Más presión sobre Adorni: el peronismo pide su interpelación y la Coalición Cívica lo denuncia por “falsedad ideológica”
La oposición sigue mantieniendo la presión sobre el jefe de Gabinete, luego de que se conociera su declaración jurada y buscara justificar su patrimonio con la compra de Bitcoins, en una entrevista. El peronismo en el Senado presentó para interpelar de urgencia a Manuel Adorni.
En este contexto, presentó al ministro coordinador. El objetivo final del interbloque Popular del Senado, junto al bloque Justicia Social Federal, es claro: avanzar hacia una moción de censura, el mecanismo constitucional para remover al funcionario de su cargo.
El texto, que ingresó este viernes por Mesa de Entradas, lleva las firmas de referentes clave como José Mayans, Juliana di Tullio, Anabel Fernández Sagasti, Jorge Capitanich y Eduardo “Wado” de Pedro, entre otros.
Los senadores denuncian una profunda “gravedad institucional” debido a las inconsistencias patrimoniales e irregularidades detectadas en las presentaciones de Adorni ante la Oficina Anticorrupción (OA) y la Agencia de Regulación y Control Aduanero (ARCA).
Al tratarse de un proyecto de resolución, su debate es unicameral (se resuelve exclusivamente en el Senado). Tras hacer pública la iniciativa, el bloque conducido por Mayans lanzó un fuerte mensaje en la red social X para presionar al resto de los partidos: “Esperamos e instamos a que todas las bancadas que se dicen identificadas con la democracia, la institucionalidad, el republicanismo y la lucha contra la corrupción acompañen nuestro pedido”.
Denuncia penal: “Falsedad ideológica” y el “olvido” de las Cripto
En paralelo, la presión judicial llega desde la Cámara de Diputados. Los legisladores de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, presentaron una denuncia penal contra Adorni por “falsedad ideológica” y “omisión maliciosa” en sus declaraciones juradas de los períodos 2024 y 2025 (Art. 293 del Código Penal).
La denuncia solicita que, de comprobarse los delitos, el jefe de Gabinete sea condenado y se le aplique la inhabilitación expresa para ejercer cargos públicos.
Los puntos más polémicos del patrimonio de Adorni según la denuncia:
- Activos ocultos: en una reciente entrevista televisiva, el propio funcionario admitió haber mantenido activos fuera del circuito formal (específicamente criptomonedas) que ya poseía antes de asumir y que no declaró en 2023 y 2024.
- Efectivo no declarado: también reconoció haber omitido una herencia familiar en efectivo que encontró en el domicilio de su padre tras su fallecimiento.
- La justificación del “error”: ante las omisiones, Adorni argumentó con naturalidad que se trató de un “error involuntario” y que las posteriores declaraciones rectificativas demostraban su voluntad de transparencia.
“Malabares” judiciales e impacto institucional
Para los denunciantes de la CC, el argumento del “error” no sostiene la defensa del funcionario. Ferraro y Frade aseguran que el dolo está configurado porque la falsedad sustrajo bienes del conocimiento público por los que debió tributar.
Además, señalaron que las rectificaciones no borran el delito y acusaron a Adorni de intentar una estrategia legal para evitar una causa por enriquecimiento ilícito: autoincriminarse como evasor (pagando las deudas fiscales pendientes) para intentar justificar que su patrimonio es previo a la función pública.
Finalmente, la denuncia penal advierte que el agravante es doble: por un lado, Adorni no es un empleado menor, sino el administrador general de la Nación; por el otro, acusan al funcionario de haber incurrido en falsedad también en su informe de gestión escrito y verbal presentado ante el Congreso el pasado 29 de abril, un documento que tiene carácter público y queda registrado en el Diario de Sesiones.
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