El dolor después del dolor: tras el ajuste de la inflación, prometen más ajuste. ¿Para todos?

Si uno escucha a Javier Milei, Horacio Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich, está clara la promesa de fuerte ajuste fiscal para resolver una inflación galopante. Incluiría tarifas de servicios públicos que ahora están subvencionados para las clases baja y media, y un salto más o menos mayor del tipo de cambio ya sea por la dolarización o la eliminación gradual o inmediata del cepo, respectivamente. El peronismo no habla de terapias así, incluso el jefe de Gabinete y eventual precandidato presidencial, Agustín Rossi, sostiene que “el año que viene los argentinos no van a tener que sufrir un ajuste, si eso se hace es porque alguien lo quiere hacer”, pero si pretende terminar con la elevada inflación, no se conoce plan de estabilización que no comience con un shock inicial negativo. Para contener unos precios que galopan al 8,4% mensual, los economistas de la oposición, pero no sólo ellos, argumentan que será necesario pasar por una etapa de “dolor a corto plazo”, como diría la subsecretaria de Estado norteamericana, Wendy Sherman, en su reciente visita a Buenos Aires.

Es decir, para terminar con el dolor que vienen sufriendo los trabajadores en su poder de compra en los últimos seis años, entre los dos últimos del gobierno de Mauricio Macri y lo que está siendo el de Alberto Fernández, con menos desempleo, pandemia, guerra, sequía y errores propios, los ciudadanos deberían pasar por más dolor, con la esperanza de que en el mediano plazo todos estaremos mejor. La promesa para 2024 es el dolor después del dolor para algún día dejar de sufrir.

Tributos

En las permanentes reuniones que vienen manteniendo poderosos empresarios con los precandidatos presidenciales, se menciona el ajuste fiscal y cambiario, pero se oculta si habrá alivio impositivo para ellos. La administración de Macri arrancó en 2016 con un blanqueo de capitales y un proyecto de ley que iba a ir reduciendo el tributo a los bienes personales hasta eliminarlo en 2019, aunque finalmente se aprobó, con el apoyo del Frente Renovador de Sergio Massa, que ese año bajara a 0,25%.

El gobierno de Alberto Fernández elevó la alícuota máxima al 1,75% para activos en el país y 2,25% para los del exterior. Entre ese aumento y el aporte extraordinario de las grandes fortunas, muchos millonarios se marcharon a vivir al extranjero, sobre todo a Uruguay, como Marcos Galperin, Martín Migoya, Gerardo Werthein, Sebastián Bagó, Gianfranco Macri, Daniel, Marcelo y Carlos Sielecki, Bárbara Bengolea, Amalia Amoedo, Diego y Cristina Miguens Bemberg, Martín Umaran, Guibert Englebienne, Omar y Daniel Garbarino, Constancio Vigil, Gustavo Grobocopatel y más tarde también Eduardo Costantini, que en su constancia de CUIT figura la leyenda “no registra impuestos activos”. En 2022, Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza ya presentaron un proyecto de ley para eliminar Bienes Personales, con las firmas de Martín Tetaz, Rogelio Frigerio, Alejando Finocchiaro, Fernando Iglesias, Javier Milei, su candidata a vicepresidenta, Victoria Villarruel, entre otros.

La pregunta es si el próximo gobierno resistirá la presión de empresarios que quieren volver a vivir a la Argentina pero con la condición de que les reduzcan o eliminen Bienes Personales, sobre todo a sus activos en el exterior. En las filas de Milei y Bullrich guardan silencio al respecto. En las de Larreta al menos responden algo cuando se les pregunta por este gravamen: “No hay análisis de medidas sueltas. Se está trabajando en un plan estructural”. Habrá que ver cómo se puede vender políticamente una baja de impuestos para los que más tienen en momentos en que se apliquen subas de tarifas y otros productos encarecidos por una eventual devaluación, entre otros ajustes del gasto público que abarcarían desde transferencias a provincias para salud, educación y política social hasta empresas estatales.

Santiago Manoukian, jefe de investigación económica de la consultora Ecolatina, fundada por Roberto Lavagna, fue consultado por elDiarioAR sobre “el dolor después del dolor”. “La necesidad de establecer un plan de estabilización se enfrenta este año a un panorama muy distinto al que teníamos en 2015, cuando tenías una inflación del 25%. Ahora tenés más del 100% y sin financiamiento internacional”, recuerda el inicio del gobierno de Macri. “Con los niveles de inflación que estamos teniendo ahora, con el acortamiento en el plazo de los contratos, con la mayor indexación de la economía, estamos en un régimen de alta inflación que no se resuelve ya con medidas graduales sino que necesita medidas de shock que generen un cambio rotundo en las expectativas de los agentes económicos. Un plan de estabilización es un conjunto articulado de medidas de índoles ortodoxa y heterodoxa, fiscal, monetaria, salarial, tarifaria, que se implementan de una manera simultánea y secuencial para modificar drásticamente la trayectoria de inflación. Dado que no hay financiamiento para el gradualismo y tampoco se pueden corregir los precios relativos de forma gradual con una inflación que corre por arriba del 7% mensual, el shock tiene mucho más terreno fértil”, explica Manoukian.

