Despidos. Maltrato psicológico. Vaciamiento de áreas. Mudanzas intempestivas. Mientras el escándalo por las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tiene su desarrollo en los tribunales de Comodoro Py, puertas adentro del organismo encargado de atender a ese sector vulnerable de la población vive momentos de extrema tensión desde que fue eyectado Diego Spagnuolo –abogado y amigo de Javier Milei–.
En los últimos días en la agencia hay movimientos particulares por un hecho muy puntual: el cambio de sede de áreas internas. En ese marco se está trasladando una oficina que a la luz de la supuesta trama de corrupción ya genera suspicacia internamente: la mudanza de la Dirección de Asuntos Jurídicos, a cargo de Florencia de Paoli desde el 23 de septiembre de 2024. Justamente es un área de donde salieron algunos chats filtrados sobre la suspensión de pensiones en medio del escándalo de corrupción, supo elDiarioAR de fuentes internas.
El argumento que se le dio a los trabajadores para el traslado de áreas es económico: se está dejando un edificio alquilado para mudarse a inmuebles propios de la agencia. La ANDIS se creó en 2017 con la unificación de tres organismos con sedes separadas: Incluir Salud, en la avenida Rivadavia –el único que se alquila–, la Comisión Nacional de Pensiones, en la calle Yrigoyen, y el Sistema Nacional de Rehabilitación, en la calle Ramsay.
Así se está llevando a cabo una mudanza doble: algunas áreas desde la sede Yrigoyen se trasladan a la sede de Ramsay, y otras áreas de Rivadavia a Yrigoyen, para no pagar más alquiler en Rivadavia. La decisión la comanda el interventor tras la salida de Spagnuolo, Alejandro Alberto Vilches.
La mudanza y las denuncias públicas echaron leña al fuego al clima adverso que tienen que soportar los trabajadores desde que asumió Milei. Ya se recortó casi la mitad de la planta: comenzó con unos 1600 y se corrió a 600 personas. “La dotación óptima del organismo es de 881 agentes”, se lee en un apartado sobre el personal en la web https://www.argentina.gob.ar/andis/.
Esos despidos o baja de contratos incluyeron a funcionarios con larga trayectoria. “A mí me destrozaron la vida. Yo tenía mucha demanda laboral y una antigüedad de 23 años”, denunció ante elDiarioAR Ivonne Guanuco, ex empleada de la ANDIS en Humahuaca, Jujuy, trabajadora social encargada de asistir a una importante cantidad de municipios en el NOA. Solo en su sector echaron a 14 personas y vaciaron las oficinas de profesionales, ya que solo quedaron algunos administrativos.
“Yo tenía 9 años de antigüedad cuando me rajaron, con contratos de planta transitoria, con renovación anual. Esa precariedad de contratación hizo que nos rajen y que no nos indemnicen y que no tengamos derecho a un seguro de desempleo”, se sumó al coro de quejas otra despedida, que prefirió guardar su anonimato.
Las entrevistadas aseguraron que el caso de corrupción que encabezaron Spagnuolo y Miguel Calvete, entre otros, revela la mala gestión libertaria en la política de acompañamiento a las personas con discapacidad. En el medio el Gobierno vetó la ley de emergencia y, tras la insistencia del Congreso, tampoco la aplicó. “Acá diariamente están pasando tantas cosas a nivel laboral, derechos, etc, que nos pasan por arriba 20 veces. Estamos esperando un diciembre nefasto. Estamos bajo un régimen y cualquier cosa que digamos es para que nos despidan. Y que se entienda que el organismo además está intervenido por una presunta causa de coimas en medicamentos, no por culpa de los trabajadores”, señaló otra de las personas consultadas.
Uno de los trabajadores relató que una compañera fue maltratada al ser reincorporada. Sufrió violencia verbal por parte de la entonces Directora Nacional de Inclusión, Romina Núñez, quien después pasó a ser Subdirectora Ejecutiva y que fue destituida con la intervención tras la salida de Spagnuolo. “Se encargó de hablar delante de todo el mundo en voz alta y decirle que ahora que había vuelto a la oficina ese lugar no era un circo para andar haciendo videítos”, comentó un testigo. Según apuntó, en marzo de 2024 varios trabajadores hicieron un video contando cómo habían sido expulsados y denunciando el vaciamiento de la agencia.
La interna sindical
A la problemática en ANDIS se le suma la complejidad de su representación gremial. Como es un organismo que ensambló distintos entes, las juntas internas de UPCN se unificaron, pero en ATE quedaron separadas. Este miércoles voces sindicales confirmaron a elDiarioAR la salida de nuevos funcionarios y empleados de la agencia, algunos mencionados en la causa judicial de los sobornos y otros por otras cuestiones de mala gestión.
Los casos más destacados en la reciente depuración son el de Roger Grant, coordinador de Gestión de Urgencias de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, y Diego D’Giano, director de Prestaciones Médicas y médico auditor, piezas clave en la trama Spagnuolo-Grant. Pero también aparecieron como desplazados el director de Administración, Técnica y Legal de Andis, Nahuel Andrés Tavernelli, así como uno de sus colaboradores: el coordinador de Asuntos Contenciosos de la Dirección de Asuntos Jurídicos, Edmundo Gaspar Sentis. “Todos los que bajaron están más sucios que una papa”, dijo un delegado. Según apuntó, Tavernelli “robaba para UPCN”.
En octubre pasado ATE se movilizó a la sede de Yrigoyen, donde funciona la histórica oficina de Andis, y denunció que el Gobierno “busca desmantelar el espacio que actualmente brinda atención a la ciudadanía para trámites esenciales”. El Sindicato también exigió que cesen las auditorías arbitrarias y se restablezcan las pensiones suspendidas.
Reclamo de los familiares
El desfalco que habrían ocasionado las compras con sobreprecios dirigidas supuestamente por Spagnuolo y Calvete beneficiando a un puñado de droguerías alcanzaría los $40.000 millones. Y el sector de discapacidad entiende que es un absurdo justo cuando el Gobierno rechazó la Ley de Emergencia, que implicaba aumentos en las prestaciones. “El desvío de fondos que son para los tratamientos revelan que la situación sigue muy vulnerable. La asistencia en escuelas y hogares sigue sostenida por el aporte de las familias y de los trabajadores. Los transportistas siguen sin recibir una actualización y hoy un acompañante terapéutico sigue cobrando 3 mil pesos”, denunció Natt Rodríguez de la Red en Discapacidad.
Como corolario al panorama, este mismo jueves se supo que el juez de Campana Adrián González Charvay, que iba a fallar por la implementación de la ley, fue corrido de la causa, por lo que se sigue dilatando la implementación de la Ley de Emergencia. Por eso desde los trabajadores, las familias y los pacientes están organizando una movilización contra el Gobierno para el 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
MC/MG