La guerra de la carne impacta en el corazón de la política

Que algo había que hacer es indiscutible y que lo que se hizo no sirve, también. Eso se desprende de una ronda de consultas entre especialistas que militan en la oposición pero también en el oficialismo. El cierre de exportaciones de carne por 30 días que decidió el gobierno nacional fue una reacción obligada y tardía al aumento desproporcionado de los cortes más populares en los últimos 12 meses. 

En un contexto de salarios pulverizados por la inflación, que encadenan tres años de pérdida de poder adquisitivo, el asado subió 20% en cuatro meses y 95,8% en los últimos 12 meses según el INDEC; la carne picada escaló un 23,8% en cuatro meses y 63,9% en los últimos doce meses y lo mismo pasó con la mayor parte de los cortes más demandados. En paralelo, se profundizó un proceso acelerado de caída de consumo sin precedentes, que llevó el consumo de carne al nivel más bajo de los últimos 100 años. Si hoy cada habitante de la Argentina come en promedio 45,2 kilos de carne por año, en 2015 comía 58 kilos y en 2009 casi 70 kilos.

Según dicen en las oficinas del gobierno que trabajaron en el tema, el cierre de las exportaciones se decidió después de haber detectado maniobras especulativas por parte de grandes frigoríficos que impactaron sobre los precios: subfacturación, triangulación, evasión. “Compraban ganado, faenaban y lo exportaban subfacturando o evadiendo. Triangulan y dejan la plata afuera en un país intermediario, después lo entraban por contado con liqui o lo dejaban afuera”, dicen cerca de uno de los funcionarios que participó en la elaboración de la resolución 75. Fue lo que explicó en declaraciones radiales el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, convertido en uno de los voceros del anuncio.

En un dato que transparenta el extraño funcionamiento del Frente de Todos en la gestión, la norma lleva la firma del ministro de Agricultura, Luis Basterra, que no participó de la discusión ni de las reuniones que se hicieron para tratar el tema y que además no está de acuerdo con la medida. “A Luis lo dejaron pedaleando en el aire. Es una decisión que no comparte, ni puede defender porque muestra el desconocimiento de la realidad. Además, lo inhabilita en su trabajo porque venía trabajando en otro sentido”, le dijo a elDiarioAR un dirigente de diálogo con el formoseño que llegó a su puesto promocionado por Cristina Fernández de Kirchner. Se repite en la administración Fernández una curiosa lógica a la hora de tomar decisiones: por alguna razón, quedan al margen los involucrados directos.  

En el gobierno, no aparece con claridad el padre de la criatura, aunque algunos sostienen que Alberto Fernández volvió de Europa decidido a intervenir en el sector con el objetivo de frenar el aumento de precios. Kulfas estuvo entre los antiguos críticos del cierre de exportaciones y Martín Guzmán ,como Basterra, tampoco fue consultado. Solo La Cámpora salió a defender la decisión oficial, con un comunicado titulado “Primero que coman los argentinos”: contrastaba el aumento de las exportaciones con la caída de consumo pero no abundaba en la efectividad de la medida, lo que cuestionan los que conocen cómo funciona el mercado de la carne. ¿Van a bajar los precios en el mostrador?

Como era previsible, la resolución generó la réplica de la oposición y reinstaló el largo conflicto del peronismo con el sector agroexportador. En el paro ganadero de ocho días que inició La Mesa de Enlace, Juntos por el Cambio encontró una razón para reafirmar su lazo con el ruralismo, una sinergia que las reiteradas reuniones del gobierno con el poderoso Consejo Agroindustrial buscaba interrumpir. Para la oposición antiperonista, es casi un regalo del cielo en el arranque de la campaña electoral y le ofrece la posibilidad de despegar de la endogamia propia de la política para revincularse con una base social que le dio origen y carnadura a Cambiemos. A la inversa, en el Frente de Todos, el anuncio que cuenta con escasos promotores generó el rechazo inmediato de Omar Perotti, uno de los gobernadores del peronismo núcleo que precisa despegar de las decisiones que se toman en Buenos Aires sin consultarlo y lo afectan de manera directa. Casi la mitad de las exportaciones de carne parten desde Santa Fe. 

