El caso del avión venezolano-iraní
El gobierno de Maduro reclamó a la Justicia argentina por el avión venezolano-iraní y pidió acceso a la causa
El gobierno de Venezuela dio un paso más en su reclamo contra Argentina por el secuestro del avión de Emtrasur y se presentó formalmente ante el juez federal Federico Villena para oponerse a la incautación de la aeronave de bandera venezolana y solicitar acceso al expediente, según reveló este jueves CNN en Español.
La gestión de Nicolás Maduro le dio un poder judicial al abogado Gabriel Palmeiro, socio del estudio de Maximiliano Rusconi, informó la corresponsal del medio en Caracas. Ambos son abogados del ex ministro de Planificación y otrora aliado del fallecido presidente Hugo Chávez, Julio de Vido, a quien representan en el juicio oral y público por el caso Vialidad, entre otras causas.
Palmeiro realizó su presentación en la causa días después de que Rusconi visitara Venezuela la semana pasada y mantuviera una reunión con la vicepresidenta de ese país, Delcy Rodríguez, y el canciller Carlos Faría para asesorar al gobierno de Maduro en la causa del avión de carga, informó CNN en Español en base a fuentes del gobierno argentino y de la defensa.
Villena ordenó la incautación conjunta del Boeing modelo B747-3B3 a pedido de un tribunal de Columbia, Estados Unidos, por lo que el avión, que estaba secuestrado a disposición de la Justicia argentina, quedó retenido en el país a disposición de ambos países. Palmeiro afirmó en un escrito presentado este miércoles ante el juez que la medida “representaría una arbitraria injerencia en el patrimonio público de la República Bolivariana de Venezuela y en los derechos que atañen a su soberanía”, de acuerdo con el escrito al que accedió CNN.
Maduro y miembros de su gobierno se han manifestado públicamente contra la Justicia argentina tras la decisión del juez del caso pero esta es la primera vez que el gobierno de Venezuela se presenta ante el juzgado. Palmeiro informó en su escrito que representa a Reinaldo Enrique Muñoz Pedroza, procurador general de Venezuela y principal abogado del Estado de ese país.
Palmeiro acompañó el escrito con un poder especial judicial firmado por el Procurador venezolano y solicitó acceso a la causa para extraer copias “con el objeto de analizar los caminos procesales tendientes al aseguramiento de los derechos” del Estado de Venezuela por tratarse de un avión de bandera venezolana y “en razón del carácter público de la firma Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos S.A. (CONVIASA)”, accionista de Emtrasur. El abogado también solicitó representar a Emtrasur, que ya tiene otro abogado en el expediente.
El avión de matrícula venezolano, se encuentra retenido en Ezeiza desde el 8 de junio principios de junio mientras se investiga si la tripulación tendría vínculos con posibles actividades terroristas en el país. La tripulación, integrada por catorce venezolanos y cinco iraníes, tiene prohibición de salida del país. El juez había levantado esta restricción para doce de ellos (once venezolanos y un iraní), tras el análisis de sus dispositivos electrónicos, pero la fiscal Cecilia Incardona apeló la medida a favor de los imputados y ahora la Cámara Federal de La Plata debe analizar su planteo.
La aeronave fue objeto de una inspección de rutina de la Policía Federal Argentina y con la participación del agregado del FBI en la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, previa al secuestro conjunto autorizado por el juez.
La fiscal Incardona había dictaminado que era “formalmente procedente” el reclamo de la Justicia de los Estados Unidos.
Palmeiro también adelantó en el escrito que planteará que “el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales con el gobierno de Estados Unidos de América no resulta aplicable al caso que nos ocupa y por lo tanto, no puede utilizarse dicho instrumento con el objeto de cercenar los derechos de mi poderdante”, ya que el juez se basó en este tratado de cooperación internacional para hacer lugar al pedido de Estados Unidos.
Este tratado, dijo Palmeiro “resulta de exclusiva aplicación en los procedimientos relacionados con cuestiones penales mientras que la pretensión que pretende canalizar en autos el Gobierno de Estados Unidos de Norteamérica resulta de otra naturaleza (comercial), cuestión que, además, lo priva de legitimación activa en estos actuados”.
El pedido se suma al ya realizado por otro abogado argentino, Daniel Ramón Trava, quien representa a Emtrasur en el expediente y ya apeló la decisión de incautar el avión a disposición de Estados Unidos, argumentando que “se está produciendo un gravamen irreparable”, según otro documento al que accedió CNN.
En la orden de incautación de la Justicia de Columbia se indicaba que el avión de fabricación estadounidense “está sujeto a decomiso en base a violaciones de las leyes de control de exportaciones” de ese país y que en este caso la violación estaría relacionada “con la transferencia no autorizada del avión de Mahan Air, una aerolínea iraní” a una firma venezolana. Mahan Air estaría vinculada a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y a las Fuerzas Quds, calificada como supuesta organización terrorista por Estados Unidos.
La venta del avión, según surge de un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, fue por parte de Mahan Air a Emtrasur, aerolínea venezolana de carga y subsidiaria del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, S.A (Conviasa), una empresa pública de Venezuela.
ED
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