Córdoba

Juicio por la muerte de Blas Correas: denuncian 10 casos fatales de violencia institucional en los últimos dos años

El adolescente Blas Correa fue asesinado en un control vehicular en la ciudad de Córdoba al recibir disparos policiales.

En las dieciocho audiencias que lleva adelante el juicio por el asesinato de Blas Correas, día a día se suman pruebas que demuestran que la Policía de Córdoba y el Ministerio de Seguridad, no desconocían las prácticas ilegales de algunos de sus miembros, sino que las encubrieron y en algunos casos las alentaron. El juicio expone que la violencia institucional es una práctica habitual en Córdoba, como señaló Noelia Garone, directora de Promoción y Protección de Derechos Humanos de Amnistía Internacional en Argentina, en una entrevista a la agencia de noticias Télam.

Garone es observadora por parte de Amnistía Internacional en el juicio que se lleva adelante en Córdoba desde hace dos meses en la Cámara 8ª del Crimen –el pasado viernes 11 se realizó la 18ª audiencia- y según sus palabras, su presencia apunta a que “se cumplan las debidas garantías del proceso, que haya esclarecimiento y se haga Justicia”. La observadora de Amnistía Internacional le dijo a Télam que lo que le ocurrió a Blas Correas “no es un caso aislado ni exclusivo de Córdoba. Son situaciones que vienen de larga data y ocurren en todo el país por el uso arbitrario de las fuerzas de seguridad”.

Blas Correas fue asesinado en los primeros minutos del 6 de agosto de 2020, cuando a bordo de un Fiat Argo, conducido por su amigo Juan Cruz Camerano, dos policías apostados en la avenida Vélez Sársfield dispararon contra el vehículo porque no se detuvo. Además de los dos adolescentes, iban Camila Toci, adelante; y Cristóbal Bocco y Mateo Natalli sentados atrás, cada uno al lado de Blas. “Estos pibes que están acá corrían a salvar a su amigo y eso no lo olvide nunca nadie. Siempre los voy a defender y en ellos encuentro la fuerza en seguir adelante”, señaló Soledad Laciar, la madre de Blas, la mañana del miércoles 7 de septiembre pasado, mientras entraba a la primera audiencia del juicio donde se trata de dilucidar penalmente las responsabilidades de 13 acusados por el crimen de su hijo de 17 años.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba (APDH Córdoba) que sigue este crimen desde que ocurrió, contabilizó otros nueve casos fatales de violencia a manos de la Policía de Córdoba entre abril de 2020 y julio de 2022; por lo que el 10 de agosto pasado, hace tres meses, le solicitó una audiencia “con carácter urgente” al gobernador Juan Schiaretti, pero el expediente “está cajoneado” desde el 12 de agosto pasado.

Hay 13 acusados en el juicio

En el juicio los principales acusados son los cabos primero Javier Alarcón (32) y Lucas Gómez (36), autores de los disparos que terminaron con la vida de Blas, imputados como coautores de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego, calificado por haber sido cometido en abuso de su función por un miembro de las fuerzas policiales”. Las pericias confirmaron que la bala que mató al adolescente salió de la pistola de Gómez, un policía que no debería haber estado patrullando y mucho menos armado, por haber encubierto años antes, a un violador serial. 

El defensor del policía Lucas Gómez, Gastón Schonfeld, y Martín Cafure, defensor del policía Walter Soria –otro imputados-, se opusieron a que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación actúe como “Amicus Curiae” y que Amnistía Internacional participe como “observador” del proceso. 

Además de asesinar al chico, según el expediente, los policías intentaron fraguar un enfrentamiento y plantaron un viejo revólver. Alarcón culpó a su compañera de patrulla Wanda Esquivel (34) por ese hecho: “Cuando Esquivel recibe el llamado del cabo Leandro Quevedo, me preguntó si tenía un ‘tango’, si tenía un arma”. El policía agregó en su declaración: “Le dije que tenía un revólver viejo y se lo di a ella. Yo nunca la obligué a nada”. El fiscal federal Maximiliano Hairabedian abrió una investigación contra ambos y los imputó por “encubrimiento”, por poseer ese revólver Doberman calibre .22 sin identificar.

