Un diálogo entre España y Argentina en torno a la memoria y la justicia
En un momento en el que se está debatiendo la Ley de Memoria Democrática en España, y tras más de dos décadas de intercambio en el campo de la memoria y de la justicia entre España y Argentina, juristas de ambos países -impulsores de investigaciones judiciales contra crímenes de ambas dictaduras- se reunieron esta semana en la sala Mirador de Madrid.
Entre los asistentes hubo un público intergeneracional, con jóvenes estudiantes, abogados, víctimas y familiares de víctimas del franquismo, artistas, periodistas, una vocal del Consejo General del Poder Judicial, o la vicepresidenta Yolanda Díaz, entre otros. Con la sala Mirador llena y lista de espera fuera, durante más de dos horas el juez argentino Raúl Zaffaroni, los juristas Ana Messuti, Joan Garcés y Matías Bailone, y el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) Emilio Silva conversaron sobre memoria, justicia e impunidad.
Las víctimas del franquismo han sido negadas políticamente y sistemáticamente
Lo hicieron recordando el diálogo mantenido entre España y Argentina desde hace décadas en estas materias. Fue en España donde se impulsó el juicio contra Pinochet y donde posteriormente se juzgó al exmilitar Adolfo Scilingo por crímenes de la dictadura argentina. Sin embargo, España se ha negado de forma sistemática a juzgar los crímenes de su propia dictadura, mientras que Argentina sí ha impulsado justicia para sus víctimas. Hace once años algunas víctimas del franquismo acudieron a la justicia argentina, en lo que se conoce como la querella argentina, que investiga crímenes de la dictadura española.
“En el intercambio y el diálogo entre nuestros dos países se ensanchó el camino de lo impensable, el camino de la justicia”, indicó Emilio Silva en el acto. Durante más de dos horas los ponentes reflexionaron en torno al hecho de que “en España no han sido reconocidas las víctimas del franquismo, han sido negadas política y sistemáticamente”, señaló el jurista argentino Matías Bailone.
La Ley de Memoria es quizá la última oportunidad para reafirmar una dimensión de la soberanía española
“La cuestión española molesta porque detrás de las masacres del franquismo hubo complicidad de Gobierno y Estados europeos”, indicó el abogado Joan Garcés, impulsor del caso Pinochet, en referencia no solo a Alemania e Italia, sino también a “la política de no intervención patrocinada desde Londres y apoyada desde París para dejar desarmada a la República y a los españoles que luchaban contra el fascismo”.
En ese sentido, Garcés apeló a la necesidad de un acto de afirmación soberano: “La Ley de Memoria [no aprobada aún] es una oportunidad, quizá la última, para reafirmar una dimensión de soberanía española. Si internacionalmente los antifascistas españoles fueron aplastados militarmente y después políticamente marginados en la comunidad internacional, reafirmar la voluntad de justicia respecto a lo que pasó es un acto de afirmación soberano en cuanto a esa dimensión internacional”.
El abogado defendió la importancia de aplicar el derecho internacional ante los crímenes del franquismo y la necesaria compensación a las víctimas también en su dimensión económica “porque hubo un expolio a través de confiscaciones e incautaciones. Ese fondo puede alimentarse de compensaciones económicas por las empresas que explotaron a los trabajadores represaliados. Que esto se discuta, aunque finalmente no se apruebe, ya sería un cambio radical frente al silencio absoluto que ha habido”, señaló.
En la voluntad de las víctimas de ser escuchadas hay un sentimiento del derecho, una conciencia jurídica.
La abogada argentina Ana Messuti, impulsora de la querella que investiga en Buenos Aires los crímenes del franquismo, defendió el valor que supone el relato de las víctimas y el hecho de que se las escuche. “El no escuchar es otra forma de muerte”, reflexionó, en referencia a la imposibilidad de las víctimas de ser escuchadas en tribunales españoles.
“Ascensión Mendieta [convertida en símbolo por su empeño en recuperar el cadáver de su padre, asesinado y desaparecido por el franquismo] no era experta en derecho. Pero en su certeza de querer ser escuchada hay un sentimiento del derecho, una conciencia jurídica. Los querellantes nos han enseñado eso. Han tenido que venir a sacar la venda normativa cerrada a determinados sufrimientos”, señaló.
Messuti cree que la querella argentina ha abierto un nuevo camino en España y aludió a alguna señal, como algún voto particular “en el Tribunal Constitucional o un nombramiento de un juez que tiene cosas muy claras con respecto a la memoria”.
La cuestión española molesta porque detrás de las masacres del franquismo hubo complicidad de Estados europeos
El ex juez de la Corte Suprema argentina Raúl Zaffaroni, artífice de la derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida en su país, y actualmente magistrado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reflexionó sobre la idea original de los derechos humanos: “Cuando hablamos de derechos humanos nos remontamos a 1948, a la Declaración Universal. Esa es la historia corta, la historia larga es la resistencia al colonialismo en todas las fases y momentos”.
El juez explicó que Argentina pudo derogar las leyes de amnistía porque cuando estas se promulgaron Argentina ya había ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, y dichas leyes resultaban contrarias a la Convención. Además, la Constitución argentina desde 1853 reconoce el principio universal.
En torno a ello, apoyándose en la soberanía nacional y como integrante de la Corte Suprema, “yo no podía interpretar la Constitución en el aberrante sentido de decidir que se ejerza la soberanía por parte de otro país [España, que investigaba crímenes de la dictadura argentina y solicitaba extradiciones] y tampoco puedo negar la extradición y no hacer nada, porque entonces me convierto en encubridor. Mi Constitución dice que la soberanía la ejerza yo, y así enfoqué mi voto en la Corte Suprema, que resolvió la reapertura de todos los procesos”.
