Con las cuentas en rojo, el Gobierno busca US$4.500 millones de un nuevo blanqueo para la construcción

Los fondos tienen que ser destinados a proyectos inmobiliarios, pero no se detalla de qué características

En la búsqueda de fondos que le den un respiro a las cuentas del Estado, el Frente de Todos apuesta a que el Senado sancione este jueves una ley que relanza el blanqueo para la construcción que estuvo vigente durante tres meses en 2021. De prosperar, estiman que podría generar depósitos privados por hasta US$4.500 millones. Dinero que actualmente se encuentra sin declarar, resguardado dentro del país o en el exterior. 

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El régimen de “Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda”, más conocido como el “blanqueo a la construcción”, estuvo vigente entre marzo y julio del año pasado. El Gobierno incluyó su prórroga en el presupuesto oficial de 2022, que no consiguió la aprobación del Congreso y por eso quedó inactivo. 

Si bien los blanqueos son una herramienta siempre polémica, porque premia a quienes tienen conductas delictivas al eximirlos de penalidades, contribuye a mejorar la recaudación. Un punto central en momentos como el actual, en el que la frágil situación social obliga a equilibrar las cuentas sin concentrar todos los esfuerzos en el ajuste de los gastos. 

Por demoras en la reglamentación, el año pasado el plazo para inscribirse en la primera etapa del blanqueo –la que tenía términos más tentadores para los inversores– fue muy breve. De acuerdo con datos de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), en esa primera etapa hubo 7.000 aperturas de cuentas por un monto cercano a los US$200 millones, mientras que solo ingresó el 10% del total recaudado en las siguientes dos etapas. El saldo final estuvo, entonces, muy lejos de los US$5.000 millones con que se había estimado inicialmente. 

Ahora el Gobierno sale a buscar a los que se quedaron con las ganas y propone un plazo más amplio; no ya 120 días, sino 360 desde su entrada en vigencia. El proyecto fue presentado por el propio Sergio Massa cuando era presidente de la Cámara de Diputados en conjunto con el titular de la bancada PRO, Cristian Ritondo. Según anticipó el propio Massa, puede representar un adicional de inversión privada de entre US$4.000 y US$4.500 millones. 

La iniciativa obtuvo media sanción de diputados en mayo pasado y dictamen de comisión en el Senado en julio. La Cámara Alta busca ahora definir la convocatoria a una sesión para el jueves y convertirla en ley ese mismo día.

La norma no incluye penalidades para los blanqueadores, pero crea un “impuesto especial” sobre el valor de la tenencia que se declare, que varía según cuánto tarde la persona en acogerse al régimen. Si ingresa durante los primeros tres meses, la alícuota es del 5%. Si ingresa en los tres días siguientes, de 10%. A partir de ese plazo y durante los últimos seis meses de vigencia, de 20%.

Esta norma exime a las personas de pagar el impuesto sobre los Bienes Personales sobre el valor de las inversiones en proyectos e incluso se puede computar el 1% del valor de la inversión en los proyectos como pago a cuenta de este tributo. 

La persona que decide declarar voluntariamente fondos que tenía ocultos tanto en el país como en el extranjero debe depositarlos en una Cuenta Especial de Depósito y Cancelación para la Construcción Argentina (CECON.Ar). Esos fondos deben usarse únicamente para desarrollar e invertir en proyectos inmobiliarios en el país. 

De acuerdo con el texto, la inversión debe ir a “obras privadas nuevas”, pero se considera que entran dentro de esa categoría todas aquellas que al momento de entrada en vigencia de la ley tienen un avance inferior al 50% de la finalización de la obra. 

Además de darle una nueva entrada de fondos a la AFIP, el proyecto tiene otra serie de objetivos. Por un lado, busca generar más oferta de vivienda, aunque no establece requisitos sobre las características que deben tener los proyectos inmobiliarios. Es decir, que no necesariamente genera más volúmen en los segmentos más demandados. 

Por otro, apunta a dinamizar el sector de la construcción, que es intensivo en mano de obra. De todos modos, no es un mal momento para la actividad. Según el último panorama productivo del ex Ministerio de Desarrollo Productivo, en mayo la construcción creció 19,9% en comparación con el mismo mes de 2021 y anotó el mejor mayo desde el inicio de la serie en 2012. 

En tercer lugar, la medida puede contribuir a este plan de “reorganización” de los planes sociales que planteó Massa, dado que el proyecto contempla que los titulares de planes sociales que sean contratados en el marco de este régimen pueden seguir percibiendo la prestación durante un año, a modo de “empalme” entre ambos universos. 

DT/MG

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