La acusación por el homicidio de Blas Correas, abarca además de los policías que dispararon, Gómez y Alarcón, a otros 11 uniformados de distintos escalafones, quienes participaron en un plan de encubrimiento para lograr la impunidad del homicidio.

Las compañeras de patrulla de Alarcón y Gómez; las policías Esquivel y Yamila Martínez (24), son juzgadas por “encubrimiento por favorecimiento personal y real agravado por la calidad funcional y por la gravedad del hecho precedente y como autoras del delito de omisión de deberes de funcionario público”; la misma imputación que les cabe al subcomisario Sergio Alejandro González (43), al comisario inspector Walter Soria (44), al subcomisario Enzo Quiroga (35) y al comisario inspector Jorge Galleguillo (45). 

El 19 de octubre pasado, durante la 13ª audiencia, declaró como testigo la jefa de la Policía de Córdoba, comisario general Liliana Zárate Belletti, y reconoció que la fuerza que comanda cometió “violencia institucional” en el crimen de Blas. Zárate Belletti llegó a Tribunales vestida de civil, declaró durante cuatro horas y luego de que los jueces expusieran unos videos donde se vio la balacera contra el Fiat Argo, y otros donde hay una decena de policías que no ayudaron a salvar la vida de Blas aún herido, sólo atinó a decir “siento vergüenza”. 

Tras su testimonio, 26 meses después del homicidio, los diez policías fueron pasados a situación pasiva, entre ellos el oficial Ezequiel Henot, quien esa madrugada cacheteó a Juan Camerano, el amigo que intentaba salvarle la vida a Blas. 

La jefa policial también declaró que, en su carrera, nunca se enteró de la existencia de armas para plantarles a los sospechosos.

Pese a los dichos de Zárate Belletti, esta práctica es habitual según consta en la Justicia: la noche del 31 de octubre 2007, los policías Héctor Edmundo León y Silvia Sánchez detuvieron a Raúl Mola (18), acusado de un robo en barrio Remedios de Escalada. El joven fue esposado con sus manos hacia atrás y tras iniciar el traslado hacia una comisaría, extrajo un revólver calibre .22, dentro del móvil y efectuó dos disparos: “¡Me quiere matar!”, gritó Sánchez. Su compañero León, frenó el auto, se bajó y abrió la puerta trasera; le quitó el revólver al preso y lo mató de dos balazos. 

Diez años después, en 2017, León fue juzgado y la fiscal Laura Battistelli pidió una pena leve: “La ley no acepta la emoción violenta para los casos de policías que actúan en servicio. León no tenía conciencia cuando mató. Además, no cometió ningún abuso con su propia arma reglamentaria, sino con el revólver del detenido. No existió abuso”, dijo la fiscal. Se sospecha que Mola tomó el arma de un bolso del patrullero, que llevaban para utilizar ilegalmente. León no pasó ni un día preso.

Ex ministro en la mira

El comisario mayor Gonzalo Cumplido, jefe de Seguridad de la Capital al momento del asesinato de Blas, declaró ante los jueces Marcelo Jaime, Juan Manuel Ugarte y Mario Centeno apuntó a las responsabilidades administrativas, políticas y penales del entonces ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera: “Me encontré con Soria y Galleguillo en la Oficina de Prensa. Les pregunté si a todos los intervinientes los habían podido convocar a la sede judicial, me dijeron que sí. Mientras estábamos frente al televisor, vimos una declaración del doctor Mosquera donde él hace una escueta declaración. Inmediatamente a que termina, me llama a mi teléfono personal y me dice ‘Gonzalo prepará un buen operativo, prepará las vallas, que vamos a tener quilombo porque mataron a un pibe de clase media’.  Yo le dije que iba a volver a pasar, que va a volver a pasar y puede volver a pasar. Y pasó con el chico de Paso Viejo”, declaró Cumplido el miércoles 26 de octubre, en la 16ª audiencia.

