Juicio Político: el oficialismo vuelve a citar a D'Alessandro por su ausencia y pide sanciones a Robles por “falso testimonio”

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados pidió este martes a la Corte Suprema de Justicia que evalúe sancionar “por falso testimonio” a Silvio Robles, vocero del juez Horario Rosatti. Además, resolvió volver a citar al exministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D'Alessandro, quien debía concurrir hoy a comparecer ante ese cuerpo y no asistió, a lo que le advirtieron que si no se presenta nuevamente pedirá la intervención de un juez para garantizar su presencia.

En el inicio de la reunión, sin la presencia de los diputados opositores, la diputada nacional Carolina Gaillard del Frente de Todos (FdT) anticipó que D'Alessandro avisó que “no podía asistir por razones personales” y propuso que se adopte “la misma tesitura que tomamos con los otros testigos, citándolo nuevamente para la próxima reunión, bajo apercibimiento de darle conocimiento al juez competente”, ya que se trata de la segunda vez que no concurre.

De esta manera, Gaillard referenció a Aldo Tonón, exdirector de la obra social de los trabajadores judiciales, quien compareció en mayo pasado, luego de que un juez le notificara que debía declarar tras haber sido citado tres veces, ante la negativa a concurrir porque está imputado en tres causas penales relacionadas con presuntas irregularidades en su gestión.

Asimismo, la diputada oficialista anunció que el camarista porteño Juan Ignacio Mahiques también pidió reprogramar su visita “por razones personales”, así como el procurador General porteño, Gabriel María Astarloa, y Miguel Federico De Lorenzo, de la Secretaría de Jurisprudencia de la Corte, quienes también pidieron ir otro día.

En ese marco, el oficialismo aprobó enviar una nota dirigida a la Corte, donde se pide evaluar “acciones disciplinarias por falso testimonio” a Robles, al sostener que su conducta “afecta la transparencia del funcionamiento del máximo tribunal” por el hecho de ampararse en el artículo 18 de la Constitución, que establece que no está obligado a declarar ante la existencia de otras causas que se tramitan en la Justicia.

“Robles invocó abusivamente la garantía del artículo 18 de la Constitución Nacional, circunstancia que ha resultado manifiesta ante la ausencia de acreditación de causa judicial que legalmente lo habilite a callar la verdad”, afirmaron miembros de la Comisión en la nota dirigida a los jueces supremos, en la que se pidió que analicen un eventual falso testimonio cometido por el Director General de la Vocalía del presidente Rosatti.

Asimismo, sostuvieron que “la participación, la colaboración y el acceso a información son ejes sobre los cuáles se construye la rendición de cuentas que todo funcionario está obligado a proporcionar a la ciudadanía” y pidieron que la Corte informe, en el plazo de 10 días improrrogables, a la Comisión “si conoce la existencia” de las causas invocadas por Robles.

En tanto, la oposición justificó su ausencia en la Comisión en una carta, donde los legisladores denunciaron la existencia de “nuevas irregularidades vinculadas con la citación de testigos” y acusaron al FdT de “usar como maniobra burda las citaciones sobre la hora, sin respetar los plazos mínimos y razonables”.

Durante la reunión, el diputado Leopoldo Moreau (FdT) mencionó ausencia opositora. “Esta comisión ha tocado un nervio sensible con la citación a Robles. Este funcionario ha tenido un papel relevante como articulador en dos casos, por lo menos, como son las sentencias vinculadas a la coparticipación y al Consejo de la Magistratura y ha sido un eslabón fundamental en el tráfico de influencias”, dijo y acusó al funcionario de “entorpecer” la labor de la Comisión.

Por su parte, Rodolfo Tailhade (FdT) pidió sumar la citación del fiscal general porteño, Juan Bautista Mahiques, “sin dejar sin efecto” la concurrencia de Juan Ignacio Mahiques, al sostener que “la persona que festejó su cumpleaños (en el hotel Four Seasons), al que habrían llegado juntos Robles y D'Alessandro, no sería Ignacio sino Juan Bautista”.

El oficialismo acusa a D'Alessandro de haber intercambiado chats a través de Whatsapp con Robles, en una supuesta connivencia relacionada con el fallo de la Corte sobre la coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires. Estaba convocado para el martes pasado avisó que no podía concurrir en una carta por “motivos personales” y solicitó una reprogramación de la cita, tal como la prevista para hoy.

“Por existir situaciones en el plano personal que me impiden concurrir a la convocatoria prevista, vengo a solicitar tengan a bien disponer una nueva fecha para cumplir en debida forma con la requisitoria de esa Comisión”, había escrito D'Alessandro en su nota dirigida a Gaillard.

Robles, el principal asesor no letrado de Rosatti, quien concurrió el martes pasado a la Comisión, se abstuvo de contestar la mayoría de las preguntas, por lo que el oficialismo lo calificó como “reticente a aportar información” y ahora solicite que se lo sancione por esa actitud. El testigo se amparó permanentemente en el artículo 18 de la Constitución Nacional y en el 8B del Reglamento de la Justicia Nacional, para evitar contestar los requerimientos de los diputados del FdT.

En esa oportunidad, los legisladores oficialistas aprobaron un careo entre Robles y el exadministrador de la Corte Héctor Marchi, quien en su momento afirmó que fue desplazado de su cargo porque se “negó a encubrir” al asesor de Rosatti.

Por otro lado, desde Juntos por el Cambio (JxC) cuestionaron la utilización de los supuestos chats filtrados como elemento para interrogar a los testigos, más allá de la prueba de la huella de voz solicitada por el FdT como elemento para apuntalar la identidad de aquellos que interactuaron en esas conversaciones de Whatsapp.

En el marco de la reunión, y respecto al fallo sobre coparticipación, Gaillard justificó el mal desempeño de los integrantes de la Corte en esa causa y leyó un escrito de la Comisión en el que los legisladores sostienen que se trata de “una resolución arbitraria que contiene vicios jurídicos”, donde se omitió -entre otras cuestiones- la intervención de las provincias y la ausencia de pautas objetivas en la determinación del porcentaje.

El expediente que analiza la Comisión de Juicio Político está basado en el fallo de la Corte Suprema que dispuso, el pasado 21 de diciembre, que el Gobierno Nacional le pague al porteño el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables, en el marco de la disputa entre ambas administraciones por el porcentaje correcto.

LC con información de agencia Télam