Argentina: la historia de los empresarios que secaron más de 5000 hectáreas de humedal para hacer agronegocio en las Islas Lechiguanas
Juan Carlos Rodríguez se apoya en uno de los postes de madera que sostienen su rancho. Tiene 76 años y está cansado. Es su segundo día en la isla después de dos meses fuera, en el pueblo, donde tuvo que reposar tras una caída. “Estaba desesperado por volver. Yo nací y pasé toda la vida en las Lechiguanas”, dice. Pero su regreso durará poco. Esa misma tarde deberá marcharse en el último viaje en lancha que harán su hijo y su yerno para trasladar todas sus pertenencias ante la inminente crecida del río.
Las Islas Lechiguanas son un archipiélago ubicado en el límite natural entre las provincias de Entre Ríos y Buenos Aires, en Argentina. Sus 250 000 hectáreas forman parte del delta del río Paraná, un extenso sistema de humedales integrado por arroyos, esteros, lagunas y bañados que se reconfiguran al ritmo de las condiciones climáticas, alternando períodos de sequía con inundación.
Los pobladores conocen esa dinámica y la acompañan. Construyen sus viviendas en altura, viven de la caza y la pesca o crían ganado y abejas que pueden proteger cuando el río sube.
Sin embargo, a pocos metros de la casa de Rodríguez, dos productores agropecuarios impusieron otra lógica. En 2013 comenzaron a construir muros de tierra para cercar más de 5000 hectáreas —equivalentes a 7500 estadios de fútbol— e impedir el paso del agua, además de drenar la que quedaba dentro del perímetro. El objetivo fue transformar ese territorio inundable en campos para la agricultura intensiva. Y eso fue lo que hicieron. Al menos por un tiempo.
Paisaje transformado
La idea de secar el humedal para hacer agricultura no es nueva en las Lechiguanas. Un video de 1971 muestra las máquinas excavadoras rompiendo la tierra y generando esos muros denominados terraplenes para el proyecto de una empresa de capitales estadounidenses durante una de las dictaduras militares que gobernó Argentina. En 1973 —con el retorno temporal de la democracia— la iniciativa recibió fuertes cuestionamientos y quedó abandonada.
Hacia 2013, los empresarios Juan Pedro Nazar y Fabio Di Fonzo retomaron este concepto y comenzaron a levantar nuevos terraplenes frente a la costa de la localidad de Ramallo, provincia de Buenos Aires. Cuando estas murallas se construyen, forman un perímetro cerrado denominado endicamiento o pólder. Los endicamientos fueron dos: uno de 4500 hectáreas y otro de 800 hectáreas.
“Al principio veíamos que cruzaban máquinas, pero no sabíamos para qué. Con el tiempo empezamos a entender qué estaba pasando y la situación se fue volviendo chocante de a poquito”, cuenta Javier Velázquez mientras conduce la lancha por el arroyo Saca Calzones, que bordea el terraplén más grande, propiedad de Di Fonzo.
Mongabay Latam se contactó con Fabio Di Fonzo y Juan Pedro Nazar para conocer su versión sobre sus proyectos agropecuarios y el deterioro ambiental de la zona que denuncian los pobladores, pero no aceptaron ser entrevistados.
Velázquez tiene 51 años y también nació en las Lechiguanas: “Mis papás eran cazadores y pescadores. Viví en la isla hasta los 7 años; después nos mudamos a Ramallo, como le pasa a muchas familias cuando los hijos empiezan la escuela”, describe.
El trabajo con la lancha lo devuelve al río cada día: “Las islas son mi vida. Las conozco, las entiendo”, asegura. Por eso, la construcción de los terraplenes le provocó una profunda angustia.
“Después de ver cómo rompían las tierras, vi cómo secaban por dentro. Ponían unas bombas enormes que chupaban el agua y la tiraban en unas canaletas que atravesaban el terraplén para expulsarla al río. Era horrible. Junto con el agua salían pedazos de plantas y peces triturados”, recuerda.