El ex comisario, que fue sobreseído en junio de 2021 del crimen de Blas por el fiscal Anticorrupción Franco Mondino, apuntó fuerte contra el ex ministro de Seguridad: “No me cabe ninguna duda que mis superiores sabían del tema del arma” y “Muchas veces se usan los teléfonos particulares porque siempre está la duda en la Policía sobre que los teléfonos oficiales están pinchados”. 

Durante esta misma audiencia estaba previsto que lo hiciera el ex ministro Mosquera, pero debido a la extensión del testimonio del ex policía la cita pasó para el 24 de noviembre, en pleno Mundial de Fútbol de Qatar. Mosquera fue ministro hasta el pasado 20 de septiembre.

Para respaldar sus dichos contra el ex ministro de Seguridad, Cumplido dijo que en su teléfono celular constaban las pruebas y el martes 1 de noviembre, cinco días después de declarar, el ex jefe entregó su teléfono móvil a las autoridades de la Cámara 8ª del Crimen; le tomaron declaración y lo derivaron a la Policía Judicial, donde durante cinco horas peritaron el aparato, para luego devolvérselo. Los mensajes que se analizan como prueba abarcan un lapso de 15 meses, desde el 3 de noviembre de 2019 hasta el 12 de febrero de 2021.

La APDH acusa

Además del asesinato de Blas Correas, la Regional Córdoba de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos contabilizó otros nueve casos de violencia institucional, por lo que le solicitó una entrevista al gobernador Juan Schiaretti “para evaluar la necesidad de que el Gobierno realice cambios en materia de Seguridad y Derechos Humanos; dado el creciente número de acciones de brutalidad policial que se registran desde que Usted inició su tercer mandato en diciembre de 2019 y que se han incrementado desde mediados de 2020 hasta la fecha, con la trágica muerte del ciudadano Johnatan Romo a principios del mes de julio mientras se encontraba detenido en una comisaría de la ciudad de La Falda”.

El organismo señaló que “desde que Mosquera asumió como ministro, el 10 de diciembre de 2019, en coincidencia con la asunción de su tercer mandato como gobernador de Córdoba, hubo diez casos de violencia institucional con víctimas fatales”.

1. Franco Sosa (27). 26 de abril 2020 en la zona de Interfábricas, luego de robar en una metalúrgica. Los policías declararon que Sosa cubrió su retirada con un arma, pero no se encontró ninguna. Murió de un disparo en el cuello. Los policías están libres.

2. Gastón Mirabal y Ariel V. iban en moto por Villa La Tela. 3 de junio de 2020. Dos agentes de la Policía de Córdoba los persiguieron y les dispararon. Gastón murió y Ariel sobrevivió a seis heridas de balas. Oficialmente se dijo que hubo un intercambio de disparos. Los policías están libres.

3. José Antonio Avila, un vendedor ambulante aparece muerto con un balazo en el abdomen. 4 de julio de 2020. Los policías que lo asesinaron Lucas Gonzalo Navarro y Sebastián Juárez, no informaron a sus superiores y siguieron patrullando. El crimen lo denunció la viuda, Johana, y se abrió una investigación. Navarro y Juárez fueron detenidos. Los condenaron a penas menores. 

4. Blas Correas (17). Además de asesinarlo, los policías plantaron un arma, como ocurrió en el caso de Isaías Luna. Ese día a las 7, Gerardo Battistón, secretario de Lesa Humanidad de la APDH Córdoba se reunió con Ramiro, el marido de Soledad Laciar y la tía de Blas en Tribunales II y los asesoró sobre los pasos a seguir.

5. Luis Morenigo (36). 31 de agosto de 2020, Alta Gracia. Un operativo para detenerlo en su casa falla y el sospechoso huye. Detienen a su pareja y al hombre lo intentan detener a balazos. Uno de esos disparos le dio en el cuello y Morenigo murió en el acto. El policía está libre, acusado de homicidio por exceso en el ejercicio del cargo.