La historia larga de los derechos humanos es la resistencia al colonialismo en todas las fases.
En su intervención Emilio Silva, fundador de la ARMH, lamentó que “en España nos educaron para tener miedo a entrar en un juzgado a denunciar los crímenes del franquismo”.
“Cuando usé por primera vez la palabra desaparecido lo hice tomándola prestada de algunos argentinos que estaban en Madrid en los años noventa. Hubo gente que escribió artículos escandalizada diciendo que a qué venía eso, que lo de aquí era otra cosa. Aquí se hablaba de paseados, como quien sale a dar un paseo o a comprar tabaco, pero estábamos hablando de detenciones ilegales seguidas de torturas, asesinatos y ocultación del cadáver. Y eso es un desaparecido, aquí y en todas partes. El problema, para algunos, residía en que con ese término se establecía una categoría que apunta al derecho, que denuncia algo”, explicó.
Silva contó cómo en julio de 2002 entró en un juzgado de Villablino, con una resolución de Naciones Unidas en la mano, para pedir que se investigara un crimen del franquismo: “Lo hice temblando, estaba educado para entrar allí con miedo”. El jurista Matías Bailone destacó la importancia de trabajar por una pedagogía de la memoria. “Como dijo Dostoievski, si el pasado no existe todo está permitido, si Dios no existe todo está permitido y ese ha sido el precio de la Transición un poco”, reflexionó.
¿Se sienten interpelados los jueces de este país por esta realidad? Yo diría que no, y creo saberlo porque soy vocal del CGPJ
Entre el público hubo muchas de preguntas y reflexiones, entre ellas la de la vocal del Consejo General del Poder Judicial Concepción Sáez, quien señaló que los jueces no se sienten interpelados por las peticiones de las víctimas del franquismo y explicó que cuando la pasada primavera el CGPJ informó sobre el anteproyecto de la ley de Memoria, ella se quedó sola en el voto particular: “No se adhirió nadie, ninguno de los compañeros progresistas que se supone que me acompañan en el Consejo” indicó, haciendo referencia al voto que emitió en el que criticaba que la futura ley no contemple la posibilidad de investigar los crímenes del franquismo por parte de los jueces.
“El Consejo General del Poder Judicial no obedece a la correlación de fuerzas sociales. [Ante este asunto] confío en el poder legislativo y ejecutivo, también en las fuerzas sociales, pero no en el Poder Judicial”, lamentó Sáez.
El actor Juan Diego Botto, hijo de un desaparecido por la dictadura argentina, pidió la palabra para destacar el hecho de que en Argentina “la crítica a la dictadura en la sociedad era hegemónica”. Respondiendo a ello, Zaffaroni subrayó que un momento clave en Argentina fue la ocupación británica de las Malvinas, que supuso “el fin de la dictadura y de todo prestigio que pudieran tener las fuerzas armadas, el papelón que hicieron, la cobardía de los oficiales, torturas a los propios soldados, aquello caló hondo en la opinión pública. Por eso hubo esa reacción a los crímenes de la dictadura argentina. Es una historia diferente a la de España”.
En cada fosa en la que nos asomemos hay un espejo, somos la consecuencia de ese terror
Por su parte, Joan Garcés señaló que “los antifascistas ganaron en Europa, en España fueron derrotados pero las ideas defendidas por los republicanos ganaron la guerra. Ganaron la Segunda Guerra Mundial, por más que la batalla de España la perdieron. Esto es lo que explica los cuarenta años de impunidad tras el fin de la dictadura. La opinión pública española salió de la dictadura traumatizada y eso explica que solo a partir del año 2000 se empiecen a plantear en España peticiones de justicia ante los tribunales. Son varias generaciones las que han pasado, pero no hay que desesperar. Nada es inmutable. En Alemania son los nietos de la generación que sostuvo el régimen nazi los que pidieron explicaciones y justicia; aquí también son los nietos. Las circunstancias han requerido el paso del tiempo para poder expresar y pedir justicia”.
Ante la palabra de un joven del público que preguntó qué pueden hacer las nuevas generaciones por la memoria democrática, Garcés indicó que la movilización social colectiva y la opinión pública “son vitales”: “Para que las nuevas generaciones puedan labrar el futuro necesitan hacerlo sobre bases sólidas, y estas no pueden ser las del fascismo o neofascismo. Plantearse dónde estamos y hacia dónde vamos requiere necesariamente buscar las raíces de la situación actual”.
Los antifascistas ganaron en Europa, en España fueron derrotados pero sus ideas ganaron la Segunda Guerra Mundial
En torno a lo mismo, Emilio Silva afirmó que “nuestro modelo educativo está creado para que la gente se aprenda las respuestas y no haga preguntas. Hace un mes hemos sabido que los libros de texto van a llamar golpe de Estado al golpe de Estado. Cuánto explica eso”. El presidente de la ARMH indicó que “en cada fosa en la que nos asomemos hay un espejo, somos la consecuencia de ese terror”. Por último, Ana Messuti destacó que “se puede hacer como si no existiera” la Ley de Amnistía española, porque España ratificó la Convención de Viena “y en ese sentido predomina el derecho internacional”.
Hubo palabras de agradecimiento para Ana Messuti y también para Cristina Rota -presente en el acto-, directora de la escuela que lleva su nombre y exiliada argentina que huyó a España a finales de los setenta tras el asesinato y desaparición de su marido Diego Fernando Botto. Por su parte, el juez Zaffaroni evocó, para explicar el intercambio entre ambos países a través de los exilios, a algunos juristas españoles de la “diáspora republicana” que contribuyeron a su formación, como Manuel de Rivacoba, Luis Jiménez de Asúa (vicepresidente del Congreso de los Diputados durante la República) y Francisco Blasco y Fernández de Moreda.
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