La Justicia frena los pases a disponibilidad en el INTA y multa al Gobierno con $10 millones diarios si no cumple
El conflicto entre el Gobierno nacional y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) sumó un nuevo capítulo este lunes, cuando la Justicia volvió a expedirse contra los pases a disponibilidad en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín ratificó una cautelar presentada por ATE y ordenó al Ejecutivo dejar sin efecto la resolución que afectaba a 300 trabajadores del organismo. La medida incluye una sanción económica de 10 millones de pesos por cada día de incumplimiento.
La decisión judicial llega después de una serie de medidas contradictorias. El miércoles pasado, el mismo tribunal había dejado sin efecto el decreto 462/25, que habilitaba el pase a disponibilidad de empleados estatales, y dispuso que no se aplicara en el INTA. Poco después, el Senado rechazó definitivamente el DNU. Pese a ello, el Gobierno avanzó con la Resolución 1240 del Ministerio de Economía, que volvió a poner en riesgo los puestos de 300 empleados del instituto.
La conducción nacional de ATE celebró el fallo y volvió a exigir al Ejecutivo que cumpla con la decisión judicial. “En serio Presidente @JMilei, ¿van a seguir insistiendo en desafiar a los otros poderes del Estado?”, cuestionó el secretario general Rodolfo Aguiar.
En un mensaje más duro, el dirigente calificó al Gobierno de “cabeza dura” y sostuvo que, pese al sufrimiento que generan los intentos de ajuste, cada fallo a favor del gremio se transforma en una victoria para los trabajadores.
Desde la organización sindical remarcaron que el Ejecutivo insiste en “desconocer a los otros poderes del Estado” y que las decisiones judiciales a su favor se repiten frente a lo que consideran “una política de ajuste sin sustento legal”.
El conflicto con el INTA se inscribe en un escenario de recortes más amplio dentro del sistema científico y tecnológico nacional. En el CONICET, el SENASA y en Agricultura Familiar ya hubo despidos y cierres bajo el mismo argumento oficial de “eficiencia” y “achicamiento del Estado”.
MM con información de agencias.
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