Greenpeace pedirá el sobreseimiento de 12 activistas procesados por una protesta frente al Congreso

La defensa de 12 activistas de Greenpeace procesados por una protesta realizada en las escalinatas del Congreso pedirá este martes su sobreseimiento durante una audiencia de apelación que se llevará a cabo en los tribunales de Comodoro Py.

La audiencia comenzará a las 10.30 en la Sala 2 y contará con la presencia de representantes legales de la organización ambientalista y algunos de los activistas involucrados en la causa. La defensa realizará una exposición oral, mientras que la fiscalía presentará sus argumentos por escrito.

Los manifestantes fueron procesados sin prisión preventiva por los delitos de violación de domicilio y desobediencia a un funcionario público a raíz de una acción realizada el 26 de febrero, mientras en el Congreso se debatía la modificación de la Ley de Glaciares.

El juez Marcelo Martínez de Giorgi dispuso además embargos por $2 millones para cada uno de los acusados. Los procesamientos todavía no están firmes debido a la apelación presentada por la defensa, que solicitará a la Cámara que revoque la decisión y dicte los sobreseimientos.

La protesta tuvo como objetivo expresar el rechazo a la reforma de la normativa y reclamar por la protección de los glaciares y el agua. Durante la intervención, los activistas utilizaron inodoros de plástico y desplegaron una consigna en las escalinatas del Congreso.

Uno de los principales argumentos de la apelación apunta contra la reconstrucción de los hechos realizada en la resolución judicial. Según la defensa, el fallo sostiene que los manifestantes saltaron una reja “cerrada con candados” y que en el lugar había custodia policial, pero afirma que esas circunstancias no aparecen en los testimonios, las cámaras de seguridad ni el video incorporado al expediente.

Los abogados también cuestionan la calificación legal de los hechos. Respecto del delito de desobediencia, sostienen que debería haber existido una orden directa destinada a una persona determinada y aseguran que durante la protesta no se produjo una situación de esas características.

En cuanto a la acusación por violación de domicilio, plantean que las escalinatas exteriores de un edificio público no pueden ser consideradas un “domicilio” a los efectos de ese delito.

Otro de los puntos centrales de la apelación es el carácter pacífico de la manifestación. La defensa remarca que no hubo daños materiales, enfrentamientos ni resistencia ante la llegada de la Policía y señala que la propia resolución judicial reconoce que la acción no afectó el tránsito, a terceros ni el funcionamiento habitual del Congreso.

El derecho a la protesta

Los representantes legales de Greenpeace sostienen además que el procesamiento no ponderó adecuadamente el derecho constitucional a la protesta.

Según el planteo, la resolución debía fundamentar por qué el interés en preservar un determinado perímetro debía prevalecer, en este caso, sobre el derecho de los manifestantes a expresar su rechazo a la modificación de la Ley de Glaciares.

La defensa también hace hincapié en la elección del lugar: la acción se desarrolló frente al Congreso precisamente mientras los legisladores debatían los cambios en la normativa ambiental. Por ese motivo, considera que pedir a los activistas que realizaran la protesta en otro sitio supone desconocer la relación entre el espacio elegido y el mensaje que buscaban transmitir.

En su presentación, los abogados citan además la posición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto del posible “efecto silenciador” que puede generar la criminalización de la protesta, no solamente sobre las personas involucradas sino sobre el conjunto de la sociedad.

Greenpeace enmarca la intervención del 26 de febrero en una movilización más amplia contra la modificación de la Ley de Glaciares. Según los datos aportados por la organización, más de 102.000 personas se inscribieron para participar de la audiencia pública realizada en marzo, aunque pudieron intervenir cerca de 200.

La organización señaló además que, después de la reforma de la ley, casi 900.000 personas acompañaron un reclamo judicial destinado a recuperar la protección de los glaciares.

La Cámara deberá ahora analizar los cuestionamientos formulados por la defensa y resolver si confirma los procesamientos dispuestos por Martínez de Giorgi o hace lugar al pedido de revocarlos y sobreseer a los 12 activistas.