La Iglesia se reunió con los periodistas acreditados en Casa Rosada, pidió al Gobierno abrir “canales de diálogo” y “erradicar los discursos de odio”
La Comisión Episcopal de Comunicación Social de la iglesia Católica, encabezada por su presidente, monseñor Jorge Lozano, arzobispo de San Juan, recibió el viernes a representantes de periodistas acreditados en Casa de Gobierno. Y este lunes, el sacerdote acompañó a los trabajadores de prensa en el ingreso de la calle Balcarce: “Hay que visibilizar la situación porque la labor que realizan, a la que tienen derecho y es muy importante, ayuda a informar a toda la sociedad de los actos de gobierno”, dijo Lozano. Y agregó: “Es fundamental que puedan volver a desarrollar el trabajo que realizan cotidianamente”.
“Ante el cierre temporal de la Sala de Periodistas 'Decano Roberto Di Sandro', los trabajadores de prensa se expresaron acerca de la importancia de este espacio que funciona en la Casa de Gobierno, de modo prácticamente ininterrumpido, desde el año 1940. Reafirmaron la necesidad de respetar el derecho a trabajar —fuente de sustento para sus familias—, a la libre expresión y a la información a la sociedad”, expresa la iglesia a través de un comunicado publicado en sus canales oficiales.
Asimismo, la Conferencia Episcolal detalló que los trabajadores de prensa, en representación de los 60 trabajadores de prensa que desde el pasado jueves se vieron impedidos de ingresar a Balcarce 50 por una decisión unilateral de Javier Milei, “hicieron especial énfasis en el cuidado de los principios Constitucionales y los valores afectados en estas circunstancias”, al tiempo que se coincidió “en lo imperativo de erradicar discursos de odio, en consonancia con los mensajes del Papa León XIV sobre su llamado a 'desarmar las palabras y dejar de lado expresiones hirientes'.
Hacia el final de su escrito, la Comisión Episcopal de Comunicación Social pidió que haya “una pronta solución a través de canales de diálogo y entendimiento”.
A mediados de marzo, previo al 50 aniversario del último golpe militar, la Iglesia se había expresado en el mismo sentido: “Teneos que volver a elegir el diálogo para abordar los conflictos y los desacuerdos, sin caer en polarizaciones estériles. Se torna peligroso acentuar la culpa ajena para proclamar la propia inocencia y justificar una agresión indeterminada. Debemos renunciar a todo tipo de violencia, sabiendo que su espiral comienza con el discurso y escala hacia la acción”.
El 23 de abril, el Gobierno dio de baja las acreditaciones de todos los periodistas que se desempeñan en la Casa Rosada. El argumento oficial que brindó la secretaría de Comunicación -que depende de Javier Lanari, parte del equipo de Manuel Adorni-, es que hubo supuesto “espionaje ilegal” por parte de un programa del canal TN que filmó días atrás los pasillos de Balcarce 50 con uno anteojos de última generación con cámara. Este miércoles se conoció que Casa Militar, el organismo de quien depende la seguridad presidencial, denunció penalmente a dos periodistas de TN.
La medida implicó el quite de huellas dactilares de los periodistas acreditados -entre ellos, uno de elDiarioAR- y la caída de una prórroga que estaba vigente sobre las acreditaciones del año pasado, que vencieron en diciembre. “Hasta que no se esclarezca el tema de los videos, no se va a permitir el ingreso a ningún periodista”, completaron en el equipo de Lanari. No hubo comunicado oficial.
Además, la disposición de la administración Milei es una continuación del quite de acreditaciones de hace tres semanas a un grupo de periodistas. En su momento el Gobierno impidió el ingreso a los trabajadores de medios que publicaron algunas de las noticias producidas por una supuesta red rusa que buscaba desacreditar a Milei. También hubo una acción similar en el Congreso.
La decisión también está alineada a los cuestionamientos e insultos de Milei contra los medios y trabajadores de prensa. En sus redes sociales instaló el latiguillo “No odiamos lo suficiente a los periodistas”. A su vez, además de la Iglesia, organizaciones internacionales como Anmistía, y todo el espectro del arco político, cultural y social del país y buena parte del mundo se hicieron eco del cercenamiento oficialista al trabajo peridístico y denunciaron el feroz ataque del Gobierno a la libertad de prensa a partir de la represión sistemática contra los trabajadores en cada una de las manifestaciones donde se activa el protocolo antipiquetes, como en la mayoría de las manifestaciones con las que el presidente Milei inunda sus redes sociales con el llamado público a odiar al periodismo.
La enérgica condena del gremio de prensa
En cuanto los periodistas acreditados en la Casa Rosada comunicaron que por “una medida discrecional y sin notificación previa de la Secretaría de Comunicación y Medios, tenemos el acceso prohibido a nuestro lugar de trabajo debidamente acreditado. La decisión, que sigue sin ser justificada oficialmente por parte del Gobierno nacional, sugiere una avanzada explícita contra la libertad de prensa, ejercicio de la profesión y el derecho de acceso a la información de toda la ciudadanía”, el SiPreBA repudió “el acto de censura que se suma a la escalada de abusos de poder de parte de Javier Milei, quien no solo insulta, difama y hostiga a periodistas y trabajadores de prensa que realizan su trabajo, sino que presiona por despidos, como es de conocimiento público”.
“En el último tiempo, la persecución consistió en inventar causas judiciales con tipos penales graves, y agredir físicamente a los cronistas, fotógrafos y móviles en las protestas sociales. Todo apunta a generar un clima hostil hacia la prensa para que deje de contar lo que pasa”, remarcaron desde el gremio que nuclea a los periodistas.
“Una vez más, advertimos que la única política de comunicación del Gobierno es desprestigiar al periodismo con el fin último de debilitar la libertad de expresión, en medio de los casos de corrupción y el agravamiento de la crisis económica. No lo van a lograr. Nos solidarizamos con los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno, y nos ponemos a disposición de todos los acreditados y compañeros de los más de 50 medios afectados por el cierre de la Sala de Periodistas. ¡Basta de intentar silenciar a la prensa!”, reclamaron desde SiPreBA.
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