Soberanía ambiental, política de Estado

Un informe internacional volvió a poner a la Argentina en el centro de una discusión ambiental de escala global. Según el proyecto STOP Methane, de la Universidad de California, el Complejo Ambiental Norte III del CEAMSE fue identificado como el predio de disposición final de residuos con mayores emisiones de metano del mundo durante 2025. No es sólo un dato técnico. Es una alarma política, ambiental y sanitaria que debería obligarnos a hacer una pregunta incómoda. ¿Cuánto vale vivir en un ambiente sano? ¿Cuánto vale el aire que respira una comunidad? ¿Cuánto vale la salud de miles de familias que conviven todos los días con contaminación, abandono y promesas incumplidas?

Mientras el mundo discute cómo proteger sus recursos estratégicos frente a la crisis climática, nuestro país avanza exactamente en la dirección contraria. Menos controles, menos protección y más facilidades para transformar bienes comunes en negocios privados.

Lo que está en juego es muy profundo. La soberanía sobre los recursos que sostienen nuestra economía, nuestra producción y nuestra calidad de vida. El agua que baja de la cordillera, la tierra que produce alimentos, los bosques que regulan el clima y el aire que respiramos no son activos financieros.

Sin embargo, en nombre de una supuesta modernización, la Argentina atraviesa uno de los procesos más acelerados de desprotección ambiental de las últimas décadas. Al intento de flexibilizar la Ley de Glaciares se suma ahora el debate para eliminar los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros y modificar la legislación que regula qué ocurre con los territorios arrasados por incendios. Son iniciativas distintas, pero responden a una misma lógica. Considerar los recursos naturales únicamente desde su valor económico inmediato y nunca desde su importancia estratégica para las generaciones futuras.

Hay verdaderas tragedias ambientales de distinto tipo a lo largo del país. En San Martín, a metros del río Reconquista, el Complejo Ambiental Norte III del CEAMSE dejó de ser solo un relleno sanitario para convertirse en un símbolo del abandono ambiental. Hay cientos de miles de personas que viven expuestas a niveles de contaminación que condicionan su salud y su calidad de vida. Mientras se discuten reformas legislativas que debilitan el sistema de protección ambiental nacional, comunidades enteras siguen esperando respuestas básicas para problemas que llevan décadas acumulándose.

Ese señalamiento internacional puede parecer un dato técnico, pero sus consecuencias son devastadoras. El metano es un gas con enorme impacto climático y su presencia está asociada a condiciones ambientales que afectan directamente la vida cotidiana de quienes habitan alrededor del predio. Cuando se habla de justicia ambiental, se habla exactamente de esto. De quiénes cargan con los costos de la contaminación y quiénes obtienen los beneficios económicos de un sistema que naturaliza esas desigualdades.

La paradoja argentina resulta difícil de explicar. Mientras la Unión Europea endurece sus estándares ambientales y los mercados internacionales exigen cada vez más certificaciones de sustentabilidad para alimentos y materias primas, el Gobierno de Javier Milei parece empeñado en debilitar todas las herramientas ambientales.

Por eso el debate ambiental dejó de ser una agenda sectorial. Es una discusión sobre desarrollo, salud pública, producción, empleo y soberanía. Defender los glaciares, evitar incendios especulativos, preservar el control estratégico de la tierra y remediar los pasivos ambientales que enferman a millones de argentinos forman parte de la misma conversación pública. Y también geopolítica, en términos del bien más preciado, el agua.

La verdadera pregunta que debería atravesar este debate es si queremos un país que administre responsablemente sus recursos o uno que los liquide para resolver urgencias de corto plazo. Porque cuando una Nación deja de cuidar su agua, su tierra y su aire, no está atrayendo inversiones. Está hipotecando su futuro.