6. Joaquín Paredes (15), Paso Viejo, 25 de octubre de 2020. Este adolescente festejaba el cumpleaños de un amigo cerca de la plaza del pueblo. Llegó la Policía y abrió fuego. Por su asesinato serán juzgados seis policías que dispararon más de 100 veces contra los chicos.  

7. Isaías Luna (21). 18 de diciembre de 2020. Fue abatido por la espalda en una casa que había asaltado desarmado en Julio Borda al 1.200 de barrio Urca de esta Capital. Los policías plantaron en la mano derecha de la víctima un revólver calibre .38. Y luego avisaron a los servicios de emergencia sobre lo sucedido. La víctima era zurda.

8. Víctor Gustavo Calderón (21). 15 de febrero de 2022. Murió de 13 balazos que le disparó el policía Franco Paglino, que circulaba en moto de civil y con su pistola reglamentaria. El caso se presentó como legítima defensa ante un asalto. Cuatro años atrás, Paglino, también de civil y con su pistola reglamentaria mató a uno de los delincuentes que asaltó una financiera ilegal que funcionaba en Rondeau 94, fue el 15 de febrero de 2018.

9. Ezequiel Castro. 14 de junio de 2022. Falleció ese día en el Hospital Misericordia de esta Capital; había sido detenido la noche del miércoles 8 de junio. Cinco días estuvo su familia sin saber oficialmente nada de él, pese a que su madre consultó en el Establecimiento Penitenciario N° 9 Unidad de Contención del Aprehendido (UCA). El lunes 13 la familia Castro fue informada de que Ezequiel había sido internado por un cuadro grave de deshidratación que le provocó la muerte al día siguiente.

10. Johnatan Romo (36). 10 de julio de 2022, La Falda. Paciente en recuperación por su adicción a las drogas, Romo murió torturado por policías que lo detuvieron en la localidad serrana de La Falda. Seis agentes que estaban a cargo de custodiar a la víctima, declararon que se descompensó, intentaron reanimarla y al fracasar las maniobras para salvarle la vida, llamaron a un servicio de emergencias. Cuando los médicos llegaron, Romo estaba muerto. La autopsia realizada bajo el Protocolo de Minessota, para determinar si la muerte fue producto de un ilícito, confirmó que los policías mintieron: Romo fue ahorcado por un tercero, cuando estaba boca abajo y mientras era sometido a una golpiza. A fines de 2021, ya había sido detenido y torturado, producto de las lesiones sufrió la perforación de un riñón. La fiscal de Cosquín, Paula Kelm, no investigó esos apremios y el abogado de los Romo, Luis Galli presentó en la Legislatura un pedido de juicio político contra la funcionaria.

Más casos

Con la salida de Mosquera, el ministro de Justicia y DDHH, Julián López fue ascendido a superministro de Gobierno y Seguridad, y la Secretaría de Seguridad quedó a cargo de Claudio Stampalija. Los casos de violencia institucional continuaron y la APDH los sigue de cerca:

-Sebastián Mackey (38), oriundo de Merlo, San Luis, fue detenido el 20 de octubre en Río Cuarto y según su padre, Eduardo Mackey, fue sometido a apremios ilegales en la Unidad Departamental de la Policía: “Lo ponían boca abajo, uno de los policías se le paraba arriba de la espalda y otro le doblaba el cuello, por lo que no podía respirar”, denunció el hombre al diario Puntal de Río Cuarto. 

Mackey detalló que su hijo padece esquizofrenia, está internado en una clínica local y recién hace unos días pudieron verlo: “Impresionaba, estaba golpeado por todos lados, tenía un derrame en un ojo, el cuello no lo podía ver y en la zona de las manos y los brazos estaba lastimado”.

-El domingo 30 de octubre murió un preso en la alcaidía de la Policía de Villa María. Eduardo César Beltramo (31), acababa de ser detenido por amenazas; y según la versión oficial, mientras era revisado por la médica policial se desvaneció y murió. En el Hospital Regional Pasteur constataron su deceso. El fiscal René Bosio abrió una investigación.

GM

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