El Senado abre el debate por la reforma de la ley de Salud Mental

El Senado se encamina a abrir esta semana un debate sensible y largamente postergado: la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental. El proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo, será tratado en un plenario de las comisiones de Salud -que se constituirá ese mismo día- y de Legislación General, presidida por la senadora neuquina Nadia Márquez. La discusión aparece en un momento en que el oficialismo busca reposicionar su agenda legislativa, tras los obstáculos para avanzar con la reforma electoral y otras iniciativas.

El eje de la propuesta pasa por modificar los criterios de internación y otorgar un rol más central a la mirada médica, en particular a los psiquiatras. En concreto, el texto plantea flexibilizar las condiciones para las internaciones involuntarias, habilitándolas en situaciones de “riesgo grave de daño para la vida o la integridad física” de la persona o de terceros. Se trata de un cambio significativo respecto de la legislación vigente, sancionada en 2010, que exige la existencia de un “riesgo cierto e inminente” para justificar este tipo de intervenciones.

La iniciativa mantiene, en términos formales, que la internación debe ser un recurso excepcional, pero introduce mecanismos para agilizar su aplicación en contextos de urgencia. En esos casos, el médico psiquiatra podrá indicar una internación no voluntaria, que luego deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario dentro de las 24 horas. Este punto sintetiza uno de los giros conceptuales del proyecto: sin eliminar el enfoque interdisciplinario, refuerza el peso de la evaluación médica en decisiones clave como diagnósticos, tratamientos e internaciones.

Además, el texto incorpora cambios en el lenguaje y en los criterios clínicos. El Gobierno propone reemplazar el término “padecimiento mental” por categorías diagnósticas más precisas, alineadas con la Clasificación Internacional de Enfermedades, con el argumento de que la noción actual resulta demasiado amplia y puede generar demoras en la intervención. En la misma línea, se busca integrar de manera explícita el consumo problemático de sustancias dentro de las políticas de salud mental, habilitando la creación de dispositivos específicos, tanto ambulatorios como de internación.

Otro de los aspectos centrales del proyecto es el rediseño del modelo de atención. A diferencia de la ley vigente -que promueve el cierre de los hospitales psiquiátricos monovalentes y su reemplazo por dispositivos comunitarios-, la propuesta oficial cuestiona la viabilidad de esa transformación en el corto plazo. En su lugar, plantea fortalecer una red de atención organizada por niveles de complejidad, en función de las limitaciones actuales de infraestructura, recursos humanos y condiciones de seguridad.

Desde el Gobierno sostienen que la reforma apunta a “modernizar” la norma y mejorar la respuesta del sistema sanitario frente a situaciones que, bajo el esquema actual, no encuentran suficiente cobertura. También señalan que la implementación de la ley es desigual en el país: no todas las provincias adhirieron formalmente y persisten déficits en la disponibilidad de servicios y camas de internación en hospitales generales.

Resistencia de especialistas y organizaciones de derechos humanos

Sin embargo, la iniciativa ya genera resistencias en sectores del campo de la salud mental y en organizaciones de derechos humanos. Distintas entidades advierten que los principales problemas no radican en el texto de la ley sino en su bajo nivel de cumplimiento, especialmente en lo que respecta al financiamiento. La normativa establece que al menos el 10% del presupuesto de salud debe destinarse a este área, una meta que, según relevamientos recientes, está lejos de alcanzarse.

En esa línea, voces críticas sostienen que flexibilizar las internaciones involuntarias puede implicar un retroceso en términos de derechos y abrir la puerta a prácticas de encierro que la ley de 2010 buscó limitar. Otros especialistas, en cambio, respaldan la reforma y consideran que el sistema actual presenta vacíos que dificultan intervenir de manera oportuna en situaciones de riesgo, especialmente en casos vinculados a consumos problemáticos o crisis agudas.

El debate, que comenzará en comisión, anticipa una discusión compleja que combina aspectos técnicos, sanitarios y éticos. En un contexto de creciente demanda en salud mental -atravesado por factores económicos y sociales-, la reforma pone en tensión dos enfoques: uno centrado en la ampliación de derechos y la atención comunitaria, y otro que prioriza la capacidad de respuesta del sistema frente a situaciones críticas. El resultado de esa puja comenzará a definirse en el Senado.

Con información de la agencia NA y de Chequeado