El calvario de una niña de 11 años que tuvo que luchar contra su agresor sexual y su propio pueblo

En un pequeño pueblo cercano a Cáceres (Extremadura, España), la vida feliz de una niña de 11 años fue interrumpida por dos agresiones sexuales perpetradas por un vecino y amigo de la familia. Un hombre en quien se depositó una confianza plena y que la traicionó de la manera más terrible. El horror vivido por la menor no se limitó al acto en sí: tras las agresiones sexuales, tuvo que enfrentarse a la dolorosa reacción social de su entorno. Las miradas de sospecha, el señalamiento, los insultos, y una sociedad que, en lugar de protegerla, la hizo sentirse cuestionada y culpable.

Su historia es la del doloroso testimonio de cómo una víctima puede ser revictimizada por la misma sociedad que debería protegerla y defenderla, y cómo el camino hacia la justicia es a veces tan solo el primer paso para ser creída cuando se denuncia un delito sexual. Por estos motivos en este reportaje no se identifica a la menor, por supuesto, ni a su madre. No se publica ningún dato, imagen o referencia que pueda facilitar su reconocimiento. La decisión responde al deseo expreso de la familia de poner fin al estigma y evitar que la niña siga siendo señalada.

Ese camino hacia la justicia culminó tras años de espera y recursos agotados. El condenado agotó la vía judicial local y autonómica, y finalmente, el Tribunal Supremo rechazó su recurso de casación. La orden de ingreso en prisión se hizo efectiva el 19 de junio de 2025 en la cárcel de la capital cacereña. Desde ese día, la niña y su familia han encontrado un primer alivio, ya que no tienen que cruzarse con él cada día o escuchar su voz al abrir las ventanas de su casa, una situación insoportable que fue su dolorosa realidad durante los dos últimos años debido a la proximidad de sus viviendas, ya que sorprendentemente la orden de alejamiento que se le impuso hasta que por fin se le privó de libertad fue de 100 metros escasos.

Tras más de tres años de una extenuante lucha judicial y emocional, el agresor fue sentenciado, pero ahora la familia de la pequeña intenta, con inmenso dolor, rehacer su vida marcada por secuelas y temores que persisten y por problemas económicos derivados de esta situación.

La traición de la cercanía

Fue la amistad entre ambas familias lo que facilitó que el hombre abusara de la niña en dos ocasiones en el mismo mes. La primera agresión ocurrió en enero de 2023 cuando él, solo en casa, llamó a la menor para que recogiera unos dulces. Tras un intercambio de palabras trivial, inició los tocamientos, dejando a la niña bloqueada e incapaz de comprender lo que ocurría. Una llamada telefónica de la madre a su hija pidiéndole que volviera ya a casa interrumpió la agresión. Él, por supuesto, le exigió guardar silencio.

La segunda agresión tuvo lugar ese mismo mes, tres semanas después. Nuevamente solo en su casa, invitó a la menor a merendar. La madre autorizó la visita bajo la creencia además de que la esposa de él estaría allí esa tarde. La niña, renuente, no quería ir, pero terminó obedeciendo, acompañada de su hermana de cinco años. El agresor distrajo a la más pequeña con una película y auriculares para que no escuchara nada, mientras agredía de nuevo a la niña. Otra llamada materna pidiendo a su hija que regresara puso fin a la agresión.

Durante un tiempo, la menor guardó silencio y no reveló a nadie lo ocurrido, aunque procuraba mantenerse alejada del agresor. La familia empezó a sospechar que algo no iba bien cuando, en una ocasión, lo sorprendieron merodeando alrededor de la vivienda familiar en un momento en que sabía que los padres no estaban en casa. Aquella presencia inesperada despertó la extrañeza y la inquietud de los familiares, que comenzaron a percibir señales de que la niña estaba evitando un contacto que resultaba claramente incómodo y perturbador. Finalmente, fue una familiar cercana a la madre quien recibió la confesión y trasladó de inmediato lo ocurrido a sus progenitores. A partir de ese momento, la familia decidió dar el paso y formalizó la denuncia el 5 de junio de 2023.

La doble revictimización: justicia y sociedad

La sentencia impuso, además de la pena de prisión, siete años de libertad vigilada y una indemnización de 30.000 euros que aún no se ha hecho efectiva. Un proceso que ha supuesto un enorme desgaste económico, con cerca de 12.000 euros en gastos legales, a lo que se suman gastos derivados de los años de terapia psicológica para la niña y su madre, que durante algún tiempo no encontró fuerzas ni para levantarse de la cama. Una madre que se ha arrepentido cada día de su vida de haber animado a la pequeña a acudir a casa de sus amigos y que enfatiza con dolor la doble y triple revictimización que han sufrido. No es suficiente con el horror de las agresiones, “hemos tenido que soportar años de demora judicial, gastos desorbitados, secuelas psicológicas y el desgaste emocional de tener a su agresor a tan solo 100 metros durante casi dos años”. Y aún queda pendiente un juicio breve por incumplimiento reiterado de la orden de alejamiento, lo que mantiene viva la tensión y el temor a más carga económica.

