Lugones y Vilches no fueron a Diputados y se demoran las explicaciones oficiales sobre las supuestas coimas

El ministro de Salud, Mario Lugones, y el flamante interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Alejandro Vilches, se ausentaron este martes en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados a la que habían sido citados para que rindieran cuentas sobre el escándalo del presunto pedido de coimas que revelaron los audios del extitular del organismo Diego Spagnuolo.

“Lamentablemente no hemos tenido respuesta ni de Lugones ni del doctor Vilches. Tenemos la idea de que no van a venir”, anunció el presidente de la comisión de Salud, Pablo Yedlin, de Unión por la Patria (UxP), al comenzar la reunión conjunta de las comisiones de Salud y Discapacidad, a la que no asistió ningún integrante del oficialismo ni sus aliados.

El diputado tucumano señaló que “no es la primera vez” que ministros de este Gobierno dejan las sillas vacías ante distintas citaciones a la Cámara de Diputados.

Yedlin recordó que, además de producir leyes, “uno de los objetivos” de los legisladores es “controlar al Poder Ejecutivo” y para desempeñar esa función existen “herramientas” como las invitaciones a funcionarios, interpelación, pedidos de informes y el juicio político “en última instancia”.

Ante la ausencia de los funcionarios del Gobierno, la comisión se abocó a discutir el amplio abanico de proyectos vinculados a esclarecer este caso de presunta corrupción que compromete, entre otros, a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El diputado opositor explicó que como “la mayoría de estos proyectos tienen giro a la comisión de Asuntos Constitucionales, que es controlada por el oficialismo y no tiene ningún interés en tratar las iniciativas, no ”va a quedar más alternativa que en la próxima sesión“ se mocione un emplazamiento.

A su turno, el presidente de la comisión de Discapacidad, Daniel Arroyo, también de UxP, resaltó el “contraste obsceno” entre la situación deplorable del sistema de prestaciones y atención a personas con discapacidad y lo expuesto en los audios sobre presuntas coimas superiores a los 500 mil dólares.

Como muestra del cuadro de situación, el legislador opositor advirtió que “una persona que trabaja en un taller protegido sigue cobrando 28 mil pesos por mes” y que “los acompañantes terapéuticos están discutiendo cómo pasan de cobrar 2.900 pesos por hora a cobrar 3.100 pesos”.

“Un transportista de personas con discapacidad cobra hoy 541 pesos el litro de nafta. Como la nafta sale 1500 pesos en lugar de trasladarlos cinco veces por semana, los traslada dos”, lamentó.

Además, alertó que los hogares y centros de día están todos a punto de cerrar porque están desfinanciados.

En otro orden, aseguró que las auditorías sobre las pensiones en discapacidad “se hicieron mal” y pusieron “en estado de desesperación a muchísimas personas”.

“Del total de las bajas que se dieron, 110 mil, casi 90 mil fueron por problemas de domicilio. El 40% de los telegramas y las cartas documento no llegaron a destino por algo muy básico y elemental y es que se tomó el domicilio original”, cuestionó Arroyo, que explicó que se omitió el hecho de que muchas personas se fueron mudando desde que tramitaron originalmente el certificado en Discapacidad hasta la actualidad.

Con información de la agencia NA