“Se necesita consolidación fiscal porque no hay financiamiento”, se refiere el economista de Ecolatina a un ajuste para llegar rápido al déficit cero. “También se necesita una reforma monetaria para frenar la asistencia del Banco Central al Tesoro. Hay que reordenar el tipo de cambio y las tarifas. Pero además medidas heterodoxas: hay que rediscutir ciertas cláusulas de indexación para frenar la inercia inflacionaria y complementar todo esto con acuerdos de precios y salarios”, continúa detallando el plan de estabilización. “Pero hay que ver qué se hace con los salarios, que justamente vienen mucho más rezagados que en 2015. Hoy la pobreza es mucho más elevada”, señala Manoukian. Hace ocho años, el 27% de los argentinos era pobre. En 2022, el 39% y ahora está con riesgo de ascenso por la mayor inflación.

“El punto es cómo se distribuyen los costos del plan entre los distintos sectores de la sociedad, tanto el sector productor de bienes y servicios como dentro de la población asalariada, intentando de alguna forma evitar un mayor impacto en la población más pobre”, reconoce Manoukian. “El punto a favor respecto de 2015 es que el gobierno futuro puede tener mayor apoyo legislativo para llevar adelante este tipo de planes, que requiere tres elementos: ser sólido, tener amplio respaldo político, de otras fuerzas políticas pero también sindicatos y actores sociales, y ser creíble. No habrá margen para postergar ajustes hasta las elecciones de medio término (las de 2025). Tienen que tener resultados rápidos para aprovechar el capital político al asumir el gobierno, la luna de miel. La sociedad está más abierta a cambios más profundos que en 2015. Pero es cierto que un plan de estabilización puede tener al comienzo un mayor impacto inflacionario porque estarás corrigiendo precios relativos, pero después podés incluso anclar el tipo de cambio, como se suele hacer en estos planes. Pero esto es 2024, cuando todavía falta un 2023 por transcurrir. Lo que ocurra en 2024 depende de cómo cierra 2023, que sigue con muchos interrogantes.”

Pedro Gaite, economista de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE), observa que “independientemente de quién gane y siendo que es más probable un gobierno de la oposición, van a seguir siendo años complicados para la clase trabajadora porque el ajuste fiscal va a continuar, con todo lo que implica tener al Fondo Monetario (Internacional, FMI) de vuelta en el país”. “El salario real (ajustado por inflación) está hiperdeprimido, pero lamentablemente no veo un escenario en el que haya una recomposición al menos importante en los próximos años. Ni hablar si hay una devaluación, que no se puede descartar después de la corrida cambiaria de abril. Seguramente, el próximo gobierno haga una devaluación más grande o más chica, lo que implica una impacto más contractivo y regresivo. Creo que vendrán años de crecimiento muy bajo, de salario sumamente deprimido. Siempre los platos rotos los pagan las clases populares. En el mediano y largo plazo, la Argentina sí tiene un potencial enorme de la mano de los recursos naturales, las exportaciones tienen que aumentar mucho. Hay que ver cuánto de eso va a permitir generar encadenamientos para dar más valor agregado y tecnológico e ir cambiando el perfil de inserción internacional. Hoy esto parece ciencia ficción en la coyuntura tan fea que viven los trabajadores”, completa Gaite, de la fundación cuya presidenta en uso de licencia es Mercedes Marcó del Pont, secretaria de Asuntos Estratégicos de la Nación.

En cambio, Federico Zirulnik, economista del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO), considera que no necesariamente haya ajuste en 2024: “Para mí, el tema del ajuste está muy ligado a los dólares disponibles que te quedan para sostener la actividad y un salario real al menos como el de hoy”. El investigador del CESO, que dirige Andrés Asiain, columnista de Página/12, agrega: “Un caso hipotético: si los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) te prestan 20 mil millones de dólares, por tirar cualquier número, ¿por qué el ajuste sería inevitable? Si los dólares no aparecen, ahí sí medio que es inevitable que la paguen los mismos de siempre porque estás obligado a devaluar, o frenar importaciones y la actividad, con caída del empleo, y, por tanto, terminan cayendo los ingresos reales”.

El jefe de Gabinete también cree que el ajuste es evitable, pero no menciona un auxilio de los BRICS sino que se esperanza con un 2024 sin sequía y con superávit comercial energético gracias al Gasoducto Néstor Kirchner, cuya última soldadura ocurrió este viernes y que se inauguraría el próximo 20 de junio. “El año que viene, terminada la sequía, no teniendo el faltante de 20.000 millones de dólares que provocó esta situación climática y concluido el Gasoducto Néstor Kirchner, que nos va a permitir mejorar claramente la ecuación energética, la Argentina va a tener un muy buen año económico, en donde se va a fortalecer el crecimiento productivo del país y va a ser un año claramente de recuperación del poder adquisitivo del salario. No van a tener que sufrir los argentinos un ajuste. Algunos plantean que sí. Yo les quiero decir a mis compatriotas que si eso se hace es porque alguien quiere, pero no porque sea necesario en la Argentina el próximo año”, sostiene Rossi. Sin embargo, habrá que ver si con esos dólares del campo y la energía serán suficiente para evitar un shock antiinflacionario. Por ahora, el peronismo no definió candidatos y menos un programa económico para 2024, apenas está concentrado en cómo llegar a las primarias de agosto próximo, sobre todo después del 8,4% de inflación de abril que se conoció este viernes.

AR