El aborto no es un “invento argentino”: cómo avanzó el derecho en la región

En el año 2001 me convertí en madre a los 23 años en Colombia, donde la legislación vigente desde 1936 prohibía el aborto en la mayoría de los casos. El aborto solo estaba permitido en situaciones en las que la vida de la mujer estaba en peligro debido al embarazo, y esta excepción estaba sujeta a estrictas condiciones y regulaciones. Las mujeres que buscaban un aborto fuera de estas circunstancias específicas podían enfrentar sanciones penales, incluida la prisión.

Tuve un embarazo inesperado, estando soltera en un entorno conservador y católico. Siempre estuve a favor de la libre elección, pero nunca pensé que sería yo quien tuviera que tomarla. 

Nunca me permití siquiera pensar en abortar. Era muy religiosa, mi familia era muy religiosa, mi educación sexual básicamente se resumía en la palabra “pecado”. Sin duda una parte mía ansiaba una posibilidad, el aborto: olvidarme del embarazo, que venía a cambiar mi vida y mis posibilidades. Pero seguí adelante y con el nacimiento de mi hija, sumé un desafío más: mudarme a la Argentina. 

Era un momento de crisis allí, con una lucha social fuerte y un movimiento feminista organizado. En Argentina estuve 22 años con mis propias batallas uniéndome al movimiento, al activismo, al acompañamiento. 

En 2006 el sistema legal colombiano, luego de un sorprendente pero hermoso fallo de la Corte Constitucional, reconoció el aborto como opción legal para las mujeres en algunas causales: casos de violación, incesto, malformación fetal grave o cuando la vida o la salud de la mujer estuviera en peligro. La Corte Constitucional argumentó que, en estos casos, se respetaban los derechos fundamentales de las mujeres, incluidos los derechos a la autonomía, la dignidad, la integridad personal y la salud reproductiva. La sentencia C-355 de 2006, se encargó entonces de delimitar las causales en las cuales el aborto no sería punible, pero además reconoció que la falta de acceso en términos de salud sexual y reproductiva y en particular al aborto, era una afrenta a la dignidad de las mujeres, protegida por la Constitución y los tratados internacionales ratificados por Colombia. Años después, en 2022, nuevamente la Corte Constitucional despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación (sentencia C-055 de 2022), sosteniendo que las mujeres y las personas con capacidad de gestar pueden ejercer su derecho de acceso a servicios de aborto libre, legal y seguro sin que para ello se requiera el cumplimiento de ningún tipo de requisito o condición.

Acá, allá y en todos lados

Como Colombia y Argentina, otros países de la región han tenido sendos avances en los temas de salud sexual y reproductiva en los últimos 20 años: Uruguay fue pionero en la despenalización del aborto en 2012 permitiendo la interrupción del embarazo por decisión de la persona gestante hasta la semana 12 de gestación. Además, fuera de este tiempo, en tres situaciones específicas: riesgo para la vida de la mujer, malformaciones fetales incompatibles con la vida, y embarazo resultante de violación. Chile por su parte, pasó de tener una legislación severa y restrictiva en el acceso a los servicios de aborto a una que lo hace no punible en tres causales: peligro para la vida de la mujer, inviabilidad fetal de carácter letal y cuando el embarazo es producto de una violación. 

La lucha feminista en México también ha tenido importantes éxitos primero en la ciudad de México, luego en Aguas Calientes y Chihuahua hasta la última decisión en septiembre de 2023 de la Suprema Corte que despenalizó el aborto a nivel federal, en una decisión que amplía la legalidad de la interrupción del embarazo al resto del país y que da un paso más respecto de una sentencia de la misma Corte del 2021, cuando se declaró inconstitucional penalizar el aborto.

Con la modificación del Código Penal Federal, todas las instituciones de salud federales, que cubren 70% de la población, están obligadas a prestar los servicios de interrupción del embarazo.

Desde la militancia y desde el cuidado

El poder patriarcal que históricamente subestimó las habilidades de las mujeres pierde nuevamente frente a los avances por el acceso a la salud sexual, reproductiva y (no) reproductiva. Por ello, los grupos de socorristas, acompañantes, profesionales por el derecho a decidir entre muchos otros, han logrado dar espacio a los derechos de autodeterminación reproductiva, a la vida, al trabajo y a la intimidad de miles de mujeres desde hace años. Hemos sumado otro colectivo: las personas con capacidad de gestar. Porque somos muchxs más. 

