Más desempleados, más sobreocupados y un gobierno al que le dará trabajo cuadrar las cuentas

Al final, no todos los despedidos consiguen trabajo manejando para Uber, Cabify o Didi o repartiendo mercadería para Mercado Libre, Rappi o Pedidos Ya. No todos los que pierden empleo formal lo consiguen en el informal, como se vanagloriaba el gobierno de Javier Milei. El desempleo saltó de un año a otro del 6,4% al 7,5%, comparando los cuartos trimestres. Hasta los sectores a los que les va bien como la minería y la banca destruyen trabajo en tiempos de robótica e inteligencia artificial.

Mientras, los sobreocupados, los que trabajan más de nueve horas diarias, se mantienen en 29,2% respecto de un año atrás, pero vienen creciendo trimeste a trimestre desde principios de 2025. Es decir, a cada vez más gente le cuesta conseguir laburo, mientras que otros se ven obligados a deslomarse más tiempo para conseguir la misma plata. Es que el salario sigue 5,8% abajo del de por sí deteriorado nivel en que lo dejó el anterior gobierno, según calcula a partir de datos oficiales la economista Mariana González, del Centro de Investigación y Formación (Cifra) de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA). En una encuesta de QSocial, la consultora del analista político Rafael Prieto, se advierte que la principal preocupación económica de los argentinos son los sueldos (35%), seguida por el empleo (24%), mientras el 74% debió recortar gastos para llegar a fin de mes.

Pero esta vez, como otras, no se evidencia la llamada curva de Phillips: a mayor desempleo, menor inflación. Pese a que el Gobierno pisa el tipo de cambio con altas tasas de interés, el consumo y el salario –la pauta subió del 1% al 2%, pero sigue lejos del índice de precios al consumidor (IPC) del 2,9%–, la inercia, los tarifazos para evitar que suban más los subsidios y ahora el encarecimiento de los combustibles por la guerra de Irán y su impacto ya inmediato en los alimentos están impulsando mes a mes el indicador hacia arriba desde mediados de 2025.

Y esa inflación mayor a la esperada está complicando el equilibrio de las cuentas públicas, una de las banderas de Milei junto a la increíble promesa de IPC cero para agosto próximo. El vicepresidente de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), Güido Rangugni, advierte que el gasto presupuestado por el Gobierno para 2026 se quedará corto. Sucede que hizo el cálculo a partir de una inflación prevista del 24% en 2025, cuando fue 31%, y del 10% para este año, cuando el consenso de economistas recogido por el Banco Central refiere un 26%.

Un 45% del presupuesto es gasto de la seguridad social, que en su mayoría se ajusta por inflación (jubilaciones y pensiones, ya no la asignación por hijo). O sea que casi la mitad del gasto irán aumentando a la par de un IPC creciente. Y mientras buen parte de las erogaciones se actualizan de manera automática, desde mediados de año, a la par de una inflación ascendente, se repiten las caídas de la recaudación tributaria, entre las rebajas que otorga el gobierno libertario –sobre todo a los que más tienen, como con el gravamen a los autos de lujo– y el consumo alicaído.

“No sé cómo van a resolver el equilibrio de las cuentas: la evolución para el resto de los gastos que no son los previsionales es incierto” analiza Rangugni. Ya de por sí se aplicó la motosierra en 2024, apenas repuntaron las erogaciones en 2025, pero queda poco margen para seguir podando porque los niveles están por el piso, según el vice de ASAP. En 2025, de los $123 billones de egresos, 56 billones fueron de la seguridad social; 22 billones de subvenciones al sector privado, que ahora están subiendo pese a los tarifazos y que serán difíciles de ajustar en tiempos de disparada del petróleo por la guerra; 13 billones de salarios a empleados estatales, cuya planta ya se recortó en cantidad y sueldo pero se prevén más despidos; 10 billones de intereses de la deuda, que son intocables, pues para Milei los acreedores son prioridad; 7 billones de giros a empresas públicas, lo que incluye las ferroviarias y Aysa, en supuestas vías de privatización; 4,4 billones a las universidades, que arrancaron el año de paro, para perjuicio del capital humano que Milei dice cultivar; 2,5 billones las raquíticas transferencias a las provincias, a las que necesita para seguir aprobando sus reformas en el Congreso; y 2,4 billones de la decadente inversión en infraestructura.

Desequilibrio fiscal y estanflación

“El problema es que la preocupación trasciende lo fiscal, sino que traspasa a la economía real”, añade el vicepresidente de ASAP. Es que por un lado caen los ingresos y, por otro, un ajuste drástico del gasto puede afectar la actividad económica. En 2024, la motosierra desalentó la economía menos de lo esperado, entre la recuperación de la cosecha y el efecto expansivo de la baja de la inflación alta a moderada. Pero con cierto retardo se corre el riesgo de que el ajuste de los egresos estén derivando en una merma de los ingresos, que después obligue a bajar otra vez las erogaciones y así sucesivamente, como círculo vicioso, como ha ocurrido en Argentina y en otros países del mundo en el pasado. No por nada el exministro de Economía Domingo Cavallo vuelve a advertir que puede regresar la estanflación de hace dos años, es decir, estancamiento económico con ascenso de precios.

