Indice de pobreza e indigencia en la Argentina

Asegurar una vivienda digna, asistencia a la escuela, conectividad y un lugar permanente en la agenda política, pasos para sacar a la niñez de la pobreza

El dato se confirmó este miércoles: el 57,7% de los niños, las niñas y adolescentes de hasta 14 años son pobres en la Argentina. Es, según el último índice de pobreza elaborado por el INDEC, el grupo de edad entre el que más aumentó esa condición en el último tiempo: creció 1,4 puntos porcentuales entre el primer y el segundo semestre de 2020. Es, además, la población en la que más impacto tienen la pobreza y la indigencia. Por debajo de este grupo están quienes tienen 15 y 29 años: el 49,2% de esa población es pobre. Lo que estos datos significan es esto: por cada niño que no vive en la pobreza en este país, hay más de uno que sí crece en esas condiciones.

Las cifras del INDEC son apenas algunas de las que describen el escenario en el que viven viven esas niñas, niños y adolescentes. Según fuentes del Ministerio de Desarrollo de la Nación, hay 1.945.047 chicos de menos de 6 años alcanzados por la Tarjeta Alimentar, que sirve justamente para proveerse de alimentos.

En agosto de 2020, Unicef Argentina determinó que esa tarjeta alcanzaba al 36% de los hogares: casi se había duplicado respecto de abril, cuando era usada por el 18% de los hogares. A la vez, entre abril y diciembre del año pasado, en plena pandemia, la concurrencia a comedores populares pasó del 8% de los hogares del país al 10%.

Esa misma organización global determinó, en diciembre del año pasado, que en cuatro de cada diez hogares en los que viven niños, niñas y adolescentes se habían reducido los ingresos laborales, y que de esos hogares en los que la entrada de dinero había bajado, el 70% había perdido la mitad o más de sus remuneraciones.

En ese momento, Luisa Brumana, representante de Unicef Argentina, aseguró: “El 53% de los hogares que reciben la Asignación Universal por Hijo indica que les alcanza para menos de la mitad de los gastos de los niños y las niñas, y el 96% asegura que no puede acceder a comprar las mismas cosas que hace una año”.

Durante el primer año de la pandemia, con las escuelas cerradas, el vínculo con la enseñanza virtual fue dispar: los alumnos con menos recursos quedaron, en promedio, más alejados respecto de los que viven en una situación menos desfavorable. Según un informe del Ministerio de Educación de la Nación, el piso tecnológico de los hogares que asisten a escuelas privadas duplica al de los hogares que van a la escuela pública. A la vez, menos de la mitad de los hogares tiene acceso fijo y de buena calidad a Internet, y el 30% de esos hogares no tiene acceso fijo.

El contacto entre la escuela y los alumnos también se mantuvo con más frecuencia en las instituciones privadas. Según ese mismo informe, en el 90% de las escuelas privadas el contacto con los estudiantes fue más de una vez por semana, y en las escuelas públicas ese contacto mayor a una vez por semana se redujo al 70% de los chicos.

La cartera de Educación no responde sobre qué cantidad de estudiantes se desvincularon de la escuela durante 2020, pero una investigación de Agustín Claus, integrante de Flacso, sostiene que serían 1,5 millones de alumnos de los distintos niveles educativos.

La desconexión con la escuela no es sólo pedagógica. Según estadísticas del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires, las denuncias o consultas por situaciones de violencia disminuyeron de un 30% a un 23% del total entre 2019 y 2020. Fuentes de ese organismo sostuvieron que la baja fue “consecuencia del aislamiento, que alejó al sistema educativo y de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes del rol fundamental de prevención, detección y contención”.

“Hay cuestiones que necesitamos resolver rápidamente. Una es las condiciones de vida de niñas, niños y adolescentes en situación de calle en las grandes ciudades del país. Tienen que volver a funcionar los equipos móviles que atiendan a esa población, con personal especializado y presupuesto asignado”, sostiene Marisa Graham, Defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación.

“Otra solución imprescindible tiene que ver con la vivienda: debe encararse un plan de viviendas que solucione el escenario de las personas en situación de calle. Es cierto que hay muchas personas que no quieren ir a los paradores, lo que hay que hacer es ir a visitar los paradores para ver por qué, y empezar por no separar a las familias”, suma Graham.

“Para atacar la pobreza en niñas, niños y adolescentes y que deje de ser estructural, necesitamos políticas de vivienda que pongan el eje en las familias con niños. Por ejemplo, que las empresas de servicios dejen de ganar un poco para sostener una escala de tarifas que sea diferencial en los hogares donde hay niños. Tienen derecho a tener agua segura, a tener luz o gas”, explica la titular de la defensoría, y suma: “También hay que dar la batalla en el terreno presupuestario y fiscal para que esta población esté presente. Si vamos a hacer una reforma tributaria, hay que hacerla para que la riqueza que se genera se redistribuya de forma más igualitaria. El gran problema al que nos enfrentamos es la inequidad”.

En cuanto al tiempo que las aulas estuvieron cerradas, Graham sostiene: “El cierre de los establecimientos escolares generó diversos problemas porque la escuela es un factor de protección, sobre todo para los niños de hasta 12 ó 13 años, que circulan entre la familia y la escuela. La desaparición del comedor fue un problema, porque aunque se hizo el esfuerzo de sustituirlo con bolsones de comida, se vieron afectados los alimentos frescos, que proveen proteínas y otros nutrientes. A la vez, se desactivó el informante clave que hay muchas veces en la escuela cuando hay problema de abuso o maltrato intrafamiliar: la maestra, el profe de gimnasia, la señora del comedor. La persona que detecta esa violencia o a la que el niño le cuenta”.

“Entendemos desde la Defensoría que había que propender hacia la presencialidad pero también había que entender que lo prioritario era la salud de la ciudadanía, pero no podemos negar que hubo una interrupción”, suma Graham. “Los que más se desconectaron en la escuela son los que ya estaban en peores condiciones: los más pobres y los que viven sin conectividad. También se desconectaron los chicos cuyo entorno familiar no pudo sostener esa virtualidad, no por maldad, sino porque tal vez en una casa de clase media hay una sola computadora que tienen que usar mamá y papá para el teletrabajo, y los chicos para la escuela. Lo que hay que ver ahora es cómo salimos a la búsqueda de los chicos que se desconectaron. El tema ahora es que vuelvan, y después veremos cómo se reacomoda esa trayectora educativa. Todo es recuperable, pero tiene que existir la decisión política nacional, provincial y municipal de ir a buscar a esos chicos”.

Para Graham, “la pregunta es qué lugar ocupan los niños en el mundo adulto”. “Hay momentos en los que niñas, niños y adolescentes están en la agenda pública, y otros en los que desaparecen. Tiene que ver la dirigencia política y también los medios de comunicación. Si es un caso particular, una historia de un niño, se habla en todos los canales, en todas las radios, y después no se dice más nada. Pero cuando hablamos de los derechos universales de los niños, de cómo asegurarles luz, agua segura, gas o conectividad, cuesta estar en la agenda”, describe. Habla de nenas, nenes y adolescentes que tienen hasta 14 años y que, en más de la mitad de los casos, viven por debajo de la línea de pobreza.

JR