El activismo feminista es un colectivo de lucha. Un colectivo en desventaja frente al poder patriarcal pero que ha conseguido mucho. Me gusta pensar en la lucha colectiva desde la sororidad. Desde la empatía. Desde el cuidado. 

Hoy, fuera de Argentina, aparece un panorama diferente que resuena con mi propio conocimiento pasado: los derechos de las mujeres no fueron parte del trato en la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos, como no lo fueron en la lucha por los derechos del hombre en la revolución francesa, ni por la autonomía soberana de los países en la Declaración Americana de los Derechos del Hombre. No estábamos en los postulados de la lucha, aunque también salimos a marchar, aunque también nos detuvieron en los motines, aunque también morimos en las calles.

Pero la historia también movilizó ideas actuales, deseos propios y casos presentes: la gran victoria de los movimientos feministas en Latinoamérica no fue solo retar a la hegemonía de la profesión médica, a la profesión del arte de curar, del arte del cuidado y del poder sobre los cuerpos. La llamada “Marea Verde” ha conseguido la lucha articulada, por acceso, autonomía, información. Las normas sancionadas y los fallos judiciales que hoy nos garantizan derechos tienen impacto directo en la vida de mujeres y personas con capacidad de gestar, ya no sobre las estadísticas o los números sino sobre personas. Con angustias, con miedos.

Porque detrás de la agitación de los debates, detrás de las marchas con pañuelos y consignas tanto verdes como celestes, hay historias reales, individuales. Hay caras, nombres y apellidos, vidas elegidas e impuestas, deseos cumplidos y frustrados. Hace falta ponerles cara a los números. A ver si eso despierta la empatía, elimina barreras, facilita procesos.

Porque si bien el cambio en la ley en Argentina o las sentencias judiciales en Colombia han marcado un hito importante en el acceso a la salud, la implementación de las nuevas regulaciones ha enfrentado desafíos. En Argentina algunos proveedores de atención médica, particularmente en regiones más conservadoras, pueden dudar en brindar servicios de aborto. Hay zonas con prestadores de servicios de salud objetores de conciencia, con grandes distancias para el acceso a centros de salud. Si bien se están realizando esfuerzos para garantizar que las mujeres en todas partes del país tengan igual acceso a los servicios de aborto, independientemente de su ubicación o estatus socioeconómico, el acceso a la información sobre la salud sexual y reproductiva más que un derecho en muchos casos es un privilegio y no puede perderse de vista el importante papel que desempeña el dinero. 

Por su parte Colombia luego de la sentencia C-055 de despenalización de 2022 ha centrado sus esfuerzos en la educación pública y la capacitación de los proveedores de atención médica para garantizar que las mujeres y personas con capacidad de gestar conozcan sus derechos y que los profesionales de la salud estén equipados para brindar servicios de aborto seguros y legales. Pero todavía hay barreras.

México también presenta desafíos pues la sentencia de 2023 no cubre a 20 de los 32 estados del país donde aún no se han modificado los códigos penales estatales en materia de aborto. El frente sigue abierto, la lucha continúa.

De ayer a hoy

Mi hija de 22 años usa la píldora, tiene una madre feminista que es abierta con los temas de sexualidad. En su país la educación sexual integral es obligatoria, sin importar si atiende una escuela pública o una privada. Y yo, a mis 45 sigo en la lucha por el acceso a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, en mi país, en el país de mi hija y hoy en el espacio de lucha que me dan mis circunstancias personales.

La guerra ideológica se mantiene en las calles, está en las mesas de las casas, en las escuelas, en las oficinas, en las guardias de los hospitales. En muchos hogares, aulas y salones considerar un aborto es un pecado y confesarlo, un suicidio. 

El acceso al aborto en la región sigue presentando desafíos, aún en los países con acceso garantizado por las normas. En muchos casos, cada paso exigido parece ser un acto disuasorio, un “no lo hagas”, un juicio de valor.

La mayor esperanza es que estamos unidas en esto y que en el frente de batalla estamos, de verde, listas para seguir peleando.

GOH/MA