La reforma laboral de Milei queda atrapada en tribunales, pero vigente, y se posterga una definición sobre derechos laborales

Los trabajadores quedan frente a una reforma laboral que avanza entre fallos, recursos y fueros distintos, sin una definición de fondo de la Corte Suprema sobre la validez de los artículos cuestionados. El rechazo al per saltum presentado por el Gobierno no anuló la reforma ni resolvió su constitucionalidad: dejó la discusión en la vía ordinaria de la Justicia laboral, donde la CGT mantiene una acción declarativa contra el Poder Ejecutivo.

La decisión fue firmada el 7 de mayo por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. La Corte declaró “inadmisible” el recurso extraordinario por salto de instancia que había interpuesto el Estado nacional. El Gobierno buscaba que el tribunal interviniera antes de que avanzara el trámite regular del expediente. El máximo tribunal sostuvo que “no se observan los requisitos” previstos por el artículo 257 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para habilitar esa vía.

El fallo tuvo una extensión breve, pero ordenó el conflicto de otra manera. La Corte no dijo si la reforma laboral es válida o inválida. Tampoco fijó el alcance final de los artículos discutidos. El tribunal cerró el acceso directo que pretendía el Ejecutivo, mientras la controversia sobre condiciones laborales, contratación, salarios, aportes e indemnizaciones sigue abierta. El expediente vuelve a quedar sujeto a los tiempos de la instancia ordinaria, donde la CGT busca que la Justicia se pronuncie sobre la legalidad de una medida del Poder Ejecutivo en materia laboral.

El per saltum es una herramienta excepcional. Sólo procede ante supuestos de gravedad institucional y daño irreparable que no admitan demoras. La Corte entendió que esas condiciones no estaban verificadas. La representación del Estado estuvo a cargo de Mayra Rafaela Cosentino, de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano.

Para el Gobierno, el recurso apuntaba a obtener una resolución favorable de la Corte antes de que se pronunciara el juez de primera instancia. Para la CGT, la discusión central es la legalidad de la reforma laboral y su impacto sobre derechos de los trabajadores. El dato jurídico pesa sobre la vida laboral: mientras no haya sentencia de fondo, las reglas que ordenan despidos, aportes, registración y negociación salarial quedan bajo disputa.

La reforma ya está vigente en el fuero contencioso, aun después del rechazo del per saltum por parte de la Corte. Ese punto impide leer el fallo como una suspensión general de la reforma. El tribunal sólo resolvió que no aceptaba intervenir por la vía extraordinaria elegida por el Ejecutivo.

Los documentos disponibles no detallan en esta instancia la lista completa de artículos suspendidos, vigentes o cuestionados, ni la cantidad de trabajadores alcanzados por cada norma. Ese dato falta para medir con precisión el efecto material de la reforma sobre ingresos, aportes, indemnizaciones y condiciones de contratación. Lo que sí surge del expediente es que la pelea no quedó cerrada: cambió de carril judicial.

La decisión de la Corte se conoció en una jornada en la que el Gobierno también recibió una señal favorable en otra causa con impacto directo sobre salarios. La Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal concedió el recurso extraordinario presentado por el Estado nacional contra una cautelar que lo obligaba a cumplir de inmediato con artículos centrales de la Ley de Financiamiento Universitario. Esos artículos están vinculados a salarios docentes y no docentes y a la actualización de becas.

En ese expediente, la Cámara habilitó que el caso llegue a la Corte Suprema. La resolución fue firmada por Sergio Gustavo Fernández y José Luis López Castiñeira. El fallo no revierte la cautelar vigente, pero abre la puerta para que el máximo tribunal decida si interviene y qué alcance le otorga al planteo del Ejecutivo.

El conflicto universitario también tiene una traducción salarial inmediata. La cautelar había ordenado cumplir artículos referidos a salarios y becas. El Gobierno cuestiona la ejecución de la ley con el argumento de que no define con precisión de qué partidas deben salir los fondos ni cuáles son las fuentes concretas para financiarla. La Cámara ya había rechazado ese argumento el 31 de marzo, cuando confirmó la cautelar dictada en primera instancia.

El Estado insistió con el recurso extraordinario ante la Corte. La Casa Rosada sostiene que la implementación de la ley debe adecuarse a la disponibilidad presupuestaria para evitar un impacto sobre el equilibrio fiscal. La Cámara, al mismo tiempo, rechazó el planteo oficial sobre una supuesta gravedad institucional y señaló que el Estado tampoco demostró una frustración real y concreta de un derecho federal.

La diferencia entre los dos expedientes muestra el mapa judicial del Gobierno. En la reforma laboral, la Corte no aceptó el atajo procesal. En el financiamiento universitario, la Cámara abrió el camino para que la Corte evalúe el caso. En ambos frentes, la discusión presupuestaria y legal cae sobre trabajadores: empleados alcanzados por la reforma laboral, docentes, no docentes y estudiantes que dependen de becas.

Dentro del sistema universitario hay expectativa por los tiempos y la forma de implementación. Sectores de la Universidad de Buenos Aires prevén que cualquier erogación eventual pueda realizarse de manera escalonada y no mediante un desembolso retroactivo total e inmediato. También consideran posible que la ejecución vuelva a demorarse por el nuevo recorrido judicial del expediente.

La Corte todavía no se pronunció sobre el fondo de la reforma laboral. Sólo dijo que el Gobierno no cumplió los requisitos para saltear instancias. La Cámara, en cambio, habilitó que la discusión por financiamiento universitario avance hacia el máximo tribunal. Los salarios, las becas y las condiciones laborales quedan entonces sujetos a decisiones judiciales que todavía no tienen cierre definitivo.

JJD