La Libertad Avanza anunció a Carlos Torrendell como futuro secretario de Educación
El doctor en Ciencias de la Educación Carlos Horacio Torrendell será el secretario de Educación del futuro gobierno de Javier Milei a partir del 10 de diciembre, anunciaron hoy desde la Oficina del Presidente Electo.
Torrendell es profesor titular ordinario de la Universidad Católica Argentina (UCA) y miembro del Consejo Superior de esa institución desde julio pasado.
El designado funcionario tiene a su cargo las materias Política Educativa e Historia de la Educación Argentina en el departamento de Educación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCA.
Además, en 2020 fue designado como integrante académico del Consejo Nacional de Calidad de la Educación, organismo dependiente del Ministerio de Educación nacional.
También fue coordinador y asesor en Planeamiento Educativo y en Formación Docente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y miembro del Consejo Consultivo, Unidad de Evaluación Integral de Calidad y Equidad Educativa del Gobierno porteño.
Su pensamiento
“La escuela no existe por el Estado, sino por la sociedad. Es pública, pero en un sentido no estatista ni subordinado. La educación privada no puede ser reducida a un tipo de gerenciamiento que será permitido siempre y cuando se convierta en una franquicia del Estado o responda a los intereses e ideologías de turno de quienes ocupan el nivel directivo burocrático del aparato estatal. La escuela de la sociedad civil tiene sentido en sí misma, con su identidad y proyecto en el marco del bien común y del sistema educativo. El Estado tiene que animarla, protegerla, brindarle condiciones, coordinarla, regularla y controlarla para el logro del bien educativo nacional. Pero no enclaustrarla”, escribió Torrendell en un ensayo titulado “La educación privada: entre el neoestatismo y la sociedad civil”, publicado en 2014 por la Revista Cultura Económica de la UCA.
Fragmentos de su ensayo “La educación privada: entre el neoestatismo y la sociedad civil”
- “En una serie de libros y artículos de investigación, en comentarios periodísticos y políticos, y en algunas normativas destinadas a la educación pública de gestión privada, parece alentarse, en los últimos años en la Argentina, una nueva conceptualización de la relación entre el Estado y las escuelas de la sociedad civil con la idea implícita o explícita de reconvertir la escuela privada en un ”servicio público“ asimilable al transporte o a la telefonía”.
- “A pesar de haber sido sancionada durante los mal afamados años 90, la Ley Federal de Educación (LFE) promovió la idea novedosa (y desde mi punto de vista positiva, aunque técnicamente no muy consistente y bastante difícil de explicar por su carácter contraintuitivo) de que existe una educación pública de gestión estatal y otra de gestión privada”.
- “No quiero rehuirle finalmente a un problema que es necesario reconocer: no cabe duda de que no es fácil distinguir cuándo una regulación estatal es adecuada, equilibrando y complementando razonablemente los derechos y deberes de los distintos agentes educativos dentro de la comunidad propia y nacional, y cuándo una regulación es invasiva o lesiva de la legítima autonomía de la sociedad civil y, por lo tanto, convierte a la escuela privada en una gerencia. Esta distinción depende mucho de la ideología con la cual se evalúe cada caso concreto. Para un liberal radical, resultaría ya un problema la mera existencia de una regulación del Estado a la libertad individual o de empresa. En el otro extremo, para un estatista, todo ejercicio de libertad individual o comunitaria implicaría un atentado al carácter público de la educación y a la comunidad nacional”.
- “Entre estos dos extremos (en donde es más fácil discernir), existen múltiples situaciones de difícil resolución, incluso para aquellos que tienen buena voluntad y deseos de respetar las perspectivas ajenas, precisamente porque hay criterios diversos sobre situaciones concretas aún dentro de campos ideológicos comunes. Pero estas decisiones resultan mucho más justas si existe al menos un espacio de valores en común en que se reconocen los derechos tanto del Estado como de la sociedad civil en la construcción de la vida educativa de una sociedad”.
- “Esto último tal vez podría lograrse si se parte del principio de que la educación es responsabilidad, en primer lugar, de la sociedad toda. Esto implica la primacía de los actores que componen la sociedad civil, especialmente de los padres y de las comunidades o asociaciones espontáneas que ellos quisieran formar o a las cuales quisieran adherir, y no del aparato estatal”.
- “Este último ciertamente tiene una enorme responsabilidad consistente no en monopolizar y gestionar directamente toda la educación formal, sino en garantizar el derecho/deber efectivo a la educación de todos, coordinándola, promoviéndola, defendiéndola y, en última instancia, desarrollándola en todos aquellos casos en que la sociedad civil no se pueda hacer cargo de su responsabilidad primaria”.
- “El bien común educativo, en sus dimensiones individual y social, es el fin de toda la sociedad y es esta última la primera responsable de su vigoroso despliegue. En este sentido es conveniente dejar atrás la moderna concepción centrada en el Estado Educador y encarnar en la actual cultura, otra enfocada en la Sociedad Educadora. A partir de esta idea matriz, está claro que la escuela de la sociedad civil no es un espacio de gerenciamiento o de tercerización ni un servicio público en tal sentido”.
- “La escuela no existe por el Estado sino por la sociedad. Es pública, pero en un sentido no estatista ni subordinado. La educación privada no puede ser reducida a un tipo de gerenciamiento que será permitido siempre y cuando se convierta en una franquicia (franchising) del Estado o responda a los intereses e ideologías de turno de quienes ocupan el nivel directivoburocrático del aparato estatal. La escuela de la sociedad civil tiene sentido en sí misma, con su identidad y proyecto en el marco del bien común y del sistema educativo”.
- “El Estado tiene que animarla, protegerla, brindarle condiciones, coordinarla, regularla y controlarla para el logro del bien educativo nacional. Pero no enclaustrarla. Es clave estar atentos y hacer docencia tanto entre los agentes estatales como entre los propios actores de la educación privada en la Argentina para que se comprenda el daño que este neoestatismo puede causar en nuestra sociedad democrática y plural y el bien que puede resultar, en cambio, si se promueve una sana relación entre el Estado y las escuelas, sean estas estatales o civiles”.
Con información de agencias y del ensayo “La educación privada: entre el neoestatismo y la sociedad civil”, publicado por Torrendell en junio de 2014.
IG
0