Mapa de la justicia argentina: muchas mujeres, pero pocas en lugares de poder

La Justicia argentina está integrada mayoritariamente por mujeres, son más de la mitad, sin embargo en los puestos más altos solo ocupan un cuarto de los lugares. Las mujeres representan el 54% del sistema judicial, pero llegan al 25% de los cargos de mayor jerarquía. Un estudio sobre los concursos para camarista indica que solo el 23% de las personas que se presentan son mujeres, una cifra que demuestra las barreras invisibles detrás del proceso de selección de jueces y juezas. Además, los ministerios públicos fiscales de todo el país están a cargo de hombres.

Según el informe “Techo de cristal en la Justicia: estudio empírico sobre los procesos de selección de jueces y juezas” realizado por la organización FUNDAR, de las 3963 postulantes a 104 concursos para ocupar los 226 cargos de camarista entre 1999 y 2018, solo el 23% fueron mujeres. Una situación que ejemplifica el “techo de cristal” en el Poder Judicial. El estudio, que indaga sobre los procesos de selección y nombramiento del Consejo de la Magistratura, sostiene que la primera gran barrera es la inscripción. “Las mujeres son designadas tres años más tarde. Hay una barrera de entrada muy alta. A una mujer le lleva tres años más que a un varón juntar todos los requisitos para los concursos. Tienen que ver con la trayectoria, las publicaciones, el examen, la docencia, algún posgrado. Todo eso a las mujeres les lleva más tiempo. Una vez que empiezan a concursar, les va muy bien”, sostiene Johanna Cristallo, directora del área de Justicia de Fundar y autora de la investigación.

Iniciado el proceso de selección, la participación de las mujeres aumenta en cada etapa y  asciende al 32% en la etapa final. “Las mujeres rinden muy buenos exámenes, están siempre por encima del promedio del de los varones”, agrega Cristallo. El problema está en los requisitos para llegar a esa instancia. “Hay una tensión entre la vida profesional y la vida familiar. Cuando uno tiene tareas de cuidado está el problema de que todo lleva más tiempo.  Eso no está contemplado en la evaluación de antecedentes. Hay que repensar el sistema de evaluación porque no tiene en cuenta la desigualdad estructural que enfrenta la mujer. Si trabajas todo el día, ¿Cómo haces para encargarte de los chicos y al mismo tiempo dar clases, publicar libros y hacer una maestría?. Tenés que elegir”, afirma la investigadora.

Los datos de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de la Nación indican que en el sistema de justicia trabajan 72.422 mujeres (57% del total), pero representan el 30% de los cargos en ministerios, procuradurías y defensorías generales. El informe del año 2022 muestra que si bien las mujeres logran hacer carrera hasta convertirse en la mayoría de su funcionariado (61%), el denominado “techo de cristal” aparece cuando concursan para la magistratura y, más aún, para acceder al máximo nivel de autoridad. “Se calculó que los funcionarios varones tuvieron el doble de chances de convertirse en Magistrados, Procuradores, Fiscales o Defensores, y 3,6 veces más posibilidades de integrar las máximas autoridades que sus pares mujeres funcionarias en el sistema de justicia argentino”, sostiene el informe. 

“Eso es reflejo de la feminización de la profesión jurídica”, explica la directora Ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Natalia Gherardi. “En las facultades de Derecho vemos desde hace mucho tiempo que  la mayoría de estudiantes y graduadas son mujeres. Ahora, las posibilidades de crecimiento en las estructuras de poder dentro de la justicia muestra los obstáculos que se enfrentan también en otros espacios de poder. Para  los cargos de máxima decisión, es decir para el nombramiento como juezas y magistradas, el componente político de la última parte de ese proceso de selección muestra las limitaciones de la convicción igualitaria de quienes deben definir las nominaciones dentro de las ternas que son producto del concurso de antecedentes”, agrega la abogada.

