvina Batakis y disecciona la transferencia de fondos de Nación y los gastos de la Policía de la Ciudad los últimos años.
La conversación que abrió De Pedro es un procedimiento, no un jubileo. En Gobierno invoca como una Biblia el “informe Batakis”, que elaboró la secretaria de Provincias, Silvina Batakis y disecciona como fue la transferencia de fondos de Nación y los gastos de la Policía de la Ciudad. Ese texto indica que en los cuatro años del macrismo, Larreta recibió 86.269 millones de pesos extra.
La ecuación, discutida por CABA, estima las erogaciones que significó para la ciudad poner en marcha y hacer funcionar a su propia Policía, y lo compara con los fondos trasferidos, tras el decreto de enero de 2016, por la Nación. Con el mismo procedimiento, se proyectó que Nación le debe transferir a la Ciudad, en el 2021, fondos por 24 mil millones para financiar el funcionamiento de la Policía porteña.
Ese monto es el que el Congreso, por un pedido de los diputados que reportan al gobernador cordobés Juan Schiaretti, impone que se negocie entre Nación y CABA, y que cuente con la intervención de la CFI. Ese organismo hizo primer aporte hace diez días y deberá emitir un informe sobre cuál considera que es el monto que debe recibir la ciudad para fondear el funcionamiento de la policía.
De Pedro prevé verse con Larreta los primeros días de enero y darle lugar a una discusión sobre los números que expone cada administración. En paralelo, la CFI solicitará a Nación y CABA que aporten información para trabajar sobre su dictamen. El encargado de coordinar ese trabajo será Damián Kessler, en representación del ministerio de Martín Guzmán, junto a representantes de trece provincias.
En Interior trasmiten la idea de que la posición nacional estuvo clara desde el inicio: entre 2016 y septiembre de 2020, CABA recibió más fondos de los que le demandaba financiar el funcionamiento de la policía. En el plan de Casa Rosada no está demandar esos “excedentes” pero, en paralelo, no están dispuesto a ceder más fondos que los que creen demanda la policía.
El recurso, así y todo, no está fuera del menú del Frente de Todos (FdT) que vía diputados y senadores propuso avanzar con un reclamo a CABA por esos recursos “extra”.
El desenlace del diálogo tampoco está garantizado. En noviembre, en la previa de la firma del Consenso Fiscal 2021, De Pedro y Larreta buscaron un punto de acuerdo vía Batakis y Martín Mura, ministro de Hacienda porteño. Hubo idas y vueltas, borradores en el aire, pero cuando decisión podría actuar como un condicionamiento para la vía judicial y finalmente se frustró. Ese interrogante está otra vez en el aire: ¿si Larreta accede a negociar, reconoce lo que sus diputados rechazaron en el Congreso y su delegado votó en contra en la CFI?
La convocatoria, que a simple viste abre una puerta de diálogo pero tiene una dosis de formalismo -cumplir lo que indicó la ley 27.606 de propiciar una negociación, será sobre el asunto de los fondos para la policía pero podría ampliarse a otros asuntos si, como anticipan en Casa Rosada, surge un informe que objeta el procedimiento por el cual Macri le transfirió terrenos al gobierno porteño.
La tarea está a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que comanda Martín Cosentino, que a principios de año detalló que en el último trimestre de 2019, tras perder las elecciones, Macri transfirió a CABA más de 30 propiedades por un valor de 16 mil millones de pesos. Ese dato está en el aire y si un análisis técnico determina, como sostienen en el gobierno, que esas propiedades fueron transferidas de manera irregular, podrá convertirse en un elemento más en la mesa de negociación o un factor adicional de tensión.
Esta nota fue republicada a las 18:25 con correcciones: llamaba erróneamente Consejo Federal de Impuestos a la Comisión Federal de Impuestos. También se enmendó el número de integrantes del equipo que trabajará en el informe y ajustes en la redacción.
PI