A más de 20 años, archivan la causa de la muerte del financista Perel, un caso que conmocionó al país

Como la pareja de huéspedes no atendía el teléfono y la hora de dejar las cabañas había pasado, uno de los encargados del complejo fue a golpear la puerta. Al no escuchar respuesta decidió entrar. Había unos platos y una botella de vino en la mesa. Caminó hasta el cuarto y vio los dos cuerpos en la cama: eran el financista Mariano Perel y su esposa Rosa, los dos con un tiro en la nuca y tapados hasta el pecho con una sábana. Con ellos había dos pistolas y dos vainas servidas. Ese hallazgo en febrero de 2001 pondría la lupa sobre las esferas políticas y económicas de esos años hasta transformarse en uno de los grandes casos policiales argentinos. En estos días, el fiscal de Dolores Diego Bensi, decidió archivar la causa y en la resolución entendió que no encontró pruebas suficientes para afirmar la participación de un tercero en las muertes.  

“A pesar de todas las tareas investigativas hechas en su momento no fue posible reconstruir con certeza la forma en que se produjeron los disparos. Fundamentalmente quién los realizó. No tengo certezas de que los hayan matado y tampoco se profundizaron otras líneas de investigación. Por otro lado, ésta es una causa que prácticamente no se investigó más desde 2002 y que desde 2007 ya no tuvo ningún movimiento”, explicó Bensi a elDiarioAR. “Se hicieron diversas tareas investigativas tratando de agotar las distintas lineas de investigacion pero ninguna pudo robustecerse como para poder determinar un posible móvil que permita individualizar a los posibles responsables, por estas razones entiendo que está agotada la investigacion”, argumentó. Este trámite, según pudo saber este diario, está enmarcado en el cierre de la Fiscalía N°2 y, por lo tanto, el archivo de muchas de las causas que allí estaban abiertas hacía muchos años sin resolución. 

Esa mañana de 2001, Perel fue encontrado boca abajo con una pistola Walther PPK calibre 7.65 cerca de su mano y con una Glock al lado de la cama. Bajo un plato, los policías hallaron una nota en inglés con tipografía de computadora: “Soy un gringo colaborador del Citibank. Fui asesinado por no pagar el rescate del Citigroup”. Pero no fue lo único llamativo. El disco de la laptop de Perel había sido borrado. 

La trama de la investigación fue cambiante. Uno de los tres forenses sostuvo al principio que había sido un homicidio y tiempo después, frente a los fiscales, dijo que no podía ser tan terminante. A medida que la investigación avanzaba, distintos sectores del poder fueron apareciendo en foco. El alto perfil que había tenido el financista muerto los incomodaba. 

Durante el menemismo, mientras María Julia Alsogaray se encargaba del vaciamiento de ENTeL, Perel era el síndico de Alcatel, la empresa francesa de comunicaciones. La Justicia detectó en ese momento la existencia de pagarés mellizos y trillizos, algunos a favor de esa compañía, con los cuales se sospechaba habían pagado coimas a funcionarios durante la privatización de la telefónica. 

El caso había explotado en los medios, que lo contaban como un folletín con entregas diarias. Los periodistas se juntaban de a decenas en Dolores para poder mandar algún dato nuevo. Fue entonces que se conoció el hallazgo de una carta de 31 páginas con tono de testamento. Ahí el propio Perel le explicaba a su familia el mundo en el que se movía. Contaba sus relaciones como director del Banco Mercurio, cuyas operaciones eran investigadas. Explicaba sus estrategias de lavado de dinero, operaciones de evasión fiscal y una serie de desfalcos financieros. También, sus contactos dentro de la SIDE de los años 90, dirigida por Hugo Anzorreguy, el contrabando de equipos para ese organismo o su participación en espionaje a funcionarios cubanos. En el escrito además detallaba operaciones de inteligencia para desprestigiar a quien había sido fiscal del Juicio a las Juntas, Luis Moreno Ocampo. Cada vez Perel aparecía con relaciones más poderosas. “Es posible que hagan aparecer que me estoy suicidando”, vaticinó en la carta. Por todos estos datos, la posibilidad del suicidio no fue tomada muy en cuenta. 

“En esa carta, Perel le dice a cada uno de sus hijos y su esposa, qué es lo que tienen que hacer si se muere. Incluso le había dejado escondido dinero para uno de sus hijos debajo de una estatua y lo supimos porque se lo informó en la carta”, agrega el ex fiscal de la causa Pablo Santamarina.   

“Rosita, tenés que hacerte asesorar bien acerca de cómo usar toda esta información. Una vez que sea pública tampoco tiene valor, salvo el hacerles un daño mortal para que se hundan en la mierda como pretenden hacer conmigo”. Esas líneas estaban en la página final de la carta, destinadas a su mujer, que nunca las llegaría a leer. 

Como menciona el fiscal, la bancarrota de Perel también estuvo en un momento en el centro de la investigación ya que quienes no pueden afrontar enormes deudas toman decisiones precipitadas. Unos días antes de morir, un amigo de Perel le había entregado 300.000 dólares para que llevara a una financiera, pero ese dinero lo usó para hacer pagos. El socio de Perel explicó que el financista debía cerca de un millón de dólares. 

“Me llamó mucho la atención que era un fanático de las armas y la tecnología”, recuerda Santamarina. Peritos informáticos pudieron detectar que él mismo había instalado un virus en su computadora para borrar todo su contenido. Así se dieron cuenta de que en su Sony Vaio último modelo se había escrito la nota en inglés encontrada en la cabaña. Había sido impresa un día antes en la oficina de Perel en Buenos Aires. 

Mientras los investigadores buscaban los motivos de las muertes, encontraron en documentos y archivos de Perel las operaciones del Banco Mercurio que permitían a sus clientes evadir impuestos, transferir dinero a bancos fantasmas y pagar coimas para eludir inspecciones tributarias.

Se supo entonces que Perel había juntado más de dos millones entre conocidos y directores del banco y los mandó a un fondo de inversiones en Bahamas. El dinero se administraba desde Buenos Aires vía fibra óptica y las operaciones eran difíciles de rastrear en caso de allanamientos o pedidos de informes. 

También se pudo determinar que en octubre de 1994 una inspección de la DGI detectó errores en la declaración jurada del grupo Mercurio: una diferencia de 18,5 millones de dólares. Para resolver el problema, Perel le pagó 100.000 dólares a un funcionario que la garantizó que el expediente “se movería lento”. El banco también “justificaba” pérdidas o ganancias ficticias de empresas para evadir impuestos o “dibujar” balances. Por esta maniobra, el Mercurio se quedaba con el 1% del monto justificado. Como se puede ver, por su actividad, la posibilidad de que alguien hubiese querido dañar a Perel era real. El tema es que no aparecía ningún nombre firme. 

“Hicimos un trabajo enorme despejando todo lo que era verdad de lo que no. Buscamos todo de lo que fue posible pero nunca encontramos una pista sobre alguien que pudiera haberlo matado. También había elementos para creer en un suicidio. Me hubiera encantado encontrar un responsable si lo hubiera habido. Era lo que más quería porque hicimos un trabajo enorme.Yo perdí varios kilos y no paré durante todo un año”, concluyó Santamarina.  

Los hijos de Perel nunca se presentaron como querellantes en la causa y solo pidieron que le devolvieran la camioneta con la que sus padres llegaron al complejo de Cariló. De hecho, los objetos personales que llevaban cuando murieron nunca nadie los retiró. Esta semana la fiscalía volvió a convocar a los familiares para que retiren todo lo que perteneció al matrimonio para que no quede arrumbado en un galpón judicial de Dolores. 

AM