Ex centro clandestino de detención

Club Atlético: la excavación de un pozo para instalar publicidad altera el trabajo de arqueólogos que recogen evidencia

Hace dos meses, en agosto, la llegada de una topadora al terreno sorprendió al equipo de arqueólogos que trabaja en el ex Club Atlético, en San Telmo.

Durante la última dictadura militar el lugar funcionó como un centro clandestino de detención, tortura y exterminio, en el subsuelo de un edificio de la Policía Federal Argentina. Se estima que unas 1.500 personas estuvieron secuestradas en las diminutas celdas escondidas en el sótano, 293 identificadas como desaparecidos. El edificio fue demolido cuando todavía gobernaba la dictadura militar, en 1977, para construir la Autopista 25 de Mayo. Desde 2002 arqueólogos del Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos excavan la zona para extraer pruebas que permitan reconstruir la historia de ese lugar e identificar a sus víctimas.

Pero la topadora que llegó aquel día de agosto al terreno ubicado en la Avenida Paseo Colón no lo hizo por demanda de los arqueólogos. Llegó para cavar un pozo no solicitado por nadie del lugar y sin autorización. Se trata de una obra impulsada por la agencia de publicidad P+D Ideas Creativas. La empresa, que se dedica a la publicidad en vía pública, prevé la instalación de un enorme cartel publicitario, una estructura lo suficientemente alta para que la aprecien los vehículos que circulan por la autopista.

“Nuestra investigación descubrió que en ese área (donde se ubica el pozo) también había un edificio que era de la Policía”, explica Laura Duguine, arqueóloga del equipo de investigación del sitio, parte de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio Justicia de la Nación. “Al hacer el pozo, interfirieron en esos restos, rompieron parte de esa materialidad. Pedimos a la empresa que cuando tapen el pozo no lo hagan con cemento para que, si en un futuro eso se quiere investigar, no sea mayor la intervención”, cuenta. El descubrimiento fue anunciado por primera vez por el equipo de investigación del sitio de memoria en junio, a través del testimonio de Duguine al Tribunal Oral Federal nº 2 de la Ciudad de Buenos Aires, en el juicio Atlético-Banco-Olimpo (ABO).

Ahora, desde la esquina de avenida San Juan y Paseo Colón es posible avistar el gran pozo en forma de cuadrado, de unos dos metros de profundidad, con toda la estructura de hierro ya armada, lista para recibir el hormigón. “Fue todo muy rápido, en unos dos días”, dice Duguine. “Hicieron todo de modo inconsulto. Ahí empezamos a contactar a los funcionarios del Gobierno de la Ciudad. ¿Quién aprobó eso? ¿Qué se va a hacer acá? ¿Qué está pasando?”

Cuestionados por los trabajadores del sitio de Memoria, los representantes de la agencia afirmaron haber “enviado el proyecto” para la instalación del cartel al Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana de la Ciudad. El sector responsable de aprobar proyectos de publicidad en la vía pública, la Dirección General Conservación del Paisaje Urbano, confirmó a elDiarioAR que no le otorgó el permiso. Este medio se contactó a la agencia Ideas Creativas, que no emitió respuesta.

“Hablamos con Espacios Públicos, con la Dirección de Obras de la Municipalidad, con la Dirección de Construcciones de la Ciudad; nadie había dado ningún permiso”, cuenta Daniel Mercogliano, uno de los sobrevivientes del sitio y miembro de la Comisión de Memoria y Consenso, integrada por familiares y sobrevivientes, organizaciones de derechos humanos y agrupaciones barriales.

La Comisión formalizó entonces una denuncia a la Defensoría del Pueblo, el 17 de agosto. El mismo día, la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastros (Gefico) intimó la paralización de la obra. Así se pudo frenar el llenado con cemento que generaría otro nivel de intervención en posibles pruebas arqueológicas.

A pesar de que el agujero no entorpece la excavación que se lleva a cabo hoy, se trata de una interferencia inconsulta en una parcela contigua del terreno, sin un estudio o registro previo de lo que puede haber ahí. “Lo mejor sería que, hasta que no haya más pruebas y recursos para investigarlo, no se lo destruya”, afirma Diguine.

Una propuesta

En el mismo local donde hoy reside un gran pozo con rejas de metal, hay un proyecto –este sí aprobado y diseñado con el Gobierno de la Ciudad y la Autopistas S.A.– para la construcción de un Centro de Interpretación de 1.400 m² para promover al sitio de memoria. La Comisión de Memoria y Consenso espera ahora la licitación para construir el edificio que daría otra entidad al sitio que hoy es identificado apenas por placas alrededor de la manzana debajo de la autopista.

Además, hay un proyecto aprobado para instalar una cubierta que proteja la porción del sitio donde está la excavación. Una de las columnas de esa cubierta iría en la zona donde se excavó el pozo.

Para prevenir intervenciones en la zona lindera a la excavación, el equipo de investigadores presentó un proyecto de ley en la Legislatura porteña que detalla qué está permitido y qué no está permitido hacer en el entorno de las excavaciones.

Frente al accionar de los investigadores y la Comisión de Memoria y Consenso del sitio, representantes de la agencia Ideas Creativas presentaron una contrapropuesta: aplicar dos carteles publicitarios en puntos más apartados, que no interfiera en el trabajo de los arqueólogos o en posibles pruebas, a cambio de un pago cuatrimestral equivalente a  3.300 litros de nafta. Esperaban tener la confirmación para realizar los nuevos pozos para, con esa tierra, tapar el agujero de dos metros de profundidad. La Comisión, sin embargo, rechazó la propuesta. “Le pedimos que retire la base y tape el pozo. Quedó en hacerlo, y al día de hoy no lo realizó”, detalla Daniel Mercogliano. 

Como sobreviviente, Mercogliano recorre el predio y apunta cada rincón donde se acuerda haber vivido largos meses de detención y tortura. Cómo se disponían las celdas y con quienes podía hablar, siempre en una lengua de señas inventada entre los secuestrados. Apunta a la gran columna que sostiene la autopista, abrazada por figuras de personas en metal, como si emergieran de la tierra. “La primera obra, en 1996, se hizo en papel maché, y a los dos días, la queman. A las dos o tres semanas, la hacen en madera. La vuelven a quemar. Y deciden hacerla en metal y nunca más fue quemada”, cuenta. “Ahí se formó la comisión y se comenzó a destapar el sitio.”

En frente al gran cartel que exhibe fotos de los 293 desaparecidos del Club Atlético, Mercogliano cuenta la historia de algunos de ellos. El que cumplió tareas como médico del centro clandestino de detención; la compañera con quien más conversaba; la que le dijo aprovechar la enfermería para, desde el subsuelo, mirar un poco al sol. Y concluye: “Todo lo que hago aquí no es por mí, es por ellos”.

En el aire, quedan algunas preguntas. ¿Cómo pueden hacerse obras sin permiso en la Ciudad? ¿Pagan esas empresas por los daños generados en el espacio público? Hasta ahora, los frenos fueron impulsados por la propia comisión de DDHH y el equipo de investigación del sitio. Un cartel publicitario irrumpe en un sitio de memoria, en tiempos de negacionismo del terrorismo de Estado.

FP/DTC