Genoveva Cardinali es fiscal en lo Penal y Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y está a cargo de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género de la Unidad Fiscal Este, tiene 53 años y pertenece a la primera camada de fiscales elegidos por concurso de la Ciudad. Recuerda su experiencia en el año 2003 y sostiene que si bien los concursos mejoraron el ingreso, el techo de cristal se mantiene porque no se tiene en cuenta las desigualdades estructurales que padecen las mujeres. “Antes, para acceder a cargos de magistrados y magistradas, la elección de la justicia era a dedo, dependía del Poder Ejecutivo. Después cambió. Cuando me postulé al concurso y se develaron los ganadores, la mayoría éramos mujeres. Eso no lo podríamos haber logrado nunca cuando era a dedo porque a diferencia de los varones, las mujeres tenemos dos o tres trabajos y no nos da el tiempo para hacer otra cosa. Ellos tenían el poder. En mi caso, tengo la fiscalía, la tarea de cuidado y la capacitación o docencia. Ahora con los concursos se facilitó un poco, pero no del todo. En los concursos no está contemplada la tarea doméstica o de cuidado que recae en las mujeres en la mayoría de los casos. No se hace esa salvedad, son las mismas reglas y se genera una brecha terrible”, explica.

En Argentina, todos las personas que están a cargo de los ministerios públicos fiscales son varones. Así lo muestran los datos del Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos de la Argentina del que Cardinali es co-directora. “La Corte Suprema está integrada 100%  por varones, el 100% de los fiscales generales y procuradores son varones, no hay ni una mujer en el país”, explica. “El techo de cristal es una limitación velada a la que se enfrentan las mujeres para acceder a puestos de alto rango dentro de las organizaciones laborales. También pasa en la Justicia y en la Política.Son una serie de barreras invisibles o difíciles de identificar que obstaculizan el ascenso de las mujeres a los lugares con poder de decisión. En general, estas mujeres están altamente capacitadas para ocupar estos puestos, incluso más que los varones pero aún así no lo logran”, agrega la fiscal.

Cardinali cuenta que decidió concursar después de tener a su segundo hijo y que después de obtener el cargo, tuvo dos más. “Yo me capacité tarde, al principio cumplía a rajatabla el rol de madre. Ahora no pienso así. Hasta empezar a capacitarme en género, yo siempre pensé que el rol de madre estaba primero, que era el más importante que el rol que puedo tener ahora de fiscal. Y ahora me doy cuenta que no, que me hacen feliz las dos cosas y que para ser una buena madre también tengo que ser una buena profesional porque sino mi vida no está completa. Soy una mujer madre si soy una mejor fiscal”, comenta.

Por su parte, Cristallo se inscribió en cinco concursos para camarista entre 2018 y 2022, quedó ternanda en tres pero no accedió a ningún cargo. El primero fue cuando tenía 36 años y dos hijos. “Noté que cuando sos relativamente joven para esos cargos, todo te cuesta el doble porque por más que rindas buenos exámenes no tenés el tiempo de trayectoria. Hay una relación negativa entre la edad y la idoneidad, las reglas están pensadas para determinado perfil de juez o jueza, que tiene ”X“ edad, ”X“ antecedentes. Si no encajás ahí no vas a ser nunca juez o jueza. Hay que repensar las reglas, tienen que contemplar estas desventajas estructurales, las tareas del cuidado. Si una tiene un hijo o hija, sabés que estás por lo menos dos años fuera del mercado laboral, hay que repensar el sistema de evaluación de antecedentes”, indica. 

¿Cómo se resuelve esta situación? 

El informe de FUNDAR plantea alternativas como modificar el reglamento para que se tengan en cuenta las barreras sociales y culturales con las que las mujeres se enfrentan en la evaluación de sus antecedentes, establecer un cupo de género, darle más importancia al puntaje final y generar datos que permitan evaluar la composición. “Los exámenes deberían tener un mayor peso relativo respecto de los antecedentes, generaría un mayor nivel de inscripción. Esas dos variables van a hacer que aumenten los números, pero también va a permitir que el sistema sea más inclusivo. No solo en términos de género sino en términos generacionales, que puedan ser jueces y juezas personas más jóvenes, colectivos que normalmente no están contemplados”, describe Cristallo.

Desde ELA destacan la necesidad de transparencia en la selección. “Sin duda los procesos regulados, públicos, transparentes y que procuran ser no sesgados en términos de género contribuyen a una mejora no solo en relación con la participación de las mujeres en la administración de justicia sino que también favorece a la construcción de un poder judicial más democrático”, detalla Gherardi.

“Hay que introducir la perspectiva de género en la Justicia cambiando la cabeza de los magistrados y magistradas, de la gente que ocupa el Consejo de la Magistratura. Hay que entender que la desigualdad entre hombres y mujeres es estructural y que la discriminación de género que sufrimos las mujeres en la vida cotidiana es a causa de esa desigualdad estructural. Hasta que no cambiemos la cultura y la manera de ver a las mujeres y de valorarlas. no vamos a cambiar la realidad”, concluye Cardinali.

CDB/MG