Aunque no es un área natural protegida, intervenir el humedal requiere autorización provincial o municipal, incluso en tierras privadas. Un reciente informe del Consejo Regulador de Fuentes de Agua (Corufa) de la provincia de Entre Ríos señala que Di Fonzo solicitó un permiso en septiembre de 2017, más de tres años después de haber comenzado las obras.
El documento indica, además, que el empresario declaró que la finalidad del endicamiento era para “producción ganadera y agricultura sustentable”, bastante diferente a las grandes extensiones de cultivos que más tarde se comprobaría que realizó.
Corufa pudo reconstruir que en 2020 emitió una autorización provisoria (997/2020), pero nunca se completó el trámite con el permiso definitivo. El estudio de impacto ambiental tampoco se encuentra en el expediente administrativo.
Los terraplenes y sus actividades eran ilegales.
El fuego enciende la resistencia
Después de la sequía de 2019, las islas del delta del Paraná sufrieron grandes incendios que comenzaron en febrero de 2020 y se extendieron durante todo el año. Un informe del entonces Ministerio de Ambiente determinó que se quemaron 487 000 hectáreas, de las cuales más de 113 000 correspondían a las Islas Lechiguanas.
El origen del fuego, en la mayoría de los casos, fue por la quema de pastizales con fines de limpieza en tierras productivas. Esto llevó al Estado Nacional a presentar denuncias penales contra dueños de los campos. Di Fonzo y Nazar tienen una causa abierta por este motivo, aunque el fiscal no avanzó en la investigación y pidió que sea archivada.
“Fueron meses de ver el fuego y sentir ese ardor en los ojos y la garganta por el humo que genera un gran malestar y que afecta mucho a quienes sufren problemas respiratorios”, describe Nicolás Cerretani, ex presidente de la Asociación Civil Unidos por la Vida y el Medio Ambiente (UPVA), una organización socioambiental de Ramallo creada en 2012.
Durante los meses que duraron los incendios, los habitantes de la región realizaron varias acciones de protesta. En agosto de 2020, más de 5000 personas bloquearon el puente Rosario-Victoria (que une las provincias de Santa Fe y Entre Ríos) para reclamar una ley de protección de los humedales que contemplara un inventario nacional para estos ecosistemas y restricciones a las actividades productivas e inmobiliarias. La normativa nunca llegó a sancionarse.
Un mes antes, el 1° de julio de 2020, distintas organizaciones consiguieron que la Justicia Federal dictara una medida cautelar —decisión provisoria para evitar daños mientras se resuelve una causa— que prohibía “cualquier acción humana capaz de alterar el ambiente” en las islas del delta, en el marco de una denuncia contra un productor de Entre Ríos.
En medio del humo y las protestas, en septiembre de ese año, la bióloga Natalia Morandeira —que investigaba desde 2009 la vegetación de las Lechiguanas a través de imágenes satelitales y relevamientos en terreno— recibió unas fotos de un poblador isleño.
“En las imágenes se veía maquinaria agrícola dentro del endicamiento de Di Fonzo. En simultáneo, los pobladores me contaban que sentían olor a agroquímicos. Difundí esas fotos por redes y las envié por correo a una Fiscalía”, recuerda Morandeira. Además, había un dato no menor: imágenes satelitales confirmaban que entre el 5 y 6 de agosto (días antes de las fotos recibidas por Morandeira) había focos de incendio activos en el lugar.
Cerretani recuerda que fue en ese momento cuando la Asociación Civil Unidos por la Vida y el Medio Ambiente conoció la historia de “los terraplenes de Di Fonzo y Nazar”: “La gente estaba muy enojada porque sabía que en varios lugares se había prendido fuego para dejar los campos listos para sembrar. Entonces, desde la organización decidimos juntar todos los registros de lo que pasaba en esos endicamientos en particular”, cuenta.