Tal como contó elDiarioAR, la medida impacta sobre un mercado hiperconcentrado, dominado por 10 grandes jugadores -argentinos y brasileños- que controlan el 75% de las ventas al exterior. Sin embargo, los objetores de la medida que forman parte del Frente de Todos sostienen que el perjuicio económico va a ser para los frigoríficos medianos y regionales que habían empezado a participar por primera vez del mercado exportador, no cuentan con márgenes de rentabilidad tan amplios como los grandes y no tienen espalda para aguantar. 

De gran poder económico, los ganaderos que llamaron al cese de comercialización por ocho días figuran entre los sectores más movilizados de la región pampeana, con eje en el interior de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y La Pampa. Una parte está representada por Confederaciones Rurales Argentinas, que reúne a las sociedades rurales de las provincias que salieron a rechazar en 2008 la resolución 125 del ahora senador cambiemita Martín Lousteau. Por aquellos años, al hoy Presidente le tocó ordenar el cierre de exportaciones, una medida con la que no estaba de acuerdo y fue uno de los elementos que contribuyó en el proceso de distanciamiento que terminó con su renuncia como jefe de Gabinete. 

¿Qué podía hacerse en lugar de replicar una norma que no resuelve el problema de los aumentos? En el gobierno, se escuchan distintas alternativas que por ahora fueron descartadas. La suba de las retenciones, con el objetivo de reducir el impacto inflacionario del fuertísimo aumento de los commodities como el maíz, es la más escuchada pero choca con los limites políticos que tiene el Frente de Todos y puede desatar un nuevo y persistente conflicto con el ruralismo en el año electoral. La otra es la regulación de los cupos exportables que se autorizan todos los meses, una forma discreta y menos ruidosa de ponerle freno a las ventas al exterior y destinar una porción mayor al mercado local, algo que ya hizo el cristinismo cuando tuvo a Julián Domínguez como ministro de Agricultura, a la salida de la batalla con la Mesa de Enlace.

De fondo, está el debate por el aumento de las exportaciones. Si hace 10 años la Argentina sedienta de dólares exportaba 300 mil toneladas por año, hoy avanza hacia el millón de toneladas, más del triple. Según el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, entre febrero de 2020 y enero de 2021, las exportaciones argentinas se ubicaron en volúmenes cercanos a las 907 mil toneladas equivalente res con hueso, por un valor cercano a 2.690 millones de dólares, la mayoría con destino al mercado chino. 

Un informe del INTA Balcarce que circula en el gobierno sostiene que ganadería opera en su máxima capacidad y produce entre 56 y 56 millones de cabezas de ganado por año. El país tiene la misma cantidad de ganado que hace 50 años con 20 millones de habitantes más y casi un millón de toneladas rumbo a la exportación. “No hay más pastura, ni espacio ni territorio para desarrollar la ganadería. Está en el límite de las capacidades”, dicen los peronistas del Frente de Todos que se alinean con Perotti y el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. De acuerdo a esa visión, el formidable aumento de la carne no sería consecuencia de la especulación ni del impacto de los commodities sino de una cuestión de oferta y demanda. ¿Por qué no hay más territorio? Hasta los defensores del agronegocio lo reconocen: porque en los últimos 20 años, la agricultura -dominada por el boom de la soja- expandió como nunca la frontera agropecuaria y le arrebató a la ganadería 10 millones de hectáreas que fueron compensados solo en parte por los feedlots.

Según esa descripción, Argentina tiene muy poco margen para modificar por el lado de la oferta la ecuación que impacta en millones de familias que padecen la caída del poder adquisitivo. Flota en el aire lo que el propio Julián Domínguez le propuso a Alberto Fernández hace no tanto: un plan de estímulo a la ganadería con eje en el norte argentino para recuperar entre 80 y 100 kilos de carne por animal. La idea sería presentada de manera ambiciosa, como una especie de Plan Balcarce II, y buscaría financiar a tasa subsidiada el crecimiento del sector para aumentar los niveles de eficacia en la preñez, invertir en bebedores nuevos y alambrados nuevos. Algunos en el gobierno sostienen que en eso estaba trabajando Basterra, asesorado por varios de los funcionarios que heredó de Domínguez.  

Todo estaría coordinado con los frigoríficos exportadores que industrializan y generan puestos de trabajo y valor agregado, no con los que evaden, subfacturan y triangulan. De ser así, la realidad volvió a imponerse sobre el gobierno y la urgencia de precios que tornaron inaccesible la carne para los argentinos obligó al Presidente a  tomar una medida que ni siquiera convence a todos adentro del oficialismo.