Malestar del Gobierno por el ultimátum que fijó la Corte para rearmar el Consejo de la Magistratura

“Ridículo”, lo describe un funcionario. Se refiere al plazo de 120 días que fijó la Corte Suprema para que se incorporen siete integrantes al Consejo de la Magistratura, en caso contrario a partir del día 121, el organismo no podrá seguir funcionando.

Ese renglón del fallo del tribunal fue el que le sumó tensión y incertidumbre a un dictamen que se adivinaba hacía tiempo, al punto que el Gobierno envió hace unos días un proyecto de reforma del Consejo, sobre la base de que los cortesanos “voltearían” la reforma que se aprobó en el 2006 en el Congreso, sumó una serie de objeciones, se judicializó y finalmente, a quince años de su sanción, se declaró inconstitucional.

Todo eso estaba en el radar oficial. La sorpresa, y el malestar, fue el plazo de 120 días, incluso fuera de las sesiones ordinarias, para que se vote una nueva ley o se vuelva a la integración de la ley primigenia del Consejo, con 20 miembros en vez de los trece actuales.

“Es de aplicación imposible”, dijeron en el Gobierno. Alberto Fernández la tarde del jueves analizó el texto con el ministro de Justicia Martín Soria. La mirada inicial fue que la postura oficial se expresó cuando remitió el proyecto de reforma. Pero en el marco de una tensión explícita con la Corte, cualquier cosa puede ocurrir. De hecho, este miércoles Fernández volvió con la idea de una eventual ampliación del máximo tribunal. “Es un tema central, la cuestión de la Justicia forma parte de la agenda de Alberto”, indicó una fuente oficial a elDiarioAR.

De hecho, en Casa Rosada deslizan que hasta tanto no se sepa si hay margen para la ampliación o no de la Corte, el Ejecutivo no avanzará con el envío del pliego de la postulante -será mujer- para ocupar el cargo que dejó vacante Elena Highton de Nolasco. Hay, ahí, un doblez: con número en rojo en el Congreso, el Gobierno no quiere anticipar una movida antes de tener algún nivel de certeza. “No la vamos a quemar”, apuntó un funcionario con despacho en Casa Rosada.

Mensaje y fondos

“La Corte quiere seguir condicionando al Gobierno”, apuntó un dirigente del FdT que traduce el fallo, en particular el plazo de los 120 días, en el marco de los mensajes “políticos” del tribunal. Agrega, a esa lectura, un elemento de otra dimensión: advierte que pone en vigencia una ley que fue derogada -la anterior del Consejo-, algo que considera “irregular” pero que forma parte, afirma, de una maniobra para tomar el “control total de los fondos del Poder Judicial que en 2022 ascenderá a 152 mil millones de pesos”.

En el Gobierno hay dos miradas. Una cree que el plazo de cuatro meses, le podría permitir al Gobierno acelerar la discusión y el tratamiento del proyecto de ley que envió hace unos días. Otra, menos optimista, cree que eso es imposible, que no hay margen de negociación con la oposición y que, además, la ley no tiene ni siquiera el respaldo total del oficialismo.

El texto enviado por el Ejecutivo tiene una diferencia sustancial con el formato que impone el fallo cortesano: este último devuelve la presidencia del Consejo a quien preside la Corte, algo que no está incluido en el proyecto oficial que eleva de 13 a 17 la cantidad de miembros del Consejo.

En un sector del oficialismo, vinculado a Cristina Kirchner, traducen el fallo a un movimiento de la Corte para tomar el control de todo el Poder Judicial. La misma mirada, pero por la positiva, hace un diputado opositor que entiende que el tribunal confirmó, con su fallo, que es la “cabeza del Poder Judicial” más allá de las posturas que exprese el oficialismo.

En el Gobierno advierten, en paralelo, que se vendrá una discusión legal y política difícil respecto a quienes serán, en representación de qué sector, los seis miembros que deberán sumarse al Consejo en abril y que tendrán mandato hasta noviembre del año próximo. En la oposición también advierten sobre ese punto porque es el Consejo el que deberá establecer el método de elección o selección de los nuevos integrantes, todo en meses de verano y vacaciones, con feria judicial.

Un debate adicional será sobre de qué bloque son los dos legisladores nuevos. La oposición lee que se debe a la segunda minoría.

PI