Cuando comenzó a circular en el pueblo el rumor de que la organización iba a reunir la información de lo que ocurría en los terraplenes, muchas personas se sumaron a colaborar. Así fueron llegando fotos de un curso de agua cortado y de barcazas transportando barriles de agroquímicos. También recibían datos de cuando estaban fumigando, lo que les permitió filmar con un dron a la maquinaria mientras aplicaba los productos.
Con toda esa información, la organización presentó ante la Justicia una “acción preventiva de daño ambiental” (expediente 4602/2020). En el marco de esta demanda, el 1° de diciembre de 2020, el Juzgado Federal de Paraná emitió una nueva medida cautelar que prohibía la quema, la construcción o el mantenimiento de terraplenes y el uso de agroquímicos en las Lechiguanas. También ordenó retirar las maquinarias del territorio y prohibir el ingreso de nuevas.
Pero los empresarios no cumplieron con la medida. Un peritaje judicial confirmó en noviembre de 2021 que había maíz recién cosechado en silobolsas, para lo cual habían ingresado maquinaria. En marzo de 2023, obtuvieron la autorización de otro juez para vender los granos almacenados, lo que generó una nueva ola de denuncias. Esta fue la última venta.
En la actualidad, los terraplenes tienen algunas roturas por la erosión del río y, al no poder ingresar máquinas para repararlo debido a la medida cautelar, hay sectores inundados.
Nicolás Cerretani sostiene que los hombres dejaron de sembrar por la presión judicial y social, el deterioro del terraplén y porque en dos oportunidades se les arruinaron parte de los cultivos.
El daño y la remediación
El 3 de junio de 2026, la Justicia ordenó una inspección ocular en la que participaron, además de Corufa, otros organismos de Entre Ríos —la provincia que tiene jurisdicción en las Lechiguanas— como la Secretaría de Ambiente, la Dirección de Áreas Naturales Protegidas y la Dirección General de Hidráulica.
Todos los informes técnicos posteriores parten de una definición: el humedal es un ecosistema que se inunda y se seca, por lo que cualquier intervención que busque controlar ese pulso natural del agua genera un impacto.
Sobre esa base, cada organismo aportó datos específicos como, por ejemplo, que en 2013 los empresarios tenían una infracción por quema sin autorización; que no se constataba la presencia de tuberías que permitieran el libre paso del agua; que se produjo una interrupción del “pulso hidrológico”, fragmentando la conectividad entre el río Paraná, el arroyo Lechiguanas y la planicie interior; y que se alteró la flora y fauna natural generando la “pérdida de identidad del humedal”, así como el estilo de vida de los pobladores.
“En esta parte de la isla deben quedar unas 15 o 20 familias nomás. Antes la gente se manejaba libre, cazaba y pescaba, pero al secar las lagunas no hay más peces, así que muchas personas perdieron su medio de vida y se fueron”, cuenta Javier Velázquez.
Al comparar las imágenes actuales con las Lechiguanas que conoció en 2009, Natalia Morandeira describe: “Todo lo que antes era una gran diversidad de praderas herbáceas como capaizales, verdonagales o juncales pasó a ser pastizales secos y, donde el terraplén se rompió, áreas inundadas sin vegetación”.
La decisión sobre el futuro de estos endicamientos se encuentra actualmente en el Juzgado Federal de Victoria, que en 2022 absorbió varias causas del de Paraná. Se está a la espera de la sentencia que podría definir la magnitud del daño, cómo se realizará la remediación y quién deberá financiarla.
Fuentes de los organismos provinciales indicaron a Mongabay Latam que no realizarán ninguna acción hasta que salga ese fallo. Pablo Aceñolaza, director de Áreas Protegidas de Entre Ríos desde fines de 2023, afirma que, a futuro, “el Gobierno provincial no debería autorizar ninguna obra que impida la circulación libre del agua dentro de un humedal” y remarcó la importancia de “educar a la población, en especial a los sectores productivos” sobre la función ambiental que cumplen estos ecosistemas.
