La ONU le exige al Vaticano explicaciones por los abusos en el Instituto Próvolo de Mendoza

Con un documento firme y de carácter histórico, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) le exigió a la Iglesia Católica que entregue explicaciones por los abusos sexuales ocurridos bajo los ámbitos de su congregación y entre los casos que señala aparece destacado el del instituto para chicos sordos e hipoacúsicos Antonio Próvolo de Mendoza, en el cual hay dos sacerdotes condenados y otro juicio postergado. El organismo internacional remarca que la Santa Sede no respondió sus reclamos para que se esclarezcan los delitos en los que participaron integrantes de la congregación liderada por el Papa Francisco.

El extenso comunicado se difundió el lunes. Allí se mencionan casos en todo el mundo y en el del Próvolo de Mendoza se detalla el accionar de la Iglesia Católica, principalmente sobre aquellas medidas vinculadas a “proteger a los abusadores, encubrir los delitos, obstaculizar las investigaciones penales y evadir las reparaciones debidas a las víctimas, perjudicando así los procedimientos de búsqueda de justicia”. 

“La resolución es única y nosotros somos parte de la casuística que se denuncia. Fuimos en persona a hacer nuestra denuncia y eso rindió los frutos. En el informe le dedican una carilla a Próvolo de Mendoza, no lo menciona así nomás. Aparece entre varios casos de todo el mundo, con otros de Alemania, Bélgica, Chile y muchos más. La ONU decidió levantar el guante y se dirigió al Estado Vaticano. Puertas adentro, para nuestra Justicia, esta decisión tiene una importancia tremenda”, dice a elDiarioAR, el abogado Sergio Salinas, de la ONG por los derechos humanos Xumek, quien presentó en Suiza la denuncia.

Por los delitos de abusos contra menores fueron condenados los dos sacerdotes Nicola Corradi y Horacio Corbacho, que recibieron 42 y 45 años de condena respectivamente. También los civiles Jorge Bordón, al que le dieron 10 años y al jardinero Armando Gómez, 18. En este momento está postergado otro juicio nueve personas, entre ellas, las religiosas Kumiko Kosaka y Asunción Martínez.

En febrero de 2020, una delegación de víctimas del Próvolo viajó a Ginebra, acompañada por abogados de Xumek y por la ONG global, Ending Clergy Abuse (Poniendo Fin al Abuso Eclesiástico). En ese viaje denunciaron los casos argentinos ante la ONU, que luego fueron incorporados al informe.  

Allí elevaron una denuncia contra el Vaticano a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de ONU. La sumatoria de delitos contra los nenes y nenas que vivían y estudiaban en el Próvolo era tan vasta que debieron ser recibidos por cuatro Relatores Especiales del organismo. El Relator Especial sobre la “promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición”, el Relator sobre “los derechos de las personas con discapacidad”, el Relator Especial “sobre la venta y explotación sexual de niños” y el que trabaja sobre casos de tortura.

Corradi llegó en 1970 a la Argentina desde el Próvolo de Verona, en Italia, donde también lo habían denunciado por abusos. Aquí se hizo cargo del instituto Próvolo en La Plata y en 1998 se fue a la institución en Mendoza hasta que en 2016 lo detuvieron. Según los denunciantes, los abusos en La Plata se produjeron entre 1980 y 1990. Un grupo de alumnos denunció a Corradi y al profesor de informática Jorge Brítez. También señalaron al laico italiano Eliseo Pirmati. Este se fugó a Italia en 2017 y por él se hizo un pedido de extradición. 

AM