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La AUH sirve para cada vez menos: se devaluó un tercio en ocho años

La Asignación Universal por Hijo (AUH), que cobran desempleados y trabajadores informales, perdió un 21% de su poder de compra en 2022.

Alejandro Rebossio

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Por más que el discurso recalcitrante sostenga que hay vagos que viven de las asignaciones universales por hijo (AUH), estas sirven cada de menos. En los últimos ocho años, la AUH, que cobran desempleados y trabajadores informales padres de menores de 18 años, perdió un tercio de su valor, según un reciente informe del mercado laboral del Centro de Investigación y Formación (Cifra) de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) que elaboraron Mariana González y Cecilia Garriga. En lo que va de 2023 retrocedió 12%.

“La AUH ha seguido en los últimos años una evolución relativamente similar a la del haber mínimo, ya que se rige por la misma fórmula de movilidad”, señalan González y Garriga en su documento. “La excepción la constituyen momentos en los cuales se dispusieron desde el Poder Ejecutivo aumentos diferenciales por sobre esta fórmula. Así es que en términos generales el poder adquisitivo de la AUH ha sufrido un importante y constante deterioro con posterioridad a 2015. En el promedio de los ocho primeros meses de 2023 su poder de compra resultó 34,9% inferior al de ese año. En otros momentos, el otorgamiento de diversos bonos elevó relativamente el monto efectivamente percibido por las y los destinatarios de esta asignación, pero no se han determinado políticas de este tipo en 2023. En el reciente paquete de medidas destinado a recomponer ingresos tras la devaluación de agosto, el eje para los hogares de menores ingresos con niños y niñas se puso en la Tarjeta Alimentar, sobre cuyos montos se determinó un refuerzo tanto en septiembre como en octubre de entre $ 5.000 (+29,4%) y $ 11.500 (+33,8%), según la cantidad de hijos”, advirtieron las economistas de Cifra-CTA.

Otro informe también advierte sobre la pérdida de poder de compra de la AUH. En “Los ingresos populares en un régimen de alta inflación”, Sebastián Etchemendy, Federico Pastrana y Joan Manuel Vezzato, del centro de investigación Fundar, señalan que “la capacidad de defender el poder adquisitivo en un contexto de aceleración inflacionaria es disímil”. “Las coaliciones partidarias, sindicales y sociales son clave para explicar estas diferencias. Quienes contaron con instancias institucionales de determinación del salario más activas, como paritarias sectoriales privadas, estatales y paritaria nacional docente, pudieron defenderse mejor. Aquellos colectivos con una representación institucional difusa o inexistente, como los jubilados, beneficiarios de Potenciar Trabajo, Tarjeta Alimentar/AUH y no asalariados, resultaron perjudicados”, concluyeron.

En 2021, a los beneficiarios de la AUH no les fue mal, pero en 2022 perdieron más que nadie respecto al año anterior: un 20,6%, es decir, un quinto de su poder de compra, según Fundar. “Uno de los ingresos de las familias que tienen como jefe/a de hogar a un trabajador informal es la Asignación Universal por Hijo/a, a la que en 2020 se agregó la Tarjeta Alimentar, beneficiando a fines de 2022 a más de 4,2 millones de niños y niñas. Durante 2022, se produjo un importante deterioro en los ingresos agregados de ambas políticas (AUH más Tarjeta Alimentar). El mecanismo de actualización de la AUH es el mismo que el de las jubilaciones; sin embargo, la cantidad de bonos fue mucho más restringida, por lo que se ejecutó un fuerte recorte en términos reales (incluso si se consideran los aumentos que tuvo la Tarjeta Alimentar)”, advierten Etchemendy, Pastrana y Vezzato.

“Las deficiencias de la fórmula jubilatoria se hicieron notar, tanto en las jubilaciones como en la AUH, dado que estos ingresos corrieron muy por detrás de la inflación”, continúan el reporte. “En el caso de las jubilaciones mínimas, los refuerzos de suma fija permitieron empardar la inflación en el promedio anual, pero no así en el de las AUH, donde los bonos fueron más limitados”, insiste. “El Gobierno amplió institucionalmente el Estado de Bienestar con dos políticas clave, la Tarjeta Alimentar (para beneficiarios de la AUH y otros grupos más acotados) y el programa de medicamentos gratis para jubilados. Sin embargo, esos dos grupos (personas en el sector informal receptoras de la AUH y jubilados sin bono) no pudieron defender sus ingresos frente a la inflación en la pospandemia. Los ingresos no salariales vinculados a la AUH y la Tarjeta Alimentar, por la ausencia de bonos compensatorios, evidenciaron un fuerte recorte. En síntesis, se nota una contracción del poder adquisitivo en los segmentos más bajos, lo cual puede haber contribuido a explicar el aumento de la tasa de pobreza en 2022”, señala. El 39% de los argentinos era pobre el año pasado. En 2023 puede haber empeorado.

El trabajo de Fundar saca tres conclusiones.“Primero, las coaliciones partidarias y sociales y las instituciones laborales siguen importando en un régimen de alta inflación, al punto de ser vitales para entender la matriz de ganadores y perdedores en materia de ingresos. Contra ciertas visiones de la ortodoxia económica que minimizan o ignoran el rol de las instituciones laborales, o incluso proclaman un simplista 'en inflación pierden todos', este trabajo muestra cómo algunos colectivos como los trabajadores bajo convenio (en promedio) o los docentes pudieron, a diferencia de lo que sucedió bajo el gobierno de Cambiemos, defender sus ingresos en a la crisis. Lo hicieron en gran medida gracias a su alianza con el Frente de Todos, a las decisiones del Gobierno en materia de política fiscal, y a instancias colectivas de determinación del ingreso refundadas o diseñadas en los años 2000, como las paritarias sectoriales o la Paritaria Nacional Docente”.

En segundo lugar, el trabajo plantea que “las instituciones laborales son también claves para entender las heterogeneidades en el interior de los sectores populares. Quienes mejor defendieron sus ingresos en el régimen de alta inflación que se consolida en la pospandemia fueron aquellos grupos que cuentan con instancias institucionales de determinación del salario más activas, como las paritarias sectoriales, de empleados públicos, las paritarias docentes nacional y provinciales y, hasta cierto punto, la del servicio doméstico. Quienes no cuentan con instancias de negociación colectiva del ingreso (no asalariados precarios, jubilados, beneficiarios de la AUH/Tarjeta Alimentar) o tienen una representación deficiente en las mismas, como los beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo en el Consejo de Salario, vieron mermar sus ingresos reales sensiblemente. A estos sectores habría que agregar aquellas paritarias privadas que perdieron sustancialmente más allá del 'empate' en el promedio general. En definitiva, subyace una lógica de 'supervivencia del más fuerte' que afecta a los actores populares en un régimen de alta inflación, aun con un gobierno cercano. Estas desigualdades dificultan cualquier estrategia política y electoral consistente del espacio progresista en el corto, mediano y, por supuesto, largo plazo”

Por último, en análisis de Fundar, concluye que “ante un contexto de alta inflación es necesario promover ámbitos de acuerdo y coordinación salarial, una política de ingresos que, en el marco de un programa de estabilización heterodoxo, ataque la inflación de manera contundente y definitiva, punto de partida necesario para la recuperación sustentable del poder adquisitivo del conjunto de trabajadores y trabajadoras.”

AR/MG

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