El abogado ambientalista Fabián Maggi, quien acompaña la demanda de la Asociación Civil Unidos por la Vida y el Medio Ambiente, sostiene que “la expectativa es que la Justicia ordene la remoción de todos los terraplenes”.
Los ojos de los expertos y de los pobladores de Las Lechiguanas están puestos en la decisión judicial. Se podría sentar un precedente, ya que en todo el delta del Paraná los endicamientos aumentan en forma sostenida desde el año 2000, tanto para fines productivos como inmobiliarios, según el informe 2025 de Wetlands International.
“El incremento sustancial de los endicamientos de los primeros años del siglo XXI estuvo vinculado con el proceso de transformación iniciado en la década de 1990, basado en siembra directa de cultivos modificados genéticamente resistentes a agroquímicos. Esto llevó a una fuerte expansión de la frontera agrícola”, explica a Mongabay Latam la investigadora Maira Patricia Gayol, una de las autoras del informe.
El trabajo señala que hacia 2024, el 14.04 % de la superficie de la región del delta se encontraba endicada, lo que implica un crecimiento de 4.9 % respecto a 2018.
Frente a períodos de lluvias intensas —como el que atraviesa la región por el fenómeno de El Niño— Gayol remarca que los humedales “funcionan como amortiguadores de las crecientes, ya que pueden almacenar los excedentes de agua de las lluvias, liberarlos lentamente y disminuir la velocidad de circulación de las aguas”.
En este contexto, dice, los endicamientos implican “una pérdida de superficie de humedal para cumplir estas funciones, reduciendo su función ‘esponja’”.
Tiempo de crecida
“Ya nos llevamos el freezer, ahora estamos cargando los paneles solares y vamos a levantar las colmenas [de abejas]. En un rato nos vamos y volveremos después de que pase la crecida. Dicen que el Iguazú ya está pasando los 29 metros. Acá va a llegar en unas semanas”, asegura Juan Carlos Rodríguez, el isleño que estaba desarmando su rancho cuando Mongabay Latam llegó a la zona.
El Iguazú es uno de los afluentes del Paraná, por lo que su crecida repercute en las Lechiguanas. Es fin de octubre y ya hay más de 150 personas evacuadas en localidades que están río arriba de la región, una orden que se da cuando el río supera los 28 metros de altura.
Durante años Rodríguez trabajó como puestero y hace nueve se instaló junto al arroyo Saca Calzones, muy cerca del terraplén de Di Fonzo: “Nunca tuve problema con esa gente. Solamente cuando fumigaban, que se me murieron todas las abejas. Pero uno está acostumbrado a volver a empezar. Hace unos años se me quemaron unos animales, pero salvamos la casa. Ahora espero que no se la lleve el agua”, señala.
Aunque él no lo diga, la poca distancia con el terraplén no lo beneficiará ante la crecida del arroyo. En lugar de fluir por el humedal, el agua encontrará una muralla y probablemente se amontone en los alrededores, donde está su rancho.
Mientras Rodríguez habla, se ve un barco corral que traslada vacas al puerto de Ramallo y varias lanchas pasan cargadas con objetos que dan cuenta del éxodo. La inquietud ante la inminente subida del río causada por el fenómeno de El Niño se percibe en cada conversación del pueblo.
Nicolás Cerretani dice que siempre que hay crecida “se genera esta sensación de incertidumbre, sobre todo ahora que están diciendo que va a ser terrible”. Hace una pausa y sonríe antes de continuar, como si hubiera tenido una revelación: “Quizás sea el agua la que destruya los terraplenes”.
*Imagen principal: Juan Carlos Rodríguez en su rancho, en la ribera del río Lechiguanas y el arroyo Saca Calzones, muy cerca del terraplén. Foto: Victoria Gesualdi
El artículo original fue publicado por Natalia Concina en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.
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