Angela Merkel fue citada por Alberto Fernández al justificar las nuevas restricciones adoptadas por el presidente en medio de la segunda ola de coronavirus. “El virus no nos deja dudar. Con el virus no negociamos”, fueron las palabras del presidente. Y ahora la política de la canciller alemana es tomada como ejemplo en una propuesta para regular la presencialidad en las aulas de la Ciudad de Buenos Aires, eje de la tensión entre el gobierno nacional y el porteño.
Leandro Santoro presentó la semana pasada junto a un grupo de diputados del Frente de Todos un proyecto ante la Legislatura de la Ciudad que establece que la tasa de incidencia, o sea, la cantidad de casos de Covid-19 cada 100.000 habitantes en siete días, sea tomada como referencia para decidir la apertura de las escuelas en CABA.
Este proyecto de ley busca “superar la discusión sobre la presencialidad y darle certidumbre a las familias”, argumentó Santoro en una serie de tuits en los que dio a conocer la propuesta.
En concreto, la idea es que se garantice la presencialidad cuando haya menos de 200 casos semanales cada 100.000 habitantes. “Si se supera este número, automáticamente las clases pasan a modo virtual, hasta que la tasa de incidencia descienda de 200 casos”, explicó el legislador. La propuesta establece que cada viernes se analice este parámetro para definir cuál será la modalidad de la semana siguiente.
En la presentación del proyecto, los legisladores citaron una serie de variables para justificar la necesidad de suspender las clases presenciales en determinado contexto, entre ellos el fuerte aumento de casos de las últimas semanas, así como el “incremento sostenido y acelerado” de la ocupación de camas en el sector público y privado.
“Ese crecimiento de los contagios puede ser explicado por una mayor circulación de personas y por la llegada de la llamada ‘segunda ola’, que coincide también con la situación de los países vecinos, en el marco de la circulación comunitaria de nuevas variantes del virus, potencialmente más contagiosas. El rol de la presencialidad en las escuelas en la movilidad de la población es evidente, tal como indica la evidencia disponible”, apuntaron.
Según los datos presentados en la propuesta, “el promedio de viajes diarios de la segunda quincena de febrero, cuando ya había comenzado la presencialidad, aumenta un 13,4% en relación a la quincena anterior, cuando todavía no se había producido la vuelta a las aulas”. “Si tomamos el promedio diario de viajes en marzo, el aumento en relación a la primera quincena de febrero es del 22,3%”.
A la vez, aclaran que en abril hubo una reducción en la circulación, con niveles similares a los de principio de febrero, pero que consideran que se debe a las medidas que entraron en vigor a fines de marzo, como el teletrabajo para el sector público o restricciones a la circulación, entre otros.
“No se considera que los niños y niñas sean vectores de la enfermedad en mayor medida que otros grupos etarios, de la misma manera que tampoco se sostiene que las aulas en sí mismas sean consideradas un lugar peligroso, gracias al trabajo de la comunidad educativa y sus esfuerzos para cumplir los protocolos vigentes”, apuntan. “Sin embargo, debería ponerse el foco en la circulación, que como hemos visto aumenta de manera considerable cuando se toma en cuenta el aumento de la utilización del transporte público”.
Alemania y la región, de ejemplo
El “caso paradigmático” que se usa como ejemplo en la propuesta es el de Alemania, donde la semana pasada las dos cámaras del Parlamento (Bundesrat y Bundestag) aprobaron una reforma a la “ley de protección contra infecciones” del gobierno de Merkel que le da más poder para unificar la respuesta ante la pandemia en medio de una tercera ola.
De esta forma, las restricciones serán las mismas en todos los estados federados, que hasta el momento habían aplicado medidas diversas y algunos de ellos se negaban a imponer duras restricciones.
La nueva legislación permite que entren en vigor toques de queda entre las 22 y las 5 de la mañana, entre otras limitaciones. Además, establece que las escuelas deberán cerrar sus puertas si la incidencia semanal es mayor a 165 cada 100.000 habitantes. Cuando esta cifra sea menor, pero supere los 100 casos, será obligatorio realizar dos test de antígenos por semana en las instituciones educativas.
El proyecto de los legisladores del Frente de Todos para la Ciudad de Buenos Aires también cita el caso de otros países de la región que decidieron suspender la presencialidad en las escuelas. Uno de ellos es Uruguay, donde las clases se dictan de manera virtual desde el 23 de marzo, y asegura que la cifra de casos cada 100.000 habitantes la semana previa había sido de 252.
“La Región Metropolitana de Chile, que incluye a su capital, Santiago, ingresó en Fase 1 (es decir, cuarentena estricta, con confinamiento y suspensión de presencialidad) de manera completa el 25 de marzo (una semana antes lo habían hecho ya la mayor parte de las comunas que la componen). Esa semana hubo 167 casos cada 100.000 habitantes”, apunta.
Y otro caso es el de Paraguay, donde la virtualidad de la enseñanza se empezó a aplicar el 18 de marzo, “con 172 casos semanales cada 100.000 habitantes”.
“Si nos guiamos por esas cifras, la situación porteña es alarmante”, dice el texto del proyecto, que asegura que del 12 al 18 de abril los casos semanales cada 100.000 habitantes fueron 683 para la Ciudad de Buenos Aires.
“De esta manera, no hay más lugar para peleas políticas ni enredos judiciales. El indicador propuesto está abierto al debate. Lo importante es encontrar una herramienta técnica que permita dar por superada la confrontación irracional en CABA”, aseguró Santoro, en relación al conflicto generado después de que Alberto Fernández decretara la suspensión de las clases presenciales en el AMBA hasta fin de mes y el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta decidiera recurrir a la justicia para frenar la medida.
CB