El Gobierno intimó a las grandes empresas a producir al máximo de su capacidad y garantizar la distribución

El Gobierno busca evitar faltantes en las góndolas

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Con el objetivo de evitar faltantes en las góndolas en medio de la segunda ola, la Secretaría de Comercio Interior de la Nación intimó a las grandes empresas de los sectores de comercio e industria a fabricar, distribuir y comercializar al máximo de su capacidad instalada mientras persista la emergencia sanitaria. En caso de incumplir, se anticipó que se podrían aplicar las sanciones previstas en la Ley de Abastecimiento.

La norma se suma a una serie de otras medidas que en las últimas semanas tensaron la relación con las empresas proveedoras de alimentos y bebidas, como la instrumentación de un sistema que les exige informar mensualmente los precios vigentes, las cantidades vendidas y el stock disponible (Sipre) y otro fiscalización de rótulos y etiquetas (Sifire). Según se detalló, el objetivo de la norma publicada hoy en el Boletín Oficial es prevenir, en el contexto de recrudecimiento de la pandemia por Covid-19, "una reducción injustificada en la oferta de productos para el mercado interno". 

De acuerdo con el texto de la resolución 330/2021, la intimación abarca desde la provisión de insumos hasta los bienes finales, el transporte, la distribución y comercialización. Rige para aquellas compañías del sector industrial que facturen más de $3.955 millones por año y las del sector comercial que registren una facturación anual superior a $3.698 millones.

"La Secretaría de Comercio Interior tomó esta medida luego de advertir la existencia de situaciones de escasez de insumos y bienes finales que son particularmente perjudiciales en la coyuntura de emergencia sanitaria", argumentó la secretaría que conduce Paula Español. "Con esta intimación a incrementar la producción hasta el más alto grado de su capacidad instalada y asegurar el transporte, la distribución y comercialización, se busca resguardar el interés económico general y evitar situaciones de desabastecimiento que puedan perjudicar a las y los consumidores". 

Por otro lado, Español comunicó ayer en su cuenta personal de Twitter la imputación a las empresas de consumo masivo Mondelez, Bagley y PepsiCo tras detectar que "ofrecerían en el mercado productos calificados como nuevos con modificaciones mínimas respecto de los originales y con aumentos significativos en sus precios".

Según detalló, se detectaron diferencias en el contenido neto de los productos nuevos respecto de los originales, algunas de ellas de sólo 1 gramo, con aumentos de precios de hasta 50%. "Estos comportamientos podrían dar lugar a que las y los consumidores no adviertan las diferencias de precios registradas entre productos que presentan características similares", sostuvo. 

Días atrás, la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) había anticipado que presentaría un reclamo administrativo en representación de sus 35 cámaras socias requiriendo la suspensión del “Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica” (SIPRE), creado por la Resolución 237/21, hasta tanto se evalúe su derogación. 

La cámara argumentó que esta norma le suma una carga burocrática a las empresas que de alimentos y bebidas, "demandando mayores recursos para atender la normativa establecida. "Más burocracia, más carga tributaria y desincentivos a la creación de empleo e inversiones, no hacen más que alterar el normal desenvolvimiento de las actividades económicas e incentivar la informalidad”, afirmó Daniel Funes de Rioja, presidente de Copal.

Más allá de las últimas medidas tomadas, la tensión de base con las empresas productoras de alimentos radica en el programa Precios Máximos, que congeló los precios en marzo de 2020 y sólo habilitó dos aumentos de un dígito, muy por detrás de la inflación del período. "La medida fue acompañada por las empresas entendiendo que ésta era de carácter excepcional y transitorio, en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el Covid-19. Luego de haberse renovado en siete ocasiones y haber cumplido un año de su implementación, el sector advirtió en más de una oportunidad el riesgo que representaba para la sustentabilidad de las empresas, debido a los persistentes incrementos de costos que han dejado a los distintos sectores en una situación crítica", argumentó la cámara en un comunicado. 

DT

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