En este contexto, el ministro de Economía y fan de la compra de ropa en el extranjero, Luis Caputo, sigue apostando a la apertura comercial para disciplinar los valores internos. Y lo hace aunque eso cueste el cierre de empresas y el despido de su personal. Lo curioso es que no toda liberalización trae baja de precios, como las que enfrentaron el grupo Techint, de Paolo Rocca, contra los tubos chinos, o los neumáticos de cerrada Fate, de Javier Madanes Quintanilla. Este miércoles, Caputo y su par de Salud, Mario Lugones, firmaron un decreto que favorece a los laboratorios extranjeros (Pfizer, Roche, MSD, Novartis, Abbot, Bayer, GSK, Merck, entre otros) y sus medicamentos patentados y desalientan los remedios genéricos que a partir de aquellos elaboran las farmacéuticas nacionales. Así cumplieron el compromiso de la Argentina con los Estados Unidos de Donald Trump por el reciente tratado comercial. Pero la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) sostuvo que la legislación del año 2000 ahora modificada había permitido abaratar entre 45% y 87% los precios de determinadas medicinas, aliviando el bolsillo de pacientes y del Estado, que también es comprador.

Pero no todas son malas noticias para todos los laboratorios nacionales. Dos semanas antes Lugones se preocupó de firmar un acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), donde la Argentina y EE.UU. siguen como miembros tras su salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Ese convenio arranca con un contrato para que la local Sinergium exporte vacunas a la región por US$240 millones. ¿A quién le pertenece la empresa? A Laboratorios Bagó, de los hermanos Juan Carlos y Sebastián Bagó, y a Elea, de Hugo Sigman, su esposa Silvia Gold y la familia Sielecki, la misma del embajador en Francia, Ian Sielecki.

La estratégica aduana de Campana y la mano de Santiago Caputo

En tiempos de dólar bajo y contrabando alto, otra novedad que atañe a las importaciones se registró en pleno verano en una de las principales aduanas del país, la de Campana. Quedó a cargo de Julio César Nieto, un antiguo funcionario de carrera que carga con una investigación judicial por enriquecimiento ilícito –lo allanaron en 2024–, que militaba en el peronismo de Quilmes junto a Mayra Mendoza hasta 2023, pero el 8 de enero pasado se mostró con su contrincante el intendente de Avellaneda, Julio Ferraresi. Sin embargo, el 23 de ese mes el jefe de la Aduana, Andrés Vázquez, lo ascendió en Campana. Se sabe que el mandamás de Vázquez, el asesor presidencial Santiago Caputo, siempre prefirió a los funcionarios con prontuario porque confía en que son mejores para hacer los trabajos sucios. A su vez, Santiago Caputo coordina estos nombramientos con su amigo y consejero Leonardo Scaturicce.

Claro que el exespía residente en EE.UU. que se compró Flybondi, Oca y el grupo logístico Flecha el año pasado ahora está más preocupado por la supervivencia de la low cost, en medio del encarecimiento del petróleo, que por rellenar los ravioles de la Aduana. Ahora le ofreció un poco tentador retiro voluntario a todos los 1.500 empleados de la aerolínea: antes de fin de mes deben decidir si aceptan la indemnización legal más medio o un cuarto de sueldo. La pregunta que se formulan los trabajadores es qué pasará de ellos si rechazan la oferta: ¿sobrevendrá un procedimiento preventivo de crisis, por el que les pagarán menos por echarlos? Al menos en la empresa prometen que no serán reemplazados por las tripulaciones extranjeras que vinieron con aviones alquilados por el verano. Se supone que tras la temporada alta los pilotos y tripulantes de España, Francia, Portugal o Brasil ya dejarán de venir. Son empleados de empresas de aeronaves de renta, las mismas que días atrás se negaron a prestar servicios a Flybondi y dejaron a los pasajeros en tierra porque la firma de Scaturicce no les había pagado a tiempo. Pero por más que haya cancelaciones y vuelos la low cost respira tranquila que el jefe de la Administración Nacional de la Aviación Civil (ANAC), Oscar Villabona, por ahora no la ha multado ni sancionado, ni siquiera por usar talleres no habilitados.

Milei, su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, andan por estos días entretenidos por las revelaciones judiciales de la causa $LIBRA y la nueva de los vuelos. Pero el otrora poderoso Santiago Caputo y su gente tampoco descansan. Uno de ellos es el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Genua, que en la gira del Presidente por EE.UU. de la semana pasada firmó un memorando de entendimiento con la empresa norteamericana Salesforce para que, sin mediar licitación, introduzca inteligencia artificial en el Estado. Está claro que el sector público debe modernizarse pero llama la atención la eventual contratación directa y vale la pena seguir el ejemplo de países europeos que toman recaudos para que tampoco quede delegado el control total de la administración estatal en manos de estas grandes corporaciones privadas. Porque mientras el empleo retrocede, otros negocios avanzan.

AR/MG