Pese al fallo judicial, la familia continúa enfrentando la hostilidad social: una parte importante del pueblo y comentarios en redes sociales han sido crueles, sugiriendo que la denuncia era falsa, que la niña provocó al adulto, o incluso aludiendo a un inexistente “consentimiento”. Es fundamental recordar que, en casos de menores de 16 años no existe consentimiento posible ante una agresión sexual. Y es que eran once. Once años tenía la niña.

Además de la estigmatización sufrida, la niña se vio obligada a cambiar de centro educativo, pues en el colegio de su pueblo la situación se volvió insoportable: burlas, desprecios e incluso insultos constantes por parte de sus compañeros y compañeras. Sin embargo, los primeros días en el nuevo centro tampoco fueron fáciles. Allí ya habían difundido lo ocurrido y volvió a enfrentarse al desprecio de algunos estudiantes. Finalmente, la dirección del instituto, alertada por sus padres, activó el protocolo correspondiente y logró frenar el hostigamiento.

Dos apoyos han sido fundamentales en este camino: la Fundación Márgenes y Vínculos, que proporcionó atención psicológica gratuita a la menor desde el momento de la denuncia, ayudándola a recuperar parte de la estabilidad y la vida normal que le corresponde a una persona de su edad. Y el Centro de Emergencia 24 horas para violencia sexual en la Casa de la Mujer de Cáceres, inaugurado en enero de 2025, donde se sintieron escuchadas, protegidas y comprendidas, sin ser cuestionadas ni revictimizadas. Fue precisamente en este espacio donde la familia conoció por primera vez la posibilidad de acceder a la justicia gratuita, un derecho del que nadie les había informado hasta entonces. “Aunque ya era demasiado tarde”, lamenta la madre, con la amarga sensación de que esa ayuda habría podido aliviar, al menos, el peso de su situación económica actual.

Responsabilidad colectiva

No es nuevo que una víctima de agresión sexual tenga que enfrentarse primero a la justicia y después a la sociedad. “Lo duro es que mi hija apenas tiene 11 años”, relata la madre quien recuerda que la sentencia que ha llevado a prisión al agresor se apoya en un principio reiterado por los tribunales: “Tanto el Supremo como el Constitucional han dicho muchas veces que la declaración de la víctima puede ser suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia en delitos contra la libertad sexual”.

La mujer explica que los jueces insisten en que estos hechos suelen producirse en espacios ocultos y sin testigos, lo que dificulta la obtención de pruebas adicionales. “Por eso el Supremo estableció tres parámetros muy claros: la credibilidad subjetiva de la víctima, la credibilidad objetiva del relato y la persistencia en la incriminación”, señala.

“Cuando esos elementos concurren, la declaración adquiere la solidez necesaria para generar certidumbre judicial, incluso sin pruebas adicionales. Y eso es exactamente lo que ha pasado en el caso de mi hija”, concluye con firmeza.

Cada año en España, cerca de 65.000 menores sufren algún tipo de abuso sexual, y las niñas representan aproximadamente el 79% de las víctimas. La mayoría de estos abusos son cometidos por personas conocidas, en muchos casos del entorno familiar, lo que dificulta la denuncia y la detección temprana. Cada año se producen miles de denuncias por delitos contra la libertad sexual de menores, aunque se considera que estas cifras reflejan solo una parte de la realidad debido al alto grado de infradenuncia. Todos los estudios confirman que las consecuencias para las víctimas son graves y duraderas, tanto físicas como psicológicas.

La menor cacereña, tras un largo proceso de terapia psicológica y gracias también a la red familiar y de amistades que ha construido en estos últimos meses, se encuentra algo más fortalecida y ha querido compartir con elDiario.es Extremadura una carta en la que relata cómo ha vivido este duro episodio de su vida:

“Cuando por fin la conté no me imaginaba todas las consecuencias que vendrían. Mis 'amigos' del pueblo me dejaron de hablar, y solo encontré silencio, ni un abrazo, ni un 'estamos contigo', sino palabras como 'estás exagerando' y 'seguro que no fue del todo como dices'. Me quedé sola por contar la verdad. De noche, no podía dormir, escuchaba su voz y no quería salir a la calle porque él seguía paseándose por esas calles como si no hubiera hecho nada. Me sentía sucia, triste y vacía. Yo no tuve la culpa y mi familia no mentía por denunciarlo, pero mucha gente piensa todo lo contrario. El dinero influyó injustamente, pues tuvimos que pagar una cantidad muy grande solo porque a él le daba la gana de mentir hasta llegar al Supremo. Aseguro que entrar a una casa... y salir destrozada y sintiéndote sucia y despreciable es la peor sensación. Por eso, pido: si veis un caso de este tipo, no os calléis, hablar, apoyar a la víctima y sobre todo, no hacer este tipo de cosas a